La obesidad y el sobrepeso son condiciones que afectan a una porción muy significativa de la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, el 43% de los adultos de más de 18 años tenía sobrepeso y el 16% obesidad. Estas condiciones han llevado a un aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas, con el correspondiente coste económico asociado a las mismas. Para dar respuesta a estos problemas, los gobiernos y organismos internacionales han promovido recomendaciones para prevenir la obesidad y el sobrepeso y han implementado un amplio abanico de políticas. Por ejemplo, la OMS recomienda medidas dietéticas como aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres.

Entre las herramientas que se han utilizado para fomentar hábitos alimenticios saludables, los pequeños empujones o nudges, han sido unas de las más utilizadas en la última década. Estos se sirven de pequeñas modificaciones en el entorno en el que las personas toman decisiones para cambiar su comportamiento sin alterar de forma significativa los incentivos ni prohibir opciones. Del entusiasmo inicial a raíz de la publicación del libro “Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness” escrito por Richard Thaler y Cass Sunstein, con el tiempo se ha pasado a su normalización e incluso a una crisis de replicación en algunos casos. Aun así, en general se suele concluir que este tipo de intervenciones son efectivas a la hora de fomentar la elección y el consumo de productos saludables, como lo muestra una revisión sistemática al respecto, aunque en ocasiones sus efectos son pequeños o modestos.

Por otro lado, mientras que el efecto de los nudges sí que ha sido ampliamente estudiado, menos atención se les ha prestado a los efectos que estos podrían tener en conjunto con otras intervenciones que funcionan a través de mecanismos más “tradicionales” basados en la utilidad, preferencias e incentivos.

El objetivo de nuestro estudio era implementar cambios en la arquitectura de la decisión para intentar fomentar el consumo de frutas en el bufet de un comedor universitario. Para ello, realizamos un experimento de campo en el que aplicamos tres intervenciones. Dos de las intervenciones eran pequeños empujones que operan a través de mecanismos cognitivos de autocontrol y saliencia. La tercera, al contrario, buscaba incrementar el consumo de frutas mediante un aumento de la disponibilidad de opciones, una medida que no es excesivamente costosa y que podría tener efectos potentes a través de mecanismos relacionados con la utilidad de las nuevas opciones y las preferencias por diferentes frutas de los clientes del comedor.

La aplicación de las intervenciones se hizo de manera incremental—añadiendo cada nueva intervención a las anteriores—en función de su coste de implementación, para ver si intervenciones más costosas merecían la pena en términos de efectividad. Esto lo consideramos importante ya que, aunque en general se suelen considerar este tipo de intervenciones como poco costosas, también es cierto que se suelen aplicar en establecimientos manejados por empresas privadas en los que la lógica del beneficio impera sobre la de la mejora de la salud de los comensales, y, por tanto, gastos que en otros contextos podrían considerarse bajos en estos (universidad pública) podrían requerir una mayor justificación.

En el bufet en el que llevamos a cabo el experimento, los clientes podían elegir entre un postre, un primer plato y un segundo plato por un precio fijo. El primero de los nudges consistía en cambiar el orden de la línea del bufet para que las frutas aparecieran antes que el resto de las opciones de postre disponibles. El contexto en el que se elige el postre se explica en la Figura 1. Esta intervención teóricamente podría incrementar el consumo de frutas por mecanismos relacionados con el autocontrol y por hacer que sobresalgan más las frutas que los otros postres.

Figura 1. Disposición de los postres en el bufet universitario. El contexto normal del bufet: los clientes entran desde la derecha y se encuentran primero el estante con el resto de postres que no son frutas y después las frutas en un estante separado a unos pocos metros. A partir de la primera intervención este orden fue invertido.

La segunda intervención consistía en sustituir los manteles blancos que se ponen en las bandejas del bufet por uno que tenía un estímulo visual que asociaba las frutas con la felicidad—un emoji sonriente rodeado de fruta (Figura 2). Teóricamente este tipo de estímulos podría crear asociaciones entre el producto y el sentimiento deseado (por ejemplo, “el consumo de fruta me hace sentir bien”) o hacer patentes asociaciones menos interiorizadas en el momento de la elección.

