Esta entrada resume los resultados del proyecto ganador de la Beca de Investigación en Economía de la Salud (2020)

La salud infantil tiene consecuencias a largo plazo en formación de capital humano y la salud adulta (Barker, 1990; Cunha and Heckman, 2007; Almond et al., 2018; Currie, 2020). Entre las condiciones de vida temprana, el parto prematuro (definido como nacer antes de las 37 semanas de gestación), conlleva un mayor riesgo de parálisis cerebral, deterioro del desarrollo y problemas de audición y visión, entre otras condiciones adversas (Jarjour, 2015). Además, el parto prematuro es la causa más común de muerte en el primer mes de vida (Glass et al., 2015) y las complicaciones derivadas del parto prematuro son la principal causa de muerte infantil en los primeros cinco años de vida (Perin et al., 2022). Los bebés que nacen muy prematuramente (los bebés ‘muy prematuros’ nacen entre las semanas 28 y 32 de gestación, y los que tienen menos de 28 semanas de gestación se clasifican como bebés ‘extremadamente prematuros’) requieren tratamiento intensivo en unidades de cuidados intensivos neonatales (Neonatal Intensive Care Units, NICUs, por sus siglas en inglés). Este tratamiento es altamente invasivo, largo y costoso. Las perspectivas de supervivencia de estos niños y su futura calidad de vida se relacionan positivamente con su edad gestacional; es decir, cada semana adicional de gestación mejora sus posibilidades de sobrevivir y llevar una vida sin mayores complicaciones (Larroque et al., 2004). Debido a esto, el tratamiento activo de los recién nacidos extremadamente prematuros (Extremely Preterm Infants, EPI, por sus siglas en inglés) en las NICUs solamente se recomienda cuando existe una cierta garantía de sobrevivir sin mayores complicaciones.

En la mayoría de los países occidentales, las guías médicas establecen un llamado umbral mínimo de viabilidad basado en la edad gestacional. Estos umbrales mínimos de viabilidad se definen como la edad gestacional mínima para que un recién nacido sea admitido en una NICU (Wilkinson et al., 2018). Sin embargo, las diferencias en estos umbrales entre países ilustran desacuerdos sobre dónde trazar la línea  que determina la viabilidad perinatal (Guillén et al., 2015). Por ejemplo, Suecia ha establecido el umbral para la gestión de atención activa de los EPI en 22 semanas, mientras que en el Reino Unido, a menudo, se considera que 23 semanas es el umbral de viabilidad. Un trabajo reciente de Rodrigo et al. (2015) muestra cómo las mejoras tecnológicas han puesto en entredicho la posibilidad de rebajar los umbrales de viabilidad en España, introduciendo tratamiento en cuidados intensivos a partir de la semana 22 de edad gestacional.

En los Países Bajos, el enfoque hacia el tratamiento de los bebés prematuros ha sido tradicionalmente más conservador que en otros países, con un umbral mínimo de viabilidad más alto. Desde 2010, la política holandesa en relación con los cuidados en el umbral de viabilidad perinatal recomienda iniciar una atención activa para los bebés nacidos a partir de las 24 semanas de gestación (De Kluiver et al., 2013). En comparación con la mayoría de las demás guías europeas sobre este tema, la guía holandesa se destaca por su umbral de edad relativamente alto para iniciar la atención activa y una ligera reticencia a brindar atención activa en caso de prematuridad extrema (De Proost et al., 2021). Este enfoque es un tema de discusión política, con muchos especialistas reclamando una revisión del umbral mínimo de viabilidad que alinearía la guía holandesa con las de sus contrapartes europeas.

Hay dos cuestiones sin respuesta con respecto a las consecuencias de la directriz neerlandesa. En primer lugar, ningún artículo ha estimado el verdadero efecto causal del inicio de la atención a la edad actual de viabilidad (24 semanas) sobre la supervivencia infantil. En segundo lugar, hay poca evidencia sobre el impacto del tratamiento de 24 semanas en los otros pacientes en la misma NICU.

En este proyecto, se abordan ambos problemas usando datos de los Países Bajos. En la primera parte del estudio, se mide el efecto causal del tratamiento sobre la supervivencia infantil en el umbral de la viabilidad perinatal, aprovechando una discontinuidad en la probabilidad de recibir tratamiento a las 24 semanas. La Figura 1 muestra el porcentaje de admisiones a una NICU (condicionada a nacer vivo) por edad gestacional (agrupada a nivel de día). Las tasas de ingreso se muestran en el eje vertical (en una escala de 0 a 1) y la edad gestacional se muestra en el eje horizontal, cubriendo el intervalo extremo de prematuridad (es decir, de 22 a 28 semanas de gestación). El tamaño del marcador es proporcional al número de observaciones en cada punto. La imagen revela un fuerte aumento en la probabilidad de ser admitido en una NICU, como cabría esperar si se aplica la directriz holandesa.

Figura 1: Admisiones a NICU por edad gestacional

En la Figura 2, se repite el mismo ejercicio con la mortalidad en la primera semana en el eje vertical. Aprovechando la discontinuidad en la probabilidad de recibir atención a las 24 semanas inducida por esta guía, estimo el efecto causal de la atención activa en la supervivencia infantil en el primer año de vida. Muestro que el tratamiento de los EPIs nacidos a las 24 semanas de gestación provoca un aumento en las tasas de supervivencia de 67 puntos porcentuales después de una semana de vida, que desciende a 44 puntos porcentuales después de un año de vida. Tanto después de una semana como de un año de vida, los efectos del tratamiento para las niñas son aproximadamente 15 puntos porcentuales mayores que la supervivencia de los niños.

Figura 2: Mortalidad después de una semana de vida, por edad gestacional

Los resultados de la segunda parte de este estudio sugieren que el tratamiento de pacientes de 24 semanas podría tener pequeños beneficios para los pacientes posteriores que ingresan a las unidades, incluso después de ajustar por su salud al nacer. Los bebés extremadamente prematuros que ingresan en una NICU determinada en el mes posterior a la semana 24 parecen tener una mejor salud en el primer año de vida. Varias explicaciones podrían impulsar este hallazgo. Por ejemplo, la literatura previa muestra que las curvas de aprendizaje, las respuestas de comportamiento o los cambios en la asignación de recursos podrían estar detrás de este patrón. Otro estudio del mismo autor, todavía en curso, tratará de determinar cuál de estos mecanismos es responsable de los resultados observados.

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La primera presentación fue a Sara Pinillos Franco, profesora ayudante doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. En su trabajo, Sara analizó la relación entre las opiniones sobre inmigrantes y refugiados en la salud auto reportada de individuos residentes en 21 países europeos usando la ola de 2016 de la base de datos European Social Survey. Su hipótesis señalaba que una opinión favorable hacia los inmigrantes y refugiados va asociada a mejores niveles de salud en general. A través de regresiones Poisson multinivel su trabajo encontró una relación positiva entre tener una actitud favorable hacia los inmigrantes y refugiados y la salud auto-reportada en países con menores niveles de inmigración. Sin embargo, sus resultados mostraban un detrimento en salud por cada opinión favorable hacia los inmigrantes en aquellos países con más porcentaje de inmigración.

