Umbrales de tenencia de drogas ilícitas, consumo y salud neonatal: El caso de Ecuador

Resumen del trabajo

El consumo y abuso de drogas se considera un problema de salud pública. El 6% de la población mundial consume drogas, del cual el 13% sufre un trastorno por consumo de drogas (WHO, 2021). El uso de drogas sujetas a fiscalización afecta a la sociedad en diversos aspectos, ya que no únicamente tiene una afectación directa sobre la salud, sino que también puede aumentar la delincuencia local, la violencia de pareja, el rendimiento educativo, entre otros.

Los efectos del consumo de drogas sobre la salud están bien documentados, siendo algunos de ellos, por ejemplo, los deterioros neurológicos y el aumento del riesgo de ciertas enfermedades infecciosas, entre otras condiciones médicas (UNODC, 2018). Además, el consumo de drogas en mujeres en edad fértil es particularmente problemático porque el consumo materno de drogas puede atravesar la placenta y dañar al feto.

Dada la carga socioeconómica que conlleva el consumo de drogas, los países han implementado diversas acciones para enfrentarlas, que van desde campañas de comunicación hasta políticas de liberalización del consumo de marihuana. Por ejemplo, para enero de 2024, Canadá, Uruguay y 27 jurisdicciones de Estados Unidos habían legalizado la producción y venta de cannabis para uso no médico (UNODC, 2024). En este contexto, Ecuador ofrece un excelente caso de estudio. En el año 2013, el gobierno, para reconocer las necesidades de salud de los consumidores de drogas, así como para distinguirlos de los traficantes, promulgó una resolución que establece una “tabla” que fija las cantidades máximas permisibles de posesión para consumo personal de las sustancias sujetas a control. De esta forma, la persona que porta cantidades hasta lo máximo establecido en la tabla puede ser considerada como consumidora y, por lo tanto, estar en necesidad de atención médica, en lugar de ser tratada como traficante. En este punto es importante recalcar que las drogas ilícitas no son legales en el país.

En este estudio se analizó cómo esta política -orientada a no criminalizar a los consumidores de drogas ilícitas- puede tener un impacto en la salud de los recién nacidos, a través de un aumento del consumo de drogas entre las mujeres en edad reproductiva. Para ello, se usó una combinación de datos administrativos y de encuestas oficiales: registros de nacidos vivos, registro de egresos hospitalarios neonatales, registros de atención ambulatoria y hospitalización de mujeres en edad reproductiva. Con ello se comprueba, en primer lugar, si existe un aumento en las hospitalizaciones de las mujeres con diagnósticos relacionados con el uso/abuso de drogas, y luego, si existen más hospitalizaciones neonatales relacionadas con el uso materno de drogas. Además, se evalúan indicadores de salud al nacer como el peso promedio y el bajo peso.

Se encontró que la proporción de recién nacidos con bajo peso (menor a 2.500 gramos) y muy bajo peso (menor a 1.500 gramos) al nacer aumenta significativamente en un 16,26% y un 82,22%, respectivamente, en las zonas del país donde el consumo de drogas es más problemático en comparación con otras zonas del país. Esta diferenciación entre zonas se define a partir de la construcción de un índice compuesto que considera la prevalencia del consumo de drogas, la frecuencia del consumo de drogas y la tasa de arrestos por tráfico de drogas. Además, se observó un aumento de las tasas de hospitalización neonatal debido a afecciones relacionadas con el consumo materno de drogas tras la resolución de 2013. Adicionalmente, también se observó un aumento en la tasa de hospitalizaciones relacionadas con el consumo de drogas en mujeres.

Tendencias en tasas de hospitalización neonatal relacionados con consumo de drogas

El trabajo enfrenta desafíos principalmente provenientes de la escasez de datos que midan de forma directa el consumo de sustancias ilícitas, ya que la principal fuente de datos proviene de registros administrativos de hospitalizaciones. Esto lleva a tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • Sólo se puede medir el uso/abuso extremo de drogas que requieren hospitalización.
  • Los resultados podrían reflejar un aumento en la conducta de búsqueda de atención médica por consumo problemático de drogas por parte de los consumidores o la expansión de la atención médica dirigida a las afecciones relacionadas con las drogas. Sin embargo, los resultados de las hospitalizaciones neonatales por afecciones relacionadas con el consumo de drogas de la madre respaldan un aumento en el consumo de drogas por parte de las mujeres más que un aumento de la búsqueda de atención médica.
  • No hay información sobre el estado de salud de la madre.

En resumen, el trabajo proporciona resultados interesantes en cuanto a efectos no deseados de la política de no criminalización de los consumidores de drogas. Además, pone de manifiesto la necesidad de contar con datos que permitan cuantificar de forma directa el consumo de sustancias ilícitas en el país.

Grace Armijos presentando su trabajo en la mesa de EvaluAES de las XLIII Jornadas AES

Comentarios de Victoria Serra-Sastre

El estudio de Grace investiga la relación entre consumo de drogas ilícitas y la salud de neonatos. El trabajo se centra en la ley introducida en Ecuador en 2013 por la cual se establecía la cantidad máxima de tenencia de drogas ilícitas, y estima el impacto de esta ley utilizando un modelo de diferencias en diferencias donde el grupo de tratamiento son bebes nacidos después de la entrada en vigor de la ley en regiones de mayor exposición al consumo de drogas.

Quizás la parte más importante del trabajo está en definir el índice que determina el grado de exposición al consumo de drogas. Este índice está basado en la prevalencia y frecuencia de consumo de drogas, hospitalizaciones y tasa de tráfico de drogas en diferentes regiones de Ecuador. Existe una gran variabilidad regional en cada uno de estos componentes y creo que sería beneficioso explotar estas medidas individualmente para entender diferentes niveles de exposición.

El segundo aspecto relevante para estimar el impacto de la ley está en determinar qué bebes están en el grupo de tratamiento. Puesto que la ley se activó en 2013, aquellos bebes concebidos a partir de abril del 2012 están en el grupo de tratamiento, mientras que los bebes concebidos con anterioridad a esta fecha se encuentran en el grupo de control. Este umbral se podría considerar arbitrario, puesto que bebes concebidos después de abril del 2012 (en octubre o noviembre de ese mismo año) son susceptibles de una mayor exposición. Se podrían llevar a cabo estimaciones donde se varía el umbral para explorar si eso conlleva cambios en el efecto estimado.

Estas son mis principales sugerencias para fortalecer el análisis del estudio. Cabe subrayar que Grace ofrece un análisis muy detallado y riguroso con resultados robustos. La ley tiene un impacto considerable, donde neonatos en regiones con mayor exposición al consumo de drogas tienen una mayor probabilidad de nacer con peso bajo o muy bajo. Con este trabajo, Grace contribuye enormemente a entender los efectos no intencionados en la salud de los bebes de una ley, como la introducida en 2013, especialmente relevante dada la creciente evidencia que apunta a que nacer con peso bajo está relacionado con un mayor riesgo para la salud y desarrollo del bebe a largo plazo.

Victoria Serra-Sastre comentando el trabajo en la mesa de EvaluAES de las XLIII Jornadas AES

 

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