Figura 2. Estímulo visual usado a partir de la segunda intervención

El último tratamiento, como se ha dicho previamente, consistía en aumentar la variedad de frutas disponibles. El incremento fue bastante significativo, ya que duplicamos la variedad de frutas disponibles—ver Figura 3. Esta intervención podría incrementar el consumo de frutas simple y llanamente a través de mecanismos más “tradicionales” de utilidad esperada, al ser las nuevas opciones de fruta disponibles estrictamente preferidas por los asistentes. Además, aumentar la variedad podría aumentar la visibilidad de las frutas en el bufet o tener un efecto simplemente por la novedad—aunque las frutas nuevas solían estar ocasionalmente disponibles en el bufet, eran menos frecuentes.

Figura 3. Estante de las frutas tras el incremento de la variedad.

Durante el experimento de campo, se tomaron datos de las elecciones alimentarias de los asistentes al bufet y de algunas características observables como el género aparente y si parecía un estudiante de grado. En total se recogieron más de mil observaciones durante los días que duró el experimento (n=1036). Además, otros investigadores pasaban una encuesta a una submuestra de asistentes con algunas preguntas sociodemográficas extras para ver si los resultados eran robustos al añadir otras covariables. Para minimizar posibles variaciones entre días, el diseño experimental se centró en mantener el entorno lo más constante posible durante todo el experimento. Se garantizó que el menú y alimentos disponibles fueran los mismos durante todo el experimento, se llevó a cabo en un periodo corto de tiempo para evitar cambios estacionales que podrían afectar al comportamiento de los asistentes y la disponibilidad de productos, se espaciaron los tratamientos una semana para evitar efectos de contaminación o generación de hábitos, etc.

Los resultados indican que únicamente el tercer tratamiento, la combinación de todas las intervenciones, tuvo efectos significativos. El efecto fue grande, ya que la elección de frutas fue aproximadamente 22 puntos porcentuales mayor que en los días de control, prácticamente duplicándola. Estos resultados eran robustos tanto al controlar por el resto de las variables de las que disponíamos, como cuando analizábamos la submuestra que respondió la encuesta, o realizábamos un placebo test variando los días de control.

Aunque no podemos saber exactamente si los efectos del tercer tratamiento fueron debidos al incremento de variedad o a su combinación con los pequeños empujones, el hecho de que el efecto de los otros tratamientos no sea significativo nos inclina a pensar que el resultado se debe principalmente al incremento de la variedad, probablemente porque las nuevas opciones eran estrictamente preferidas por los consumidores o más novedosas. Por tanto, parece que una buena forma de fomentar el consumo de frutas en este tipo de establecimientos es ofrecer opciones variadas, además de que los encargados del local se interesen por saber qué opciones saludables son las que más gustan a los clientes. En futuros estudios estaría bien saber qué características de las frutas hacen que los individuos estén más dispuestos a elegirlas y ver si el efecto de esta intervención se mantiene a largo plazo o desaparece cuando las nuevas opciones dejan de ser novedosas.

Del mismo modo, aunque no podemos explicar con datos la razón por la que los nudges no tuvieron el efecto esperado y observado en otros estudios, nuestra principal hipótesis es que dados los mecanismos teóricos a través de los cuales estos pequeños empujones actúan, es muy difícil que afecten a una población adulta que está muy familiarizada con los productos que se ofrecen y con el entorno en el que se toman las decisiones, como es el caso de nuestro experimento. Por ejemplo, nos parece que por mucho que se cambie el entorno para que las frutas aparezcan antes que otras opciones, su efecto puede ser mínimo en personas que ya están familiarizadas con el bufet y conocen al dedillo cuáles son los productos ofertados independientemente de su posición. En conjunto, nuestros resultados sugieren que, en este tipo de entornos cambiar lo que se ofrece puede ser más efectivo que cambiar cómo se presenta.

Para finalizar, es importante recalcar que, dada la magnitud del problema de la obesidad y el sobrepeso, es necesario llevar a cabo políticas que vayan más allá de pequeños cambios en el entorno en el que los individuos toman las decisiones. Como señala la OMS, una de las principales causas de estos problemas es un entorno que fomenta de manera estructural el consumo de productos no saludables y dificulta el acceso a productos sanos asequibles. Cambiar estos factores estructurales probablemente requiera el uso de políticas mucho más potentes.

Este estudio es parte de un artículo, escrito en colaboración con Ariadna García Prado, que está en proceso de consideración para su publicación.

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En su esencia, la educación construye capital humano mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, alfabetización y capacidades de resolución de problemas. Sin embargo, también cumple una función social más amplia: transmitir normas, valores y comportamientos que sostienen la cohesión social y la estabilidad política. Desde hace décadas, la literatura ha señalado que la escolarización moldea no solo el rendimiento académico, preparando a los estudiantes para el mercado laboral, sino también hábitos relacionados con la salud, la ciudadanía y la cooperación social.

