La política farmacéutica como política pública

XI Encuentro de la Industria Farmacéutica Universidad Internacional Menéndez Pelayo Septiembre de 2011

Félix Lobo (Universidad Carlos III de

Madrid) Manuel García Goñi (Universidad Complutense de Madrid)

De todos es conocido que estamos padeciendo desde hace ya varios años una dura crisis económica de efectos globales y que está incidiendo de manera especial en la economía española. En este momento, se cuentan casi cinco millones de desempleados que suponen un 21,5% de la población activa (Encuesta de Población Activa, octubre de 2011). Además, España tiene un problema serio con el déficit público que ha llevado al gobierno de la nación y a los de las Comunidades Autónomas a reaccionar con medidas de austeridad que han afectado de manera directa a la política farmacéutica. Buenos ejemplos son los Reales Decretos-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud (SNS); el 8/2010, de 20 de mayo, con medidas extraordinarias para la reducción del déficit público o el reciente 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud.

En este contexto de grave complejidad macroeconómica y con las Administraciones Públicas más sujetas que nunca a la restricción presupuestaria, celebramos los días 8 y 9 de septiembre de 2011 el XI Encuentro de la Industria Farmacéutica Española, con el título “Políticas públicas prioritarias en tiempo de crisis. El caso de la sanidad y la prestación farmacéutica”.

El Encuentro de la Industria Farmacéutica tiene lugar todos los años desde el 2000 en el marco de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organizado por la Universidad Carlos III de Madrid y patrocinado por Farmaindustria. En él tratamos de reunir en un foro de debate a personalidades del mundo académico, de la industria farmacéutica y de la gestión sanitaria dentro de las Administraciones Públicas. La tradición manda que sirva de punto de encuentro justo al comienzo de la temporada después de las vacaciones de verano y este año había mucho que discutir. Déjennos matizar también que, a pesar de ser un acto académico, el Encuentro comienza ya la noche anterior a su inauguración en Santander, se desarrolla con pocas formalidades y se prolonga más allá de las aulas con un gran ambiente de cordialidad entre profesionales.

Aquí es relevante recordar la importancia relativa del gasto farmacéutico dentro del gasto sanitario. En el año 2009 el gasto en oficinas de farmacia por recetas en el SNS supuso el 18,9%. A pesar de que esta proporción se ha reducido desde 2002, cuando alcanzó el 21,8%, sigue siendo superior en España al de la mayoría de países de nuestro entorno (la media de la OCDE fue 16.9% en 2008). Por otro lado, el gasto en medicamentos de los hospitales, menos conocido, también tiene un gran volumen y sobretodo crece muy rápidamente. Todo ello justifica que el gasto farmacéutico merezca gran atención por parte de las políticas públicas para su control.

En el Encuentro se trataba de dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿cómo se están definiendo en general por las Administraciones Públicas las prioridades del gasto público en España en época de crisis?, ¿estamos recortando gastos de forma lineal sin atender a prioridades, o se seleccionan los gastos más eficientes que pueden contribuir más al crecimiento económico y también a la equidad?, ¿debería quedar algún sector, como la sanidad, la educación o la investigación, inmune a los recortes de gasto?, ¿conocemos las preferencias sociales acerca de los distintos programas de gasto público?, ¿preferimos los ciudadanos españoles más sanidad o más AVE?, si estas preferencias son explícitas ¿los recortes de gastos las están respetando?, ¿hay algún balance (o trade-off como dicen los anglosajones) entre políticas y gasto público sociales y crecimiento económico?, ¿hay que recortar hoy el estado del bienestar para garantizar el crecimiento económico y por tanto la viabilidad de aquél en el futuro?, ¿cómo está afectando la limitación del gasto público a la prestación farmacéutica, a la industria farmacéutica y a la investigación de medicamentos?, ¿es la evaluación de tecnologías y servicios sanitarios una herramienta prometedora para establecer prioridades?, ¿la usamos suficientemente en España?, ¿cómo puede contribuir el Plan sectorial del Gobierno para la industria farmacéutica a superar las dificultades que la restricción del gasto ha generado? Todas estas preguntas fueron abordadas por los muy destacados ponentes seleccionados para este Encuentro del verano de 2011, el décimo primero de la serie.