La discusión de este trabajo fue a cargo de Helena Hernández-Pizarro, investigadora en el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES-UPF) y profesora adjunta en TecnoCampus Mataró. Se discutieron aspectos relacionados con heterogeneidad, medidas alternativas de salud y medidas sobre los ideales políticos y respecto a la inmigración dentro de cada país.

Paula Rojas García, doctoranda y personal investigador en la Universidad de La Rioja, presentó una revisión sistemática de la literatura sobre evaluaciones económicas realizadas en técnicas de diagnóstico aplicadas a pacientes que buscan atención sanitaria por enfermedades infecciosas del tracto respiratorio. Se revisaron artículos publicados entre enero de 2000 y mayo de 2020 en tres grandes bases de datos de literatura científica (Scopus, Web of Science y PubMed). Se siguieron las pautas de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Como resultados se obtuvieron 70 análisis económicos, la mayoría de los cuales fueron modelos basados en árboles de decisión (46). Del total, 20 artículos incluyeron el efecto de la resistencia antimicrobiana en el modelo. Se utilizaron resultados comparables como los años de vida ajustados por calidad en 33 artículos. También, se empleó el número de antibióticos evitados con seguridad (8) o los días en tratamiento (9). Los horizontes temporales de los estudios fueron generalmente menores a un año (22). En conclusión, se encontraron diferencias en los métodos para la realización de evaluaciones económicas de pruebas de diagnóstico para infecciones del tracto respiratorio.

La discusión de la presentación fue a cargo de Marino J González, investigador asociado de la Universidad de la Rioja. Se debatió la necesidad de una formulación clara de recomendaciones y guías para la evaluación económica de pruebas de diagnóstico, así como la importancia de las pruebas de diagnóstico para infecciones del tracto respiratorio como herramienta clave en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 y, en general, en la creciente incidencia de la resistencia a los antimicrobianos.

La tercera ponente de la sesión fue María Errea Rodríguez, Dra. en Economía y consultora freelance, quien presentó un trabajo titulado Factors influencing healthcare experience of patients with self-declared diabetes: a cross sectional population-based study in the Basque Country. La diabetes es una enfermedad que afecta a más de 400 millones de personas en el mundo, pero pocos estudios se han nutrido de cuestionarios que contengan información sobre la experiencia de cuidados de estos pacientes. Usando datos de la Encuesta de Salud del País Vasco correspondiente al año 2018, las autoras muestran que la experiencia percibida en cuidados de salud es peor en individuos que sufren multimorbilidad. Dentro de este grupo, los pacientes de más edad reportan mejor experiencia de cuidados que los más jóvenes. La discusión de esta presentación fue a cargo de Myriam Soto Ruiz de Gordoa, investigadora en la Universidad de Mondragón y se centró en posibles extensiones del análisis realizado por los autores.

Por último, Grace Armijos-Bravo, candidata a doctora en economía por la Universidad de Barcelona e investigadora pre-doctoral del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), presentó los resultados preliminares de un estudio titulado Job competition in civil servant public examinations and sick leave behavior. En su estudio, las autoras tratan de identificar si las convocatorias de plazas de empleo público conllevan un aumento de las bajas por enfermedad, con el objetivo de los solicitantes de incrementar su tiempo de estudio. De ser cierta esta hipótesis, dichas convocatorias conllevarían una externalidad negativa en el sistema. Para evaluar esta cuestión, las autoras utilizan datos administrativos de la Seguridad Social y de la Encuesta de Población Activa entre los años 2009 y 2015, explotando la variación en el tiempo y entre provincias en la convocatoria de plazas públicas. Los resultados de su estudio sugieren que la convocatoria de plazas públicas no aumenta el período de duración de las bajas temporales, aunque este resultado esconde heterogeneidad según el tipo de plaza.

Su estudio fue discutido por Manuel Flores Mallo, profesor lector de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Internacional de Cataluña. Sus comentarios giraron alrededor del matching entre las dos bases de datos utilizadas en este proyecto, así como del horizonte temporal relevante para el event study que permite a las autoras identificar los efectos causales.

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Este trabajo evalúa el impacto de la introducción de implantes sub-dérmicos[1] a partir del año 2015 en la cesta de prestaciones gratuitas de los hospitales públicos de Montevideo (Uruguay) en los nacimientos de madres adolescentes. A estos efectos, a partir de los datos del registro administrativo del Sistema Informático Perinatal, trabajamos con los nacimientos ocurridos en Montevideo, producto de concepciones entre diciembre de 2012 y marzo de 2018.

Nuestra hipótesis establece que la política analizada, en caso de tener un efecto, debería afectar a los embarazos no planeados del sector público, dado que en el sector privado la entrega de implantes de forma gratuita se ha iniciado en octubre de 2019 con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y cuatro de las once instituciones privadas de Montevideo.

Para explorar el efecto causal de la oferta gratuita de implantes en el sector público montevideano, empleamos el método de doble (DD) y triple diferencias (DDD). En el modelo DD, nuestra estrategia de identificación se apoya en analizar las diferencias entre nacimientos de madres adolescentes provenientes de embarazos planeados y no planeados del sector público, antes y después del cambio. En el modelo DDD, agregamos un tercer nivel, aprovechando el hecho que los hospitales privados no incorporaron los implantes en el período analizado.

Los resultados del modelo DD muestran que tanto con una tendencia lineal, como con una cuadrática diferente por grupo, no es posible rechazar la hipótesis que la introducción de los implantes en Montevideo haya tenido un efecto nulo sobre la fecundidad adolescente. Dichos resultados se mantienen en la estimación del modelo DDD, y son robustos a la introducción de una tendencia lineal específica por grupo-sector.

A su vez, re-estimamos el modelo DDD para dos subgrupos de madres para las cuales la fecundidad adolescente es mayor: aquellas con niveles educativos más bajos (6 años o menos de educación) y madres solteras (que no están casadas o en unión libre); y para una política placebo, en la cual asumimos que los implantes estuvieron disponibles en un periodo anterior a la entrada en vigor de la política (12 meses antes). En todos los casos no se encontraron efectos, lo cual incrementa nuestra confianza en los resultados mostrados anteriormente.

Finalmente, aprovechando que los implantes no se introdujeron en los 19 departamentos del país al mismo tiempo, re-estimamos el modelo añadiendo una cuarta dimensión, la espacial. Los resultados del modelo para datos agrupados trimestralmente de cuádruples diferencias, son idénticos a los mostrados con anterioridad.