Mediante rutinas repetidas e incentivos institucionales, la escuela influye en cómo los individuos procesan la información, valoran la actividad física y perciben el bienestar a largo plazo. Es decir, la educación puede mejorar la salud al aumentar la capacidad de interpretar información médica, reforzar la motivación para mantener estilos de vida saludables e integrar la actividad física en la vida cotidiana. Estos mecanismos se vuelven especialmente poderosos cuando se refuerzan de forma sistemática durante muchos años.

Las características de los sistemas educativos pueden influir en los individuos. Los sistemas educativos comunistas —en particular los de la Unión Soviética— suelen recordarse por su rigidez ideológica y autoritarismo, así como por el adoctrinamiento. Más específicamente, la narrativa educativa de los regímenes comunistas reflejaba ambiciones excepcionalmente elevadas, orientadas a formar “hombres soviéticos” físicamente fuertes, leales a las autoridades comunistas y libres de la influencia de la familia y la religión, aunque el efecto sobre la familia fue el opuesto. Cabe destacar que también incorporaron características que generaron beneficios sorprendentemente duraderos en la salud de la población. Sin embargo, estos sistemas no lograron reducir la desigualdad en salud más que los estados de bienestar europeos.

Evidencia de los sistemas educativos comunistas

Investigaciones recientes de Costa-Font y Nicinska (2026) arrojan luz sobre cómo estos mecanismos operaron bajo los sistemas educativos comunistas soviéticos. Comparando cohortes europeas expuestas a diferentes duraciones de escolarización obligatoria —utilizando reformas que extendieron o acortaron la educación obligatoria— se aislaron los efectos a largo plazo de años adicionales de educación sobre la salud.

Al distinguir, además, entre educación recibida bajo regímenes comunistas y educación obtenida en contextos no comunistas, incluidos países de Europa Occidental y sistemas postcomunistas, los resultados sugieren que un año adicional de educación produjo mejoras significativamente mayores en la salud a largo plazo cuando se recibió bajo sistemas comunistas soviéticos. Estos beneficios se reflejan en una mejor salud autoevaluada, una menor prevalencia de enfermedades crónicas y comportamientos más saludables en etapas posteriores de la vida.

Los efectos son especialmente intensos entre los hombres, aunque las mujeres también experimentan ganancias notables. Esto resulta llamativo dadas las deficiencias ampliamente documentadas de los sistemas sanitarios comunistas, caracterizados por ineficiencias asignativas, escasa innovación y un acceso limitado a tecnologías médicas avanzadas.

La actividad física como mecanismo clave

Los sistemas educativos soviéticos otorgaron una importancia excepcional a la educación física obligatoria, el deporte organizado y la condición física a lo largo de toda la vida. La educación física era obligatoria en todos los niveles educativos y la participación no era ni opcional ni simbólica.

La prioridad de la educación física no solo perseguía identificar talentos para el deporte profesional, sino también facilitar activamente la participación masiva y permanente en la actividad física. Por ejemplo, todos los niños alrededor de los 10 años debían someterse a la prueba “Listos para el Trabajo y la Defensa” que evaluaba resistencia, fuerza y habilidades físicas básicas, incluyendo elementos de preparación militar. A diferencia de muchos sistemas educativos de Europa Occidental, que enfatizaban la participación voluntaria y el carácter lúdico del deporte, el enfoque soviético normalizó la actividad física regular para toda la población, incluidos aquellos con menor inclinación atlética.

Las escuelas comunistas también desempeñaron un papel más amplio en la promoción de la higiene y la salud preventiva. Muchas ofrecían acceso a revisiones médicas básicas, programas de vacunación y seguimiento sanitario, especialmente en zonas rurales y periféricas donde el acceso a la atención médica era limitado.

Estas políticas crearon un entorno en el que los hábitos saludables se formaban desde edades tempranas y se reforzaban diariamente, lo que puede explicar los resultados de Costa-Font y Nicinska (2026) de que un año adicional de educación comunista mejora significativamente la salud general autoevaluada y reduce la probabilidad de padecer enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida. Además, estos efectos se suman a los beneficios habituales de un mayor nivel educativo.