El programa contemplaba la participación del Secretario General de Sanidad quien, debido a un imprevisto de última hora, hubo de excusar su ausencia. Sí contamos con el Director General de Farmacia, D. Alfonso Jiménez, que expuso de manera llana la perspectiva del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPSI) en materia de política farmacéutica, justo tras la aprobación del ya mencionado Real Decreto-ley del mes de agosto

El Encuentro continuó con José María Labeaga, Director del Instituto de Estudios Fiscales, quien nos habló sobre las prioridades del gasto público en España en épocas de crisis como la actual. Subrayó en su interesante conferencia la evolución de las preferencias y opiniones sobre satisfacción de los ciudadanos acerca de los servicios públicos, la importancia de la labor redistributiva en las Administraciones Públicas, que puede verse comprometida por las políticas de austeridad en el gasto público; las previsiones sobre evolución futura del gasto sanitario y la necesidad de potenciar la evaluación de políticas servicios y tecnologías.

Otro gran experto en cuentas públicas, el Catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco Ignacio Zubiri, impartió una lección magistral en la que profundizó sobre las opciones para la sostenibilidad del estado del bienestar y la misión de las Administraciones Públicas en la redistribución de la renta; discutió la reducción de los ingresos públicos del Estado en los últimos ejercicios, relacionada con la crisis económica, pero también determinada por las recientes reformas fiscales y señaló –con el profesor Labeaga- que queda cierto recorrido para un incremento de la presión fiscal en España en relación con el objetivo de redistribución de la renta. También hizo referencias a la reforma sanitaria y los efectos que el incremento en el gasto sanitario está teniendo en las últimas décadas, además de cómo la proporción de gasto sanitario privado está ganando enteros.

Los asistentes debatieron con los profesores sobre el efecto esperado de herramientas como el copago o la importancia de los incentivos en la provisión sanitaria, la evaluación de tecnologías, o el control ex post de las políticas sanitarias aplicadas para lograr la sostenibilidad del SNS. Consideraron que el copago debe estar orientado, no hacia la financiación del sistema, sino como control de la demanda para tratar de reducir el abuso en el consumo por encima de la cantidad eficiente. También coincidieron en la necesidad de búsqueda de soluciones para la financiación y sostenibilidad del SNS, compensando la evolución de gasto público con una más adecuada evolución de los ingresos públicos. Por último, destacaron que además del mencionado incremento esperado del gasto sanitario se debe tener también en cuenta la evolución de las pensiones -otro pilar del estado de bienestar- que debe ser financiado para garantizar la adecuada redistribución de la renta.

Francisco Alvira, Catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, expuso las preferencias de los ciudadanos españoles en relación a las políticas públicas según las Encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sus principales conclusiones fueron que el apoyo a un aumento de los recursos fiscales para sanidad no es mayoritario aunque concita a su favor un porcentaje importante de ciudadanos (en torno al 40%); los ciudadanos consideran que la presión fiscal ya es suficientemente alta, que el sistema impositivo es injusto y que existe fraude fiscal. Para la sostenibilidad del sistema hay que mejorar la gestión de la sanidad, para lo que, según opinión generalizada, queda un amplio espacio, y también redistribuir el gasto público, disminuyendo las partidas en defensa, obras públicas y transporte, y aumentando el destinado a justicia, sanidad y enseñanza.

En el Encuentro además disfrutamos de la participación de Juan Cabasés, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pública de Navarra. Insistió en las dificultades de la situación actual y en la necesaria mejora de la eficiencia para la sostenibilidad del sistema sanitario público. Tuvieron gran interés sus reflexiones sobre el buen gobierno de la sanidad y los avances del Código de Buen Gobierno de la Sanidad Pública Vasca, en el que ha participado personalmente, así como acerca de la creación de un entorno de motivación e incentivos adecuado para los profesionales sanitarios (capital motivacional). Finalmente, destacó los logros y las insuficiencias de la evaluación de tecnologías en España, con referencias concretas al desarrollo actual en España de la herramienta European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) sobre el estado de salud autopercibido y la calidad de vida relacionada con la salud en el que ha estado muy involucrado. En suma, otra intervención memorable.

Pero el Encuentro, como de costumbre, contó también con ponentes directamente relacionados con la gestión sanitaria y el sector farmacéutico, como Humberto Arnés, Director General de Farmaindustria, quien expuso la perspectiva del valor que la industria farmacéutica aporta a la sociedad, y cinco gestores de la prestación farmacéutica en formato de mesa redonda: Encarna Cruz (Madrid), Antoni Gilabert (Cataluña), José Clérigues (Comunidad Valenciana), Paloma Acebedo (País Vasco) y María Isabel de Frutos Iglesias (Cantabria). En dicha mesa, se aportó valiosa información y se discutió cómo con sus programas de gestión, las CC.AA. están estableciendo prioridades en la prestación farmacéutica, teniendo en cuenta los incentivos a la innovación, la eficiencia en el gasto farmacéutico y las nuevas regulaciones del gobierno de la nación y de las propias regiones.

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