Por lo tanto, todas las estimaciones realizadas permiten concluir que los implantes no tuvieron efecto en los nacimientos de adolescentes. Lo anterior puede deberse a que este nuevo método simplemente sustituyó otros ya disponibles, por conveniencia y/o comodidad. Tampoco es posible diferenciar el efecto que pudo haber tenido el aborto, el cual era legal y disponible en el período analizado.

[1] Los implantes sub-dérmicos son un método anticonceptivo de larga duración que se colocan bajo la piel en la cara interna del brazo liberando hormonas de levonorgestrel y etonogestrel, con una vida útil de entre tres y cinco años.

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En ese sentido, incorporar la importancia ambiental sobre el sistema sanitario y especialmente en las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias es un reto necesario, por lo que deberá surgir un cambio de paradigma en el enfoque tradicional de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias, orientándose a un modelo que permita la incorporación de la dimensión ambiental como un componente clave.

Si la razón de ser de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias es hacer un balance entre recursos limitados y una amplia oferta de tecnologías, todo para mejorar la calidad de vida, entonces la idea es considerar todos los aspectos que cumplan con dicho cometido, incluso la perspectiva ambiental.

Para la mitigación del cambio climático, las evaluaciones económicas tienen un papel fundamental, ya que es posible que hasta ahora se esté evaluando tecnologías que son coste efectivas desde una perspectiva económica y también social, pero no necesariamente desde lo ambiental. Posiblemente la gran mayoría de las instituciones asociadas al ámbito sanitario han contribuido al problema, al aprobar tecnologías sanitarias que son contraproducentes con los aspectos ambientales y, con ello, generar problemas ambientales y enfermedades asociadas; ya sea por estar favoreciendo el uso de tecnologías sanitarias construidas con materiales poco recomendados por su contenido en carbono y otros componentes contaminantes, la extracción de materiales con impacto ambiental, sujetos a procesos de producción menos eficientes energéticamente, o con materiales finales de desechos rápidos y no biodegradables -algunos incluso nocivos para la salud del ser humano y el ambiente- tales como la presencia de ftalatos y/o bisfenol en algunos dispositivos médicos (Dorota Napierska, 2019).

Tras una revisión de la literatura, se encuentran algunos avances sobre dicha preocupación -documentos claves del Health Care Without Harm donde se insiste en la contratación sostenible, en la huella de carbono del sector sanitario y alertan sobre materiales nocivos presentes en tecnologías médicas (Hernández et al., 2018; Dorota Napierska, 2019; Gamba y Hernández, 2019; Health Care Without Harm, 2021A; Health Care Without Harm, 2021B). La Organización Mundial de la Salud enfatiza la adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta todos los costes y todos los beneficios indirectos (OMS, 2018). Las Green Deal de la Unión Europea tienen como objetivo poder consolidar una industria que genere productos más sostenibles (Comisión Europea, 2019). Algunas leyes, como es el caso específico del Anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, menciona en su Art. 65 que la industria debe mejorar el rendimiento medioambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida (Gobierno de Canarias, 2021). En el ISPOR, la perspectiva social incorpora lo ambiental (Garrison et al., 2018) y la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health está trabajando en una guía de criterios para decidir cuándo lo ambiental es incorporado en una evaluación de tecnología sanitaria (CADTH, 2020).

Pero también se encuentra mucha documentación, algunas muy recientes, donde la perspectiva social está enmarcada, y ampliada, sin incorporar los elementos ambientales (Simon Walker et al., 2019; Ruben Drost et al., 2020; PECUNIA, 2021).

Lo anterior ocurre principalmente por cuestiones de enfoque. Lo que obliga a hacer algunas reflexiones.

La primera de ellas es ¿bajo qué enfoque puede estimularse una perspectiva ambiental? Todo apunta hacia una perspectiva ambiental desde la economía política del desarrollo, por lo menos, desde el enfoque del desarrollo sostenible con la combinación de tres dimensiones elementales: económica, social y ambiental.

Pero de allí surge la segunda reflexión. ¿Lo ambiental es un componente dentro de una perspectiva social más amplia o es una perspectiva en sí misma que integra las dimensiones económica y social? Plantear una perspectiva social que incorpore los aspectos ambientales podría ser contraproducente, ya que puede dejar atrás elementos de la naturaleza de poco interés para la sociedad, además de la posibilidad de priorizar lo social sobre la naturaleza; excepto si en el concepto de sociedad se encuentra implícito el alto valor de la naturaleza y su relación fusionada con el ser humano, posiblemente favorable por ejemplo en algunas localidades del mundo como en Ecuador con el Sumak kawsay, Indonesia con el Tri Hita Karana o en Nueva Zelanda con el Tangata Whenua. Así que lo más recomendable es promover una perspectiva ambiental, para que dichos aspectos se vayan integrando en las sociedades, contribuyendo a transitar desde una visión antropocentrista hacia una visión biocentrista.

En líneas generales la justificación de incorporar los aspectos ambientales ya es más que evidente, así que la discusión debe concentrarse en el principal reto de todos, el cual es profundizar en los elementos de la adaptación técnica dentro de las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias y consolidar un coste-efectividad verde.

Sin embargo, eso no quiere decir que se pueda ir incorporando paulatinamente mientras el sistema se acopla a esta nueva necesidad. La economía verde en este momento se encuentra en una etapa de “confusión” en el tránsito hacia un nuevo paradigma que conlleva nuevas reglas, y, por lo tanto, acoples y desacoples entre instituciones del sistema (Carlota Pérez, 1983).

En conclusión, se recomienda que la perspectiva ambiental vaya siendo incorporada paulatinamente en las evaluaciones económicas de tecnologías sanitarias, generando una base de sensibilización y transformación de paradigma desde las mismas instituciones hasta la industria. Por eso la importancia de leyes específicas y programas que lo promuevan. Los asuntos ambientales vienen por necesidad y obligación, sobre todo en Europa con la denominada “Doble materialidad” (Comisión Europea, 2021). La idea inicial es irnos preparando para afrontar estos cambios más que necesarios y contribuir a alcanzar las metas de España en el 2050 (Gobierno de España, 2021).

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Creo que nadie duda de la importancia que tiene la atención a la dependencia en nuestro país. Quizá después de “las pensiones” (es decir, de la generosidad y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones), este es uno de los temas que más preocupa. Por una parte, porque antes o después todos/as necesitaremos algún tipo de cuidados de larga duración en nuestra vejez y por otra parte porque nuestro denominado Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es de muy reciente creación y presenta importantes debilidades. Algunas de ellas, como es su financiación, son en cierta medida un problema estructural y en este sentido el fuerte impacto que ha tenido la Covid-19 en este sector no ha ayudado. Tampoco lo hace el que España sea de los países de la OCDE que más envejecerá en las próximas décadas. Por lo tanto, necesitamos medidas para mejorar el actual sistema público de dependencia en España. Para ello pudimos contar con un “dream team” de experto/as que no nos defraudaron.