Efectos sobre el tabaquismo y el consumo de alcohol

La educación bajo el comunismo también tuvo efectos más pronunciados sobre otros comportamientos estrechamente relacionados con la salud a largo plazo. Este mismo estudio demostró que, en el caso de los hombres, un año adicional de escolarización redujo la duración del tabaquismo regular en aproximadamente un 25% y el consumo excesivo de alcohol en torno a un 15%. Entre las mujeres, el tabaquismo se redujo alrededor de un 27%, aunque no se observan cambios significativos en el consumo de alcohol. Estos resultados sugieren que la educación puede funcionar como una poderosa herramienta preventiva, influyendo en las elecciones de estilo de vida décadas antes de la aparición de enfermedades crónicas.

Igualdad de género en la educación física

Un rasgo frecuentemente ignorado de la educación soviética fue la igualdad de género en la educación física. Las niñas estaban obligadas a participar en actividades físicas en las mismas condiciones que los niños, desafiando normas sociales que, en muchos países de mediados del siglo XX, desalentaban el atletismo femenino. Esta institucionalización de la participación igualitaria contribuyó a reducir la brecha de género en la condición física y a normalizar la idea de que la fuerza y la salud eran importantes para todos, no solo para los hombres. No obstante, los beneficios a largo plazo de la educación comunista fueron, en promedio, más pronunciados para los hombres que para las mujeres.

La educación como sustituto de sistemas sanitarios débiles

Quizás lo más notable es que estos efectos positivos sobre la salud surgieron a pesar de los fallos de los sistemas sanitarios comunistas. Aunque los hospitales y clínicas solían carecer de la calidad e innovación de los países occidentales, la educación compensó parcialmente estas carencias al fomentar comportamientos preventivos y estilos de vida activos. En la práctica, la escolarización actuó como un sustituto del acceso limitado a tecnologías sanitarias en etapas posteriores de la vida. Este resultado subraya una lección clave: las inversiones en educación —especialmente en comportamientos relacionados con la salud— pueden generar importantes beneficios para la salud poblacional incluso cuando los sistemas sanitarios están infra-financiados.

Lecciones para las escuelas actuales de salud pública

Los aspectos beneficiosos de la educación comunista sobre los estilos de vida saludables pueden haber mitigado el impacto general negativo del comunismo soviético sobre la salud, lo que podría explicar la ausencia de grandes diferencias en la desigualdad en salud entre la Europa soviética y la Europa occidental en el pasado. Más allá del contexto histórico, la lección fundamental es que lo que los estudiantes aprenden y practican en la escuela tiene consecuencias que van mucho más allá del rendimiento académico. Las políticas educativas que priorizan la actividad física, las rutinas estructuradas y los hábitos saludables pueden generar beneficios duraderos para la salud de la población.

En un contexto en el que muchos países enfrentan estilos de vida cada vez más sedentarios, obesidad y crecientes problemas de salud mental, las escuelas representan un punto de intervención excepcionalmente poderoso. Mejorar la educación física obligatoria, garantizar la participación igualitaria entre géneros e integrar la promoción de la salud en la vida cotidiana de los centros educativos pueden generar beneficios durante décadas.

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Este artículo analiza el impacto de la cirugía robótica sobre la eficiencia y la productividad de los hospitales del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra (NHS). La cirugía robótica se introdujo por primera vez en el NHS a principios de los años 2000 para el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata y, muy rápidamente, se convirtió en el principal procedimiento quirúrgico utilizado para la prostatectomía radical. Antes de su introducción, los pacientes con cáncer de próstata tenían disponibles dos tecnologías quirúrgicas alternativas: la prostatectomía abierta y la prostatectomía laparoscópica. Tanto la laparoscopia como la cirugía robótica implican incisiones menos invasivas que la cirugía abierta y, por ello, se suelen denominar cirugías mínimamente invasivas.

El interés por estudiar la expansión de la cirugía robótica en el NHS se explica por varias razones. En primer lugar, el uso de cirugía robótica para la prostatectomía radical aumentó del 5% en 2006 al 88% de todas las prostatectomías realizadas en el NHS inglés en 2018, mientras que los procedimientos abiertos y laparoscópicos disminuyeron durante ese periodo: la cirugía abierta pasó del 83% al 6% y la laparoscópica del 12% al 6%. La Figura 1 muestra el volumen de prostatectomías por tipo de cirugía entre 2000 y 2018: mientras que la prostatectomía abierta era el procedimiento predominante al inicio del periodo, el volumen de cirugía robótica creció de forma exponencial a partir de 2006. En 2010, las intervenciones robóticas superaron a las laparoscópicas y, a partir de 2012, la cirugía robótica superó también a la cirugía abierta, dejando a los procedimientos abiertos y laparoscópicos con volúmenes similares. Además, tal y como se muestra en el artículo, el volumen de prostatectomías realizadas en hospitales adoptantes (aquellos que compraron al menos un robot) sigue una tendencia similar, mostrando niveles más altos que los hospitales no adoptantes.

Figura 1. Volumen de prostatectomía radical

En segundo lugar, aunque las técnicas laparoscópica y robótica tienen mejores resultados clínicos que el procedimiento abierto (Moran et al., 2013), existe evidencia clínica limitada sobre los beneficios relativos para el paciente derivados de la cirugía robótica en comparación con la laparoscopia (Nossiter et al., 2018). En tercer lugar, aunque ambas técnicas son mínimamente invasivas, sus costes difieren de manera sustancial. La cirugía laparoscópica estaba ampliamente disponible en los hospitales del NHS, mientras que los robots implican costes elevados de adquisición y costes de funcionamiento considerables. Analizar la cirugía robótica es especialmente relevante en el contexto más amplio de la tecnología sanitaria, ya que esta innovación se ha identificado como uno de los principales factores que contribuyen al crecimiento del gasto sanitario (Newhouse, 1992; Lamiraud & Lhuillery, 2016; Smith et al., 2009).

Dada la rápida expansión de la cirugía robótica para pacientes con cáncer de próstata, el artículo cuantifica los cambios en eficiencia y las ganancias de productividad asociadas a la rápida difusión de esta tecnología. Para el análisis de eficiencia, se adopta un enfoque de diferencias en diferencias escalonadas (staggered difference-in-differences) siguiendo a Callaway y Sant’Anna (2021). Este estimador permite capturar efectos heterogéneos del tratamiento tanto a lo largo del tiempo como entre grupos de control apropiados. Para la segunda cuestión, centrada en los cambios de productividad tras la adopción de la cirugía robótica, se utiliza una especificación de la función de producción estructural y semiparamétrica basada en Ackerberg et al. (2015), que aprovecha diferencias en el calendario de demanda de inputs para abordar problemas de endogeneidad.

Los datos utilizados provienen de Hospital Episode Statistics (HES), un conjunto de datos administrativos muy rico que recoge todas las admisiones hospitalarias en Inglaterra. La base incluye a todos los pacientes admitidos para una prostatectomía radical abierta, laparoscópica o robótica entre los años fiscales 2000/2001 y 2018/2019. Para evaluar la eficiencia, consideramos el impacto de la elección tecnológica sobre varias medidas: la estancia hospitalaria total, la estancia postoperatoria, los reingresos urgentes en los 30 días posteriores, el número de visitas ambulatorias al urólogo después de la cirugía dentro del primer año y dentro de los dos años posteriores al alta, y el tiempo de espera. Estas medidas de eficiencia postquirúrgica se incluyen bajo el supuesto de que las complicaciones tras la cirugía serán menores con intervenciones mínimamente invasivas, lo que llevaría a una reducción en la utilización de recursos tras la prostatectomía. Los resultados muestran que, en los hospitales que adquieren un robot para cirugía de prostatectomía, la estancia hospitalaria total y la estancia postoperatoria se reducen en 1,7 y 1,5 días, respectivamente, lo que equivale aproximadamente a una reducción del 50% y del 49%. Asimismo, se observa una reducción media de 1,7 visitas ambulatorias de urología en el año posterior a la cirugía y de 2,5 visitas en los dos primeros años tras el alta, lo que supone disminuciones del 44% y del 46%, respectivamente.

En el segundo análisis, centrado en los cambios de productividad asociados a la adopción de cirugía robótica, se utilizan datos agregados a nivel de hospital. A partir de datos de HES se construye un panel longitudinal que incluye el volumen total de cada uno de los tres procedimientos por hospital y año, dando lugar a un panel no balanceado de 173 hospitales. De estos hospitales, 89 realizan únicamente prostatectomía abierta, 30 realizan cirugía abierta y laparoscópica, y 54 realizan las tres intervenciones. La estimación de ganancias potenciales de productividad derivadas del uso de cirugía robótica se apoya en la literatura de funciones de producción y requiere incluir medidas de capital, trabajo, inversión hospitalaria e inputs intermedios. Como medida de capital se utiliza la tasa de ocupación de camas en urología, definida como la ratio entre camas ocupadas y camas disponibles por hospital y año. En términos de productividad, la producción total —medida como el número de intervenciones urológicas realizadas— aumenta con la adopción del robot entre un 21% y un 26%. También se encuentra un aumento del 29% en la productividad laboral en los hospitales que adoptan un robot para prostatectomía (Figura 2).

Figura 2. Productividad laboral entre los hospitales adoptantes (adopter) y no adoptantes (non-adopter) de la tecnología

a) Adopter versus non-adopter

b) Adopter versus non-adopter (with and without laparoscopic)

En conjunto, las ganancias de eficiencia y productividad derivadas del uso de la cirugía robótica parecen ser sustanciales en comparación con los proveedores hospitalarios que no adoptan esta tecnología. Para contextualizar las ganancias estimadas, calculamos los ahorros potenciales derivados de una menor utilización de recursos atribuible a la cirugía robótica, principalmente por la reducción de visitas ambulatorias (−1,7 por paciente) y de la estancia hospitalaria (−1,7 días). En 2018, con 9.536 pacientes y un coste de £105 por visita de seguimiento, esto implicaría un ahorro aproximado de £1,68 millones, mientras que la menor estancia hospitalaria, valorada en £216 por día de ingreso, supondría cerca de £3,58 millones adicionales; en total, unos £5,3 millones, aunque en un sistema con restricciones de capacidad como el NHS estos ahorros pueden no materializarse plenamente y más bien liberar recursos para otros usos. Sin embargo, dado que existe poca evidencia de mejoras clínicas de la cirugía robótica frente a la laparoscopia y que su coste es sustancialmente mayor (£6.462 frente a £4.264 en 2018), el artículo señala que, si las 8.388 cirugías robóticas realizadas ese año se hubieran hecho por laparoscopia, el NHS podría haber ahorrado alrededor de £18,5 millones, una cifra muy superior a los beneficios monetarios directos estimados.

En conclusión, aunque la cirugía robótica parece generar mejoras en eficiencia y productividad (incluida la productividad laboral) en el procedimiento estudiado, sus elevados costes de inversión y la ausencia de un beneficio clínico claro sugieren que, en comparación con la laparoscopia, está lejos de ser coste-efectiva, y no queda claro que las ganancias observadas justifiquen la rápida adopción.

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Durante mucho tiempo, la práctica clínica se ha apoyado casi exclusivamente en indicadores clínicos relacionados con la enfermedad: resultados de la exploración clínica, de analíticas o de pruebas diagnósticas. Todos ellos siguen siendo imprescindibles, pero cada vez resulta más evidente que no son suficientes para entender realmente qué impacto tienen las enfermedades y los tratamientos en la vida de las personas. Dos pacientes con indicadores clínicos similares pueden vivir realidades muy distintas, y esas diferencias no siempre se detectan con una analítica.

En este contexto, la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) ha ido ganando protagonismo como una dimensión central tanto en la investigación como en la práctica clínica. No se trata de sustituir los indicadores clásicos, sino de complementarlos con la perspectiva del paciente: su nivel de energía, su capacidad funcional, su bienestar emocional, su rol social. Medir estos aspectos permite afinar la evaluación clínica, mejorar la comunicación médico-paciente y, además, aportar información clave para la toma de decisiones en el ámbito de la gestión sanitaria.

Aquí es donde entran en juego los cuestionarios validados de calidad de vida, herramientas estandarizadas que convierten percepciones subjetivas en datos comparables y útiles. Entre los más conocidos se encuentran los proporcionados por la Universidad de Sheffield: el SF-36 y su versión abreviada de 12 preguntas, el SF-12, o el SF-6Dv2; o los proporcionados por EuroQol: el EQ-5D-5L o su versión con menos respuestas, el EQ-5D-3L. Todos ellos se utilizan ampliamente en estudios clínicos, en investigación en servicios de salud y en evaluaciones económicas, ya que permiten estimar los valores de utilidad que se emplean para calcular los años de vida ajustados por calidad (AVAC), la métrica de referencia en los análisis coste-utilidad.

Fuente: Elaboración propia.

Pero una pregunta persiste en muchos equipos clínicos y de investigación: ¿da realmente igual usar uno u otro? ¿Es el SF-12, más corto y manejable, un sustituto perfecto del SF-36? o ¿estamos sacrificando información relevante cuando optamos por el cuestionario breve? Una investigación reciente realizada en pacientes españoles con insuficiencia renal ofrece pistas muy interesantes para responder a estas cuestiones.

• ¿Por qué medir la CVRS en insuficiencia renal es especialmente importante?

La enfermedad renal crónica es un buen ejemplo de por qué los indicadores clínicos clásicos no bastan. Fatiga persistente, limitaciones físicas, alteraciones del sueño, impacto psicológico. Muchos de estos aspectos pesan tanto o más que algunos desenlaces clínicos a la hora de definir cómo vive el paciente su enfermedad.

En este tipo de patologías, donde el objetivo no siempre es “curar”, sino mejorar el bienestar, medir la CVRS no es un añadido opcional, sino una necesidad. Permite monitorizar la evolución, evaluar el impacto real de distintas estrategias terapéuticas y detectar problemas que de otro modo quedarían invisibles en la consulta.

Además, desde el punto de vista de la economía de la salud, las enfermedades crónicas concentran gran parte del gasto sanitario. Incorporar medidas de CVRS posibilita ir más allá del coste por evento evitado y avanzar hacia análisis que integran cantidad y calidad de vida, algo imprescindible cuando se comparan intervenciones que no siempre prolongan la supervivencia, pero sí pueden transformarla.

• Un estudio español que pone a prueba al SF-12 y al SF-36

Con este trasfondo, nuestro grupo de investigación (ECOHEALTH), realizó un estudio en 149 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada atendidos en un servicio de Nefrología en España. A todos ellos se les administraron las versiones v2 del SF-12 y el SF-36, junto con el EQ-5D-5L, con dos objetivos claros:

1. comparar las propiedades psicométricas de SF-12 y SF-36, y
2. analizar su intercambiabilidad a la hora de obtener utilidades para realizar análisis coste-utilidad.

Las propiedades psicométricas —consistencia interna, efectos techo y suelo, validez de constructo y poder discriminatorio— son, en esencia, la “prueba de calidad” de un cuestionario. Indican hasta qué punto mide bien lo que pretende medir, si es capaz de diferenciar entre distintos estados de salud y si evita agrupar artificialmente a muchos pacientes en el nivel más alto o bajo.

Fuente: Elaboración propia.

• SF-36: más largo, pero también más fino

Los resultados fueron bastante consistentes. Ambos instrumentos mostraron un comportamiento adecuado para evaluar la CVRS en esta población, pero el SF-36 salió mejor parado en prácticamente todos los indicadores.

Este cuestionario presentó menor efecto techo, es decir, menos pacientes concentrados en el nivel máximo de salud, algo especialmente importante en poblaciones con enfermedad crónica, donde se buscan instrumentos sensibles a pequeños cambios. Mostró también mayor consistencia interna, lo que indica que sus dimensiones captan de forma más coherente los distintos aspectos del estado de salud. Además, obtuvo mejores resultados en validez convergente y en poder discriminatorio, reflejando una mayor capacidad para distinguir entre pacientes con diferentes perfiles clínicos.

Fuente: Elaboración propia.

Dicho en términos sencillos: el SF-36 ofrece una fotografía más detallada y nítida de la calidad de vida del paciente. No solo dice si está “mejor” o “peor”, sino que ayuda a entender en qué dimensiones concretas se producen los cambios.

• ¿Y qué pasa cuando pasamos de la clínica a la economía?

Desde el punto de vista clínico, estas diferencias ya son relevantes, pero cobran aún más importancia cuando entramos en el terreno de la evaluación económica.

A partir de SF-12 y SF-36 pueden derivarse utilidades que se utilizan en el cálculo de los AVAC. Las utilidades son indicadores -resumen de CVRS- cuyos valores pueden presentar un rango entre 0 y 1 (en algunos casos, incluso valores negativos), donde 0 es la peor CVRS (comúnmente asociada al estado muerte) y 1, la mejor. En este estudio, los valores medios fueron muy parecidos: 0.676 para SF-12 y 0.669 para SF-36. Además, el nivel de acuerdo fue alto (coeficiente de correlación de concordancia de 0.817), lo que a primera vista podría sugerir que ambos instrumentos son prácticamente equivalentes.

Sin embargo, el análisis más fino reveló un matiz crucial: existía un 20% de inconsistencias entre ambos cuestionarios. Es decir, en uno de cada cinco pacientes, la utilidad estimada difería lo suficiente como para cambiar su posición relativa o, potencialmente, influir en los resultados de un análisis coste-utilidad.

Fuente: Elaboración propia.

Esto tiene implicaciones importantes. Cuando se comparan tratamientos, programas o tecnologías sanitarias, pequeñas diferencias en utilidades pueden inclinar la balanza a favor de una u otra intervención. Por tanto, la elección del instrumento no es neutra. Aunque SF-12 y SF-36 estén correlacionados, no son perfectamente intercambiables.

• ¿Qué puede extraer un clínico de todo esto?

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿qué aporta todo esto a la práctica clínica diaria?

Primero, un mensaje claro: medir CVRS con instrumentos validados aporta información relevante y útil que no se obtiene por otras vías. Permite objetivar percepciones, seguir la evolución del paciente, detectar áreas problemáticas y evaluar el impacto real de nuestras decisiones clínicas. En este contexto, nuestro grupo de investigación recomienda siempre pasar un cuestionario de CVRS específico de la patología que presente el paciente; y otro genérico basado en preferencias como el SF-12, el SF-36 o el EQ-5D.

Segundo, que no todos los cuestionarios son iguales. Y esto no solo sirve para el SF-12 y el SF-36, objeto de este estudio. Otro estudio, publicado en The European Journal of Health Economics por nuestro grupo de investigación (ECOHEALTH), reveló que las utilidades derivadas de SF-36 y las derivadas de EQ-5D-3L tampoco son intercambiables. Y lo mismo ocurre en otro estudio que tenemos pendiente de publicación que analiza el EQ-5D-3L y el EQ-5D-5L.

Tercero, que la brevedad también tiene valor. El propio estudio concluye que, aunque se aconseja emplear el SF-36 siempre que sea posible por su mayor solidez psicométrica, el SF-12 es una alternativa perfectamente factible cuando el tiempo es limitado. En consultas saturadas, unidades con alta carga asistencial o proyectos donde la CVRS no es el desenlace principal, disponer de un instrumento corto y validado puede marcar la diferencia entre medir… o no medir. Por ello, el EQ-5D o el SF-6Dv2, recientemente desarrollado, aunque aún no validado para España, constituyen una buena opción por tratarse de cuestionarios cortos con 5 y 6 preguntas, respectivamente.

• De la investigación a la consulta

Uno de los grandes retos es trasladar estos instrumentos fuera del ámbito estrictamente investigador. Integrarlos en la práctica clínica requiere cambios organizativos, formación y, sobre todo, convicción de que aportan valor.

Pero las ventajas son claras. Incorporar cuestionarios de CVRS permite:

• Enriquecer la historia clínica con información sistemática del paciente,
• Monitorizar de forma más completa la evolución,
• Mejorar la comunicación clínica,
• Identificar precozmente problemas funcionales o emocionales, y
• Generar datos útiles tanto para la gestión clínica como para la evaluación económica.

En patologías crónicas como la insuficiencia renal, donde el tratamiento acompaña al paciente durante años, estos instrumentos pueden convertirse en aliados para orientar decisiones, priorizar recursos y evaluar programas.

• Más allá de los números

A veces, hablar de utilidades y AVAC puede sonar excesivamente técnico o lejano a la práctica clínica, pero conviene recordar que detrás de cada decimal hay algo profundamente humano: la capacidad de caminar sin fatiga, de dormir bien, de mantener relaciones sociales, de conservar autonomía.

Medir la CVRS no es burocracia, es una forma de escuchar sistemáticamente al paciente y de incorporar su experiencia a la toma de decisiones.

En definitiva, si queremos avanzar hacia una medicina más centrada en la persona y hacia sistemas sanitarios más eficientes, necesitamos medir lo que realmente importa. Y la CVRS, sin duda, importa.

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Presentación de Bárbara Bretones

Cuando recibí la confirmación de que mi trabajo “Evaluación de la Educación Sexual en adolescentes: estudio preliminar basado en datos del programa DiverXas360º” había sido aceptado por el Comité Científico para su presentación en el XIV Taller EvaluAES, sentí una mezcla de ilusión, responsabilidad y vértigo. EvaluAES no es un espacio cualquiera: es un punto de encuentro de referencia para profesionales que intercambian conocimientos y reflexionan de manera rigurosa sobre cómo medir, interpretar y mejorar las políticas y los servicios de salud.

Presentar allí suponía un reto importante para mí. Soy educadora social y afrontar ese ejercicio en un contexto con profesionales de análisis de datