¿Más recursos, menos espera? Una mirada empírica al gasto hospitalario y los tiempos de espera en Chile

Esta entrada resume el Trabajo de Fin de Máster “Gasto público y tiempos de espera en sanidad: Análisis sobre los hospitales en Chile”, realizado en la Universidad Autónoma de Madrid y premiado con el primer lugar en los III Premios de la Cátedra UC-Alfasigma en 2025.

La eficiencia en el uso del gasto público en salud es crucial para todos los países, especialmente aquellos que, como Chile, enfrentan grandes desafíos en el acceso oportuno y equitativo a la atención sanitaria. Con listas de espera que exceden ampliamente los estándares aceptables, superando los 3 años para ciertas intervenciones quirúrgicas, surge una pregunta esencial: ¿más gasto público implica menos espera?

Contexto: tiempos de espera, pandemia y reorganización sanitaria

El estudio parte de un diagnóstico ampliamente compartido: las demoras en atenciones electivas –programadas o no urgentes– no solo generan frustración ciudadana, sino que también afectan la salud. Estudios indican que estos retrasos se asocian con mayor mortalidad (Martínez et al., 2019) y deterioro general de la salud (Santos-Jaén et al., 2022), especialmente cuando los sistemas no priorizan adecuadamente según gravedad clínica.

Chile destaca negativamente en este ámbito. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile figura entre los países con mayores tiempos medianos de espera para cirugías y con altos porcentajes de pacientes que esperan más de tres meses para cirugías de cataratas, de reemplazo de cadera y de reemplazo de rodilla.

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de las listas de espera, obligando a suspender atenciones electivas en favor de las urgencias y provocando retrasos a nivel mundial (Findling et al., 2020).En respuesta, el Ministerio de Salud chileno implementó planes de reactivación que incluyeron un aumento del gasto público destinado a personal y a bienes y servicios, de ahora en adelante “gasto corriente”. A partir de esto surge el objetivo de este trabajo: evaluar si las variaciones en el gasto corriente influyeron en los tiempos de espera en hospitales públicos.

Metodología: una mirada robusta y multidimensional

El análisis se basó en un panel de 124 hospitales públicos entre los años 2019 y 2023. Las variables dependientes fueron el promedio y la mediana de días de espera para cirugías y consultas nuevas de especialidad.

La variable explicativa principal fue el gasto corriente efectivo por hospital, ajustado a precios constantes de 2023. Se incluyeron controles como la estancia media hospitalaria —utilizada como proxy de eficiencia, dado que se espera que hospitales más eficientes presenten una menor duración promedio de hospitalización (Siciliani et al., 2009)—,  además del número de egresos, cirugías y consultas, complejidad quirúrgica, el volumen de atenciones de urgencia y las atenciones realizadas en prestadores privados.

Se utilizaron modelos de mínimos cuadrados ordinarios agrupados y efectos fijos en primeras diferencias (Siciliani et al., 2009; Chen et al., 2015; Brindley et al., 2023), junto con variables dicotómicas por año para captar efectos transversales como la pandemia.

Resultados: el gasto no reduce por sí solo los tiempos de espera

El estudio desafía una de las creencias más comunes en política sanitaria: más gasto implica menos espera. Los resultados muestran que el gasto corriente hospitalario no guarda relación significativa con la variación en los tiempos de espera, ni para cirugías ni para consultas.

Esto sugiere que un aumento del gasto corriente hospitalario por sí solo no es suficiente para reducir las listas de espera, a menos que se apliquen reformas institucionales que alineen el gasto con ese objetivo. El diseño institucional, por tanto, es clave.

Institucionalidad fragmentada: el talón de Aquiles

Una de las principales conclusiones es que esta falta de efecto puede explicarse por la fragmentación institucional del sistema. El Fondo Nacional de Salud (FONASA), institución chilena pública encargada de financiar la red pública de salud, asigna el gasto corriente hospitalario en su conjunto, sin considerar los tiempos de espera en atenciones electivas o programadas como un insumo directo para definir los presupuestos (Figura 1). Por el contrario, la gestión de las listas de espera recae en los hospitales, generando una desconexión entre quién asigna los recursos y quién gestiona el acceso.

Esta falta de alineación institucional introduce distorsiones que debilitan cualquier relación directa que pudiese existir entre gasto corriente hospitalario y los tiempos de espera, además de reducir los incentivos para que los hospitales utilicen los recursos económicos adicionales con el fin de acortar efectivamente dichas esperas.

Figura 1. Flujo de atención, tiempo de espera y gasto hospitalario en Chile.

Fuente: Elaboración propia. FONASA: Fondo Nacional de Salud

La evidencia también respalda que, si se intenta reducir las listas mediante inyecciones puntuales de recursos, sin cambios estructurales, el efecto es temporal: los retrasos reaparecen cuando termina la financiación (Kreindler, 2010).

Lo que sí influye: capacidad operativa y eficiencia

Aunque el gasto corriente hospitalario no resulta determinante, otras variables sí. El número de cirugías realizadas guarda una relación negativa con los tiempos de espera: a mayor actividad quirúrgica, menor demora. Esto apunta a que la capacidad operativa tiene un impacto concreto.

Por el contrario, la estancia media hospitalaria, indicador de eficiencia, muestra una relación positiva: hospitales menos eficientes (esto es, con estancias medias más largas) tienden a tener mayores tiempos de espera, coincidiendo con estudios que vinculan las demoras con problemas de gestión interna (Palter et al., 2020).

Dinámica post-COVID: un fenómeno transversal

Las variables por año revelan que, en 2020, año marcado por la emergencia sanitaria, los tiempos de espera aumentaron significativamente. En cambio, los años 2021, 2022 y 2023 muestran reducciones, lo que sugiere una recuperación paulatina y esfuerzos de coordinación para resolver los casos acumulados que no tendrían relación con las variaciones en el gasto.

Consideraciones adicionales: la oferta privada y la selección de pacientes

El análisis también incluyó el programa “Medicina de Libre Elección”, que permite a beneficiarios de FONASA acudir a prestadores de salud privados. Sin embargo, no se encontró un efecto robusto de su uso sobre los tiempos de espera en los hospitales públicos.

La literatura señala que la coexistencia público-privada puede tener efectos mixtos: en algunos casos alivia la demanda de atención sanitaria pública, en otros, la sanidad privada captura recursos públicos o selecciona pacientes menos complejos, dejando al sector público con los casos más exigentes (Tuohy et al., 2004; Pita Barros & Olivella, 2005).

Implicancias de política: más allá de la financiación

Este trabajo refuerza una lección crucial: la política de salud no puede basarse únicamente en la inyección de recursos económicos, sino que debe considerar el diseño institucional, los incentivos, y las capacidades de gestión. Sin modificaciones en los criterios de asignación presupuestaria, en la priorización clínica y, en la estructura de rendición de cuentas, el aumento del gasto (al menos, el corriente hospitalario) será insuficiente para reducir los tiempos de espera.

Las recomendaciones de este estudio apuntan a fortalecer los vínculos entre la asignación presupuestaria y los indicadores de salud, mejorar la eficiencia operativa y diseñar mecanismos de seguimiento que permitan redirigir recursos en función del desempeño hospitalario.

Existen propuestas que abogan por establecer criterios explícitos de priorización clínica y fijar tiempos máximos de espera (Siciliani & Hurst, 2005). En Chile, sin embargo, ya existe la Ley Nº19.966, que creó el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), el cual fija plazos garantizados para la entrega de prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de 85 problemas de salud. Al estar estos plazos legalmente definidos, no se generan listas de espera como tales; en su lugar, los retrasos se traducen en “garantías incumplidas”. Por tanto, la discusión actual gira en torno a si ampliar el número de condiciones cubiertas por el GES o bien desarrollar un sistema de priorización paralelo para el resto de las atenciones.

Limitaciones y propuestas futuras

El estudio reconoce ciertas limitaciones. El sistema de información de tiempos de espera comenzó a operar en 2018, por lo que se dispone de pocos años con datos comparables. Además, la base de datos no permite capturar aspectos clave como la priorización clínica, las diferencias entre hospitales o el tipo de patologías. Tampoco incluye factores socioeconómicos de la demanda ni otros efectos cruzados que puedan existir entre los sectores público y privado.

Futuras líneas de investigación deberían contar con una mayor serie temporal e incorporar estos factores ausentes para permitir estimaciones más robustas. También se espera incluir análisis desagregados por tipo de diagnóstico, enfoques territoriales y la evaluación de incentivos financieros específicos sobre la eficiencia y el acceso.