Nuestro primer ponente fue Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado en FEDEA, donde dirige precisamente un Observatorio sobre sanidad, dependencia y pensiones, campos en los que es un claro referente. Sergi centró su presentación en el estado actual y en la financiación del SAAD. Empezó por remarcar que, aunque la puesta en marcha del SAAD en 2007 supuso un impulso importante en el gasto dedicado a los cuidados de larga duración (pasando en pocos años de aproximadamente un 0,7 a un 0,9% del PIB), desde el año 2010 este impulso se perdió (en 2018, este porcentaje incluso había caído hasta el 0,8). Mientras tanto, en cambio, el número de beneficiarios del SAAD no ha dejado de crecer. El primer resultado, por tanto, es bastante claro: en los últimos años el gasto por persona dependiente en España ha caído. Un gasto que, por otra parte, cuando lo comparamos con el de nuestros vecinos europeos, es ridículamente bajo (los países nórdicos dedican entre un 2,5-3% de su PIB a los cuidados de larga duración). El segundo problema que subrayó Sergi es el de la falta de coherencia entre Comunidades Autónomas, que son quienes tienen las competencias de los cuidados de larga duración. La heterogeneidad por Comunidad Autónoma es enorme en parámetros básicos del sistema como son los niveles de copago y la composición de dependientes por grados de dependencia y de las ayudas por tipos de prestaciones. Sergi atribuyó esta heterogeneidad regional a “diferencias en recursos y preferencias que encontramos en nuestra geografía” (¡pobres dependientes a los que les ha tocado serlo en una región poco “dependency friendly”!). Otros dos problemas importantes a los que aludió Sergi son el llamado “limbo de la dependencia”, compuesto por personas con un derecho reconocido a una prestación por dependencia pero que están pendientes de recibir esta prestación (a finales de 2019 seguía habiendo un 20% de personas con derecho reconocido en esta situación) y la falta de estabilidad presupuestaria. “No podemos basar la sostenibilidad del sistema en aportaciones extraordinarias que pueden no tener continuidad en el tiempo”, enfatizó Sergi. ¿Soluciones? Por el lado de la financiación, a medio y largo plazo sería conveniente diversificar las fuentes de financiación, planteando un cóctel entre financiación pública vía impuestos y contribuciones dedicadas que garanticen un mínimo de atención para todos los ciudadanos, y fórmulas de aseguramiento privado que complementen este mínimo.

 Nuestra siguiente ponente fue Adelina Comas-Herrera, Assistant Professorial Research Fellow en el Care Policy and Evaluation Centre de la London School of Economics and Political Science. Adelina es una experta en Alzheimer y una de las personas que más y mejor han trabajado sobre dependencia y sobre el impacto que la Covid-19 ha tenido en este sector. Adelina puso el foco, en primer lugar, en las personas que reciben cuidados de larga duración y en particular en las que viven en residencias. Nos mostró cómo en la etapa pre-vacunas “las muertes en residencias siguieron el mismo patrón que había fuera de las residencias, pero a una escala muy superior”. A continuación, se centró en las personas que prestan cuidados. Con datos de Inglaterra y Gales nos mostró cómo la mortalidad entre la población en edad laboral fue muy superior entre el personal de servicios sociales (más incluso que en el personal de servicios sanitarios), especialmente entre los varones. También señaló que la vacuna había sido la principal medida para mitigar los efectos de la Covid-19 en la mortalidad en residencias. Entre los problemas estructurales que hay detrás de los impactos de la Covid-19 en el sistema de cuidados destacó seis, siendo dos de ellos la falta de acceso a los servicios sanitarios y la existencia de sistemas fragmentados con responsabilidades divididas entre diferentes departamentos y niveles de gobierno. Atajar estos problemas forma parte (entre otros muchos aspectos) de un ambicioso proyecto en el que están trabajando ahora en Inglaterra para “navegar” hacia un sector de cuidados más resiliente.

 La tercera ponente fue Ana Llena-Nozal, Economista Senior de la OCDE que actualmente dirige el equipo de cuidados de larga duración de este organismo. Ana se encargó de darnos una presentación más global y de futuro sobre “hacia dónde deberían ir los cuidados a las personas dependientes”. Empezó por aludir a uno de los grandes desafíos estructurales al que se enfrenta el sector de cuidados que es la escasez de trabajadores para hacer frente al aumento de personas mayores. Simplemente para mantener la ratio actual de 5 trabajadores por persona mayor de 65 años que hay en los países de la OCDE se necesitará un 30% o un 60% más de trabajadores, dependiendo de si hay o no mejoras en la productividad. En el SAAD, dado el mayor envejecimiento poblacional que habrá en España, el aumento requerido de trabajadores en el sector será en torno a 10 puntos porcentuales mayor que en el promedio de los países de la OCDE. Según Ana, una de las opciones para mejorar los cuidados de larga duración pasa por invertir más en la prevención de la pérdida de autonomía. Ana nos ilustró con algunos ejemplos concretos de políticas que han sido implementadas por algunos países de la OCDE para fomentar hábitos saludables, mejorar la educación sanitaria de la población y facilitar la identificación temprana de personas en riesgo de pérdida de autonomía. También enfatizó la necesidad de cambiar el modelo de cuidados actual hacia uno en el que los cuidados a domicilio tengan un peso mayor (coincidiendo con una mayor preferencia por parte de las personas dependientes por ser atendidas en sus casas) y se fomenten nuevas fórmulas de atención residencial, con residencias más pequeñas y más habitaciones individuales. Un último elemento que recalcó Ana para mejorar los cuidados de larga duración es el de la innovación y el uso de la tecnología y de cómo esta puede ayudar a los profesionales a, por ejemplo, monitorizar mejor a las personas dependientes y mejorar la calidad de los cuidados de larga duración.

 Nuestra última ponente fue Sara Baliña Vieites, Subdirectora de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España y una de las Coordinadoras del Informe España 2050. Sara centró su presentación en explicar los retos y oportunidades para el futuro de los cuidados de larga duración en España que se derivan de este Informe. Empezó por destacar la importancia de analizar la idiosincrasia de los cuidados de larga duración en España, en los que siguen predominando los cuidados informales a pesar del crecimiento experimentado por los cuidados formales en los últimos años. Sara también remarcó que una de las principales asignaturas pendientes de nuestro sistema de cuidados es mejorar su financiación, en aras de elevar su cobertura, calidad de los servicios y el empleo en el sector. Según Sara, el sistema de cuidados de larga duración en España cambiará drásticamente en las próximas décadas, “es previsible que haya una cierta sustitución del cuidado informal por los servicios profesionales, pero no es evidente todavía cómo se articulará esta combinación”, y añadió “lo que resulta indudable es que el cuidado informal seguirá siendo decisivo y, en muchos casos, complementario al profesionalizado”. Entre las recomendaciones que surgen de la Estrategia 2050 para mejorar los cuidados de larga duración, además de incrementar su financiación, Sara hizo hincapié en tres pilares que son una mayor profesionalización y calidad de los cuidados (por ejemplo, incrementando el peso de las prestaciones de servicios), impulsar nuevas formas de cuidados (como por ejemplo el “co-housing”) y cuidar a las personas que cuidan (impulsando, por ejemplo, servicios de respiro para las personas cuidadoras). 

El formato online no nos privó de un debate vivo entre la audiencia y el/las ponentes. Tanto es así, que hubo que extender un poco la sesión. Si os la perdisteis, aquí os la dejo. Estad atentos a las últimas sesiones de las Jornadas XL de AES. ¡Hasta la próxima!

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Actualmente, y en especial, en tiempos de pandemia, preocupa el conocimiento de medidas que puedan influir positiva y negativamente sobre la salud mental. La situación actual vivida es, desde luego, una muestra de cómo la salud mental se puede ver afectada por medidas restrictivas como la cuarentena o el aislamiento social, en las que las oportunidades para realizar actividades que habitualmente se recomendarían para mejorar el bienestar físico y emocional, se ven restringidas casi al mínimo. Recientemente se ha publicado una revisión sistemática sobre este tema, publicada por Jonathan Henssler y coautores en una revista de prestigio en el año 2020. Este y otros contextos, distintos al de la pandemia de la COVID-19, se discutieron en la sesión número 3 de estas Jornadas.

La sesión comenzó con una acertada mesa de ponencias, moderada por Sergio Márquez-Peláez (AETSA, Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía y Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) en la que se expuso con claridad el estado de sitio y los problemas actuales (incluyendo la actual crisis de la COVID-19 y discusión sobre la diferencia con otras crisis sanitarias previas) en el ámbito de la salud mental. En ella participaron como ponentes Luz María Peña-Longobardo (Universidad de Castilla la Mancha), Cristina Molina (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) y Mercedes Navío Acosta (Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental y Adicciones, Dirección General de Proceso Integrado de Salud, CIBERSAM). La mesa de comunicaciones sobre la provisión de servicios de salud mental fue moderada por Maria José Rabanaque (Profesora Titular en la Universidad de Zaragoza, Unidad de Medicina Preventiva y Salud Pública). Presentaron comunicaciones Elena Puerto (Universidad de Barcelona), Cristina Vilaplana Prieto (Universidad de Murcia), Manuel Serrano Alarcón (Dondena Research Centre, Universidad de Bocconi, Milán) y María Errea (investigadora autónoma). Las comunicaciones, ponencias, y el vídeo de la sesión están disponibles en la web de las Jornadas XL.

Comienza con la sesión de comunicaciones Elena Puerto, quien nos presentó su trabajo (realizado en conjunto con Jorge Galiana Richart, Fernando López-Muñoz, Paola Mastrantonio Ramos y Alfredo Rocafort Nicolau) con en el que se busca conocer si las variables macroeconómicas (como el producto interior bruto, PIB) son independientes de las variables asistenciales en un contexto de sanidad pública. En su artículo se utilizaron dos bases de datos para dos comunidades autónomas (CCAA), Cataluña (datos del CatSalut) y el País Vasco (datos de los presupuestos generales del Gobierno Vasco). Para ambas CCAA se dispuso de variables económicas y financieras de sus centros de salud. En ambos casos, el horizonte temporal tomado fue de 2006 a 2017. Con el fin de responder a la hipótesis planteada, los autores realizaron un análisis descriptivo, seguido de un contraste de hipótesis. Con respecto a los principales resultados globales obtenidos a partir del análisis descriptivo, se encontró que el 75% de la población que sufre de salud mental no estaba recibiendo el tratamiento adecuado, observándose costes elevados derivados del sistema sanitario, y no sólo económicos, sino también emocionales o relacionados con la carga familiar. El contraste de hipótesis encontró que el gasto sanitario se explica por el PIB. Concretamente, en épocas de contracción económica, el gasto se reduce, los servicios prestados se reducen, y empeora la salud mental de la población. En cuanto a los resultados para cada comunidad, se observaron diferencias entre las dos comunidades. Por un lado, en Cataluña, el gasto sanitario en salud mental fue menor (1314,72€ por habitante) que en el País Vasco (1575,46€ por habitante) tras la pandemia. Además, en ambos casos se redujo. Sin embargo, en cuanto a su distribución, fue más igualitaria en Cataluña, mientras que en el País Vasco se observaron más diferencias en términos de desigualdades en los niveles de gasto por paciente. El estudio (que además es el primero que relaciona el gasto en sanidad con el PIB incluyendo una comparativa entre CCAA) concluyó que el gasto se redujo en ambas comunidades, con diferencias entre ambas. Esto último no es raro, dado que ambas disponen de sistemas sanitarios muy diferentes.

La segunda comunicación, por Cristina Vilaplana, fue un trabajo coautorizado con Joan Costa-i-Font (London School of Economics) en el cual analizaron los efectos de la actual pandemia de la COVID-19 sobre la ansiedad y la depresión. Para ello dispusieron de datos de 22 países europeos (y un total de más de 48.000 observaciones) para los cuales se analizaron distintos escenarios, en base a las posibles combinaciones de los niveles de confinamiento (estricto o no estricto) y mortalidad (comparando picos de elevada mortalidad vs. momentos de niveles de mortalidad más bajos). Los autores realizaron análisis con tres métodos distintos (estudio de eventos, diferencias en diferencias, y regresión discontinua), con el fin de obtener información lo más completa posible además de verificar la robustez de los resultados obtenidos. Entre los principales resultados destacaron un aumento de la depresión y de la ansiedad (para esta, aún mayor) cuando el confinamiento fue estricto, y en momentos de baja mortalidad. Sin embargo, cuando el confinamiento deja de ser estricto, pero ha sido establecido por niveles de mortalidad elevados, los niveles de depresión y ansiedad bajaron hasta 2,67 puntos porcentuales (lo cual supone una bajada del 6,47% respecto a la media muestral) y 5,23 puntos porcentuales (un 8,95% con respecto a la media muestral), respectivamente. La bajada en los niveles de ansiedad fue 1,38 veces superior a la observada para los niveles de depresión.

En una línea muy similar, a continuación, Manuel Serrano-Alarcón presentó su trabajo (en conjunto con David Stuckler y Alexander Kentikelenis) sobre la salud mental, también en tiempos de la pandemia de la COVID-19. El objetivo de este trabajo era buscar el efecto causal entre el confinamiento estricto y la salud mental. Los datos, en este caso, responden a dos países de Reino Unido: Inglaterra y Escocia. Utilizando datos de 9,000 individuos, e información 2-3 años antes de la pandemia, y durante la pandemia, se comparan datos del instrumento General Health Questionnaire (GHQ)-12, que es un instrumento que está validado para medir el nivel de problemas (auto reportados) de salud mental. Manuel encuentra que la salud mental mejora con el fin del confinamiento en los dos países, y especialmente cuando se quita el confinamiento estricto, aunque se mantengan restricciones importantes de distanciamiento social. Además, el estudio demuestra que existieron efectos especialmente negativos del confinamiento sobre la salud mental en aquellos grupos con niveles más bajos de educación y peores condiciones de estatus social más bajo (concretamente observando un efecto desproporcional en el caso de Escocia). La comunicación termina con una serie de propuestas de políticas públicas, sugiriendo que en los casos en los que sea necesario imponer medidas de confinamiento más estrictas, sería importante tomar medidas de carácter social y de atención a la salud mental, y que éstas deberían ser destinadas especialmente a los grupos de población más desfavorecidos y vulnerables, y con peores niveles de salud mental.

Finalmente, María Errea, nos presentó los resultados de una revisión sistemática de la literatura (trabajo en conjunto con Laia Maynou y Helena M. Hernández-Pizarro) sobre la asociación de la actividad física con la salud mental. En este trabajo, las autoras ponen el foco en aquellas personas con una enfermedad mental diagnosticada o con mucha probabilidad de ser diagnosticado en el futuro (lo que se conoce como síntomas clínicamente relevantes de salud mental). En la síntesis de resultados se buscó, además, obtener toda la información disponible para comparar dicha asociación en las poblaciones mayores de 65 años y los adultos jóvenes. Como principales resultados obtenidos, cabe destacar la distribución no equilibrada (entre un total de 27 artículos finalmente incluidos en la revisión) que utilizaron medidas objetivas de salud mental (solo dos artículos utilizaron diagnóstico clínico como medida de salud mental) en comparación con aquellos que utilizaron medidas de salud mental auto reportadas, aunque en este caso sean clínicamente relevantes (los restantes 25). En cuanto a las diferencias entre adultos jóvenes y los mayores de 65 años, la información revisada no es suficiente para concluir que existan diferencias entre los dos grupos, dado que solamente hay un estudio que comparó los efectos de la actividad física sobre la salud mental por grupos de edad (el resto de artículos se concentraron solo en grupos concretos de edad). Finalmente, aunque la revisión encontró que la salud mental se puede ver beneficiada por la actividad física, también mostró que la cantidad de evidencia es todavía limitada como para poder concluirlo con certeza. Esto se debe principalmente a que la mayor parte de estudios se basó en medidas subjetivas (auto reportadas) tanto de salud mental como de actividad física.

Una vez concluida la mesa de comunicaciones, tuvimos la suerte de contar con la presencia de Begoña San Narciso, representante de la asociación Menudos Corazones, la cual nos agradeció y contó una pequeña anécdota en relación a la iniciativa de la asociación que este año ha destinado los fondos recaudados en la CarrerAES a esta asociación.

Agradeciendo a todos los ponentes y participantes de la sesión su participación, nos despedimos sabiendo que el día 29 de abril nos volveremos a ver para tratar, en este caso, el tema de la inteligencia artificial y sus posibilidades de implementación en los métodos tradicionales de evaluación de tecnologías sanitarias.

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Son múltiples los estudios que han estimado los costes de unas tasas de lactancia materna exclusiva (LME) inferiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica (95% al alta hospitalaria, y 50% a los seis meses) para distintos países. Siguiendo esta tendencia internacional de monetizar el efecto de la LME, el objetivo de nuestro análisis ha sido calcular los costes soportados por el sistema sanitario español como consecuencia de la mayor prevalencia de ciertas enfermedades derivada de las tasas de lactancia subóptimas registradas en la actualidad.

Para ello hemos partido de los datos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadísticapara el año 2014, de las tasas de LME en dicho ejercicio según la evidencia publicada, y de los costes por Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) publicados por el Ministerio de Sanidad. Así, basándonos en las diferentes tasas de prevalencia de la otitis media, la gastroenteritis, la infección respiratoria y la enterocolitis necrotizante entre bebés alimentados con LME y bebés alimentados con leche artificial que muestra la evidencia científica, hemos estimado el número de niños que enfermarían con las actuales tasas de LME, y los niños que enfermarían con las tasas recomendadas. Sobre las cifras de bebés enfermos, hemos aplicado los costes por patología por GRD, de manera que por diferencia entre el escenario real y el escenario ficticio de tasas de LME en los niveles recomendados obtenemos la estimación del coste que soporta nuestro sistema sanitario por presentar unas tasas de LME subóptimas. El resumen de las cifras puede verse en la siguiente Tabla:

Nota: Hemos considerado el número de nacimientos en 2014 según el Instituto Nacional de Estadística. En esta Tabla, LME se refiere a lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses excepto para la enterocolitis necrotizante, en cuyo caso hemos considerado las tasas de lactancia materna exclusiva al alta hospitalaria.

Como resultados más significativos del trabajo, observamos que, incrementando las tasas de LME actuales al alta hospitalaria y a los seis meses hasta el 95% y el 50%, respectivamente, se produciría un ahorro para el sistema sanitario español de casi 198 millones de euros al año, lo que equivale a 460 euros por bebé. En consecuencia, el incremento de las tasas de lactancia materna produciría un impacto económico significativo en el sistema sanitario español derivado de la menor incidencia de patologías pediátricas.

Hay que tener en cuenta que, para realizar nuestra estimación, únicamente hemos considerado cuatro patologías que aparecen en bebés menores de dos años, por lo que no se han tenido en cuenta los efectos positivos en la salud del bebé a medio y largo plazo, ni en la salud de la madre. De la misma forma, tampoco se han tenido en cuenta otros efectos positivos de la lactancia materna relacionados con el crecimiento económico, la productividad en el trabajo, la protección del medioambiente, el desarrollo cognitivo de los bebés, o la menor mortalidad de madres y bebés.

Referencia

Quesada, J.A., Méndez, I. & Martín-Gil, R. The economic benefits of increasing breastfeeding rates in Spain. Int Breastfeed J 15, 34 (2020). https://doi.org/10.1186/s13006-020-00277-w

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Este mes tocaba poner sobre la mesa la importancia de lo que sucede en la edad temprana. ¿Y por qué esta mesa? En mi opinión, no invertimos lo suficiente como sociedad en mejorar condiciones adversas en la infancia, como puede ser la pobreza, dado que muchos de sus efectos negativos solo se manifiestan en el largo plazo. No obstante, existe amplia evidencia de la importancia de estos primeros años en nuestra trayectoria de salud y empleo a lo largo del ciclo vital. Y precisamente de esto se habló en esta mesa.

Manuel Flores, de la Universitat Internacional de Catalunya, inició la discusión con una mirada a la evidencia empírica sobre la importancia de los primeros años. Manuel explicó que lo que sucede en los primeros años, incluso en el útero, tiene consecuencias de largo plazo, e incluso que muchas de las desigualdades que nos preocupan (en salud o renta, por ejemplo) tienen su origen entonces. Además, este periodo no es solo crítico, sino también muy sensible, por lo que cualquier intervención para mejorar las condiciones futuras puede incluso ser más efectiva a esta edad, que más tarde.

Manuel aclaró que no solo los grandes eventos como hambrunas tienen efectos a largo plazo, sino también otros más “leves” como puede ser la calidad nutricional, el estrés, la contaminación o el consumo de alcohol y tabaco. Estos tienen efectos sobre variables como el peso al nacer, resultados educativos e incluso salarios en la edad adulta.

¿Y cuáles son los mecanismos a través de los que las condiciones adversas en la edad temprana causan peores trayectorias de salud y empleo a lo largo del ciclo vital? Manuel nos contó que si bien este es un área donde hace falta más evidencia, parece ser que es a través de habilidades tanto cognitivas como no cognitivas, relacionándose incluso con el crecimiento del hipocampo del cerebro. Esto es, el crecimiento del cerebro parece mediar parte de la asociación (¡hasta un 20%!) entre la pobreza en la infancia y los resultados educativos.

¿Y qué podemos esperar para las niñas y niños en España? Manuel nos mostró, con datos de la OECD, que hay motivos de sobra para preocuparse. Los datos no son muy alentadores: mayores tasas de pobreza en la infancia, menor comunicación entre padres y adolescentes, mayor número de bebés nacidos con bajo peso, mayor tasa de sobrepeso u obesidad, o mayor número de adolescentes que ni estudian ni trabajan, entre otros. Y, si la situación era preocupante antes de la pandemia, Manuel especuló que las condiciones asociadas con la pandemia actual (incremento de la pobreza, problemas de salud mental de adultos y menores, cierre de colegios, mayor estrés…) auguran efectos adversos tanto en la salud como en las condiciones socioeconómicas en el largo plazo.

Manuel concluyó urgiéndonos a ¡Actuar Ya!, puesto que, citando a Heckmanv, “A child who falls behind may never catch up” (Una niña o niño que se queda atrás, puede que nunca se ponga al día).

Miriam Wüst, profesora de la University of Copenhagen y The Center for Economic Behavior and Inequality, así como editora asociada del Journal of Health Economics, se encargó de mostrarnos los efectos a corto y largo plazo de algunas intervenciones sanitarias en el primer año de edad.

Miriam inició su presentación haciendo hincapié en la evidencia disponible en distintas disciplinas sobre la importancia de los primeros años de edad, y sugiriendo que es el momento de acudir a los datos para evaluar si (cuáles) inversiones en la edad temprana son efectivas, eficientes, y reducen las desigualdades. Sí, querida lectora, hay que ir a los datos y ¡evaluar, evaluar y evaluar!

La evaluación de estas intervenciones no solo debe hacerse con datos adecuados, sino también siendo cuidadosas con las técnicas utilizadas y asegurarnos que informamos sobre el efecto causal de un programa. Miriam nos puso el ejemplo de la relación entre hospitalizaciones y salud infantil: si miramos a la relación entre estas dos variables, encontraremos una asociación negativa (las hospitalizaciones están asociadas a una peor salud infantil). No por esto recomendaremos no hospitalizar a las niñas y niños gravemente enfermas, dado que la relación anterior se debe a que los menores hospitalizados son los que presentan un peor estado de salud.

Son varias las maneras en las que se pueden evaluar dichos efectos causales. Miriam nos presentó un trabajo suyo en el que evaluaron los efectos a corto y largo plazo de un programa de visitas de enfermeras al hogar implementado en Dinamarca en 1937, cuyos objetivos eran ofrecer información y apoyo a las madres y padres, monitorear la salud de los bebés e incentivar la inversión de las madres y padres en las niñas y niños. Miriam mostró que este programa no solo mejoró la supervivencia a un año, sino también en edad adulta, y disminuyó la presencia de enfermedades cardiovasculares. Miriam nos mostró que esta evidencia es consistente con los efectos encontrados utilizando la variación en dichas visitas debido a una huelga de las enfermeras en el 2008. Los trabajos completos se encuentran aquí, aquí y aquí.

Miriam concluyó su intervención recalcando que hay amplia evidencia empírica sobre la importancia de tanto los efectos adversos como las políticas en la edad temprana, pero que aún queda mucho por investigar. Por ejemplo, mencionó la necesidad de saber más sobre cómo las distintas políticas interaccionan a lo largo de la infancia, los distintos efectos de políticas universales versus dirigidas a colectivos específicos, así como los efectos de las distintas características de las políticas existentes. Por último, remarcó la importancia de saber más sobre el papel (y los efectos sobre) de los padres, dado que enfoques centrados solo en las madres resultan anticuados en la sociedad actual.

La importancia de mirar a otras políticas nos llevó a la tercera ponente de la tarde. Anna Cristina d’Addio, Senior Policy Analyst en el equipo del Global Education Monitoring Report de la UNESCO, ofreció una panorámica –no muy alentadora- del efecto de la Covid-19 sobre las desigualdades educativas en el mundo.

Anna empezó su intervención mencionando que aquellos que más deberían beneficiarse de la educación, por su situación desaventajada, son no solo los que menos se benefician, sino también los que se encuentran con un mayor riesgo de quedarse atrás.  La Covid-19 ha causado una disrupción en el sistema educativo, y muchas de las políticas implementadas para intentar no dañar el desarrollo educativo de las niñas y niños han exacerbado las diferencias educativas existentes.

¿Cuánto han empeorado las ya existentes desigualdades en educación? Anna nos explicó que es difícil cuantificar esto debido a la falta de datos, en parte debida a la interrupción de los sistemas de colección de datos educativos. No obstante, la evidencia existente a través de otras fuentes apunta a grandes diferencias en el acceso a internet, incluyendo los costes y la velocidad, ordenadores, radio y TV entre los más pobres de los países en desarrollo, o habitaciones tranquilas para estudiar. Anna también mostró datos sobre la falta de preparación de los profesores para integrar las nuevas tecnologías; por ejemplo, solo el 50% en los Países Bajos o el 30% en Japón. Los datos de este tipo de encuestas realizadas a profesores, como otras encuestas realizadas a hogares, son en su mayoría generales, pero nos hacen esperar que las desigualdades educativas se amplíen en el futuro.

¿Y qué se ha hecho para paliar estas diferencias? La información sobre esto también es escasa. Anna mencionó la encuesta conjunta de UNESCO-UNICEF-World Bank para recoger evidencia sobre los programas de apoyo en distintos países para familias y profesores. Las respuestas financieras de los distintos países tampoco están muy claras, y la educación no forma parte de los paquetes de estímulo. Anna mostró que solo un 0,09% del dinero de los paquetes de estímulo se ha dedicado a la educación, lo que supone un problema importante. A esto, hay que añadirle la situación de crisis y las múltiples otras prioridades en muchos países, lo que augura que el presupuesto destinado a educación no vaya a mejorar en el corto plazo. Además, políticas destinadas a grupos vulnerables son inexistentes en la mayoría de los países.

Anna concluyó su intervención recalcando que la crisis asociada a la Covid-19 ha incrementado la urgencia en invertir en una educación inclusiva, que garantice que los colectivos vulnerables accedan a una educación de calidad.

El formato online nos privó de poder seguir la discusión con las ponentes y los asistentes a la sesión en una pausa café, la comida e incluso la famosa cena de nuestras queridas Jornadas. No obstante, espero que sirviera para contribuir a la concienciación de la necesidad en invertir más y mejor en reducir las desigualdades en la edad temprana, para garantizar una igualdad de oportunidades real a lo largo de la vida.

Y, si no pudiste participar, te animo a ver las intervenciones que se encuentran disponibles aquí, y espero nos encontremos en alguna de las siguientes mesas de las Jornadas XL.

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Hoy en día existe un notable consenso científico sobre la importancia de las condiciones de salud a una edad temprana como fuente de desigualdades a lo largo de la vida. Una reciente revisión de la literatura analizando la importancia de la salud infantil para la creación de capital humano a cargo de Janet Currie nos muestra que las políticas públicas dirigidas a las edades más tempranas acostumbran a ser altamente efectivas en el desarrollo de los beneficiarios. El estudio de las consecuencias de los shocks de salud en edad temprana ha incrementado drásticamente en los últimos 20 años, convirtiéndose en un tema de actualidad en el campo de la economía de la salud.

La presidenta del Comité Científico, Pilar García-Gómez, moderó la mesa de ponencias, que contó con las intervenciones de Manuel Flores, Miriam Wüst y Anna Cristina d’Addio. En la mesa de comunicaciones, contamos con cuatro presentaciones a cargo de Juan Antonio Quesada Torres, Yolanda Pena-Boquete, Ana Costa-Ramón e Irene Bosch Frigola. Tanto las comunicaciones como las ponencias y el vídeo de la sesión están disponibles en la web de las Jornadas XL.

Juan Antonio Quesada Torres, del Servicio Sanitario Murciano y la Universidad de Murcia, nos habló sobre el ahorro que podría lograrse en el sistema sanitario español a través de un aumento de las tasas de lactancia materna. La lactancia materna es una de las actividades de salud que mayor retorno genera (alrededor de $35 por $1 invertido). En España, las tasas de lactancia materna al alta hospitalaria y a los seis meses de vida en el año 2015 se situaban en un 85% y 15% respectivamente. En un estudio conjunto con I. Méndez y R. Martín-Gil, los autores estiman el ahorro que supondría para el sistema sanitario español incrementar dichas tasas hasta el 95% y 50% (siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud) como consecuencia de la menor incidencia de niños amamantados de otitis media, gastroenteritis, infección respiratoria y enterocolitis necrotizante.

Utilizando datos de nacimientos en España e información de los costes medios de la atención hospitalaria por diagnóstico, Juan Antonio nos mostró un ahorro potencial de 197 millones de euros si se alcanzasen las tasas de lactancia maternal objetivo. Un incremento de un punto porcentual en las tasas de lactancia materna supondría un ahorro estimado de 5,6 millones de euros. Estos resultados permiten concluir que las actuaciones de fomento, protección y apoyo a la lactancia materna son económicamente eficientes.

Yolanda Pena-Boquete de AYeconomics presentó su trabajo (conjunto con Manuel Flores y Aizhan Samambayeva) analizando las consecuencias económicas a largo plazo de la hambruna de 1930-1933 en Kazajstán. Este artículo aporta la primera evidencia sobre las consecuencias a largo plazo de una hambruna que causó más de un millón y medio de muertes en el país. Su presentación se centró en los efectos de la hambruna en educación.

Para identificar los efectos causales, los autores usan un estimador de diferencias en diferencias explotando variación en la exposición a la hambruna entre cohortes y regiones. En este tipo de estudios se tienden a infravalorar los efectos negativos de los shocks (en este caso, la hambruna) en los que los sobreviven – el denominado  sesgo de supervivencia. Por una parte, los supervivientes tienen, en promedio, unas características no observables que influyen positivamente en educación respecto a las cohortes de control; por otra, los individuos más vulnerables mueren con más frecuencia. A pesar de ello, los resultados muestran que la hambruna de Kazajstán tuvo un notable impacto en educación de aquellos individuos expuestos a la hambruna durante su primera infancia. Sus resultados se engloban dentro de la literatura que encuentra que las mejoras de nutrición en la primera infancia pueden conducir a aumentos sustanciales del capital humano, lo que sugiere que las inversiones en la nutrición en primera infancia pueden ser motores a largo plazo del crecimiento económico.

Ana Costa-Ramón (University of Zurich) presentó su análisis sobre el impacto de un shock en la salud de los/as hijos/as en la carrera laboral de sus madres y padres. Aunque las hospitalizaciones infantiles son relativamente comunes, la evidencia sobre las consecuencias de dichas hospitalizaciones en el bienestar familiar es escasa y se limita al estudio de asociaciones entre las dos variables, sin poder aislar su impacto causal. Ana estudia esta cuestión usando datos administrativos de alta calidad de Finlandia y una estrategia de diferencias en diferencias comparando madres y padres de la misma edad, con hijos de la misma edad, que sufren una hospitalización a diferentes edades.

Los resultados de su estudio muestran un efecto sustancial en los ingresos de las madres (como muestra la imagen adjunta) y un efecto no significativo para los de los padres. Las hospitalizaciones de las/os hijas/os tienen también un impacto en la salud mental de las madres y los padres, y el efecto proviene de hospitalizaciones severas que suponen una carga sustancia de cuidados para la familia. En términos de política pública, estos resultados nos indican la importancia de asistir y apoyar a las familias cuyos hijos sufren problemas de salud.

Concluyó la sesión con la presentación de Irene Bosch Frigola (Universidad San Jorge). Su trabajo analiza las variaciones regionales en las necesidades de cuidados integrales de pacientes en edades tempranas con diabetes mellitus. Usando datos administrativos de Noruega, Irene nos describió la existencia de variaciones significativas a nivel geográfico en el uso de medicación para la diabetes y las hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad. Así, por ejemplo, el consumo de medicación es superior al resto entre las edades de 15 a 19 años. Sus resultados pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de los/as pacientes diagnosticados/as con diabetes mellitus en edades tempranas.

Una vez concluida la mesa de comunicaciones, las/os investigadoras/es noveles de AES pudieron charlar con Miriam Wüst sobre estrategias para publicar en revistas científicas de economía de la salud como el Journal of Health Economics, de la cual Miriam es editora.

El día 25 de marzo tendremos la oportunidad de continuar viéndonos las caras (virtuales) en una sesión sobre los retos de la provisión de servicios de salud mental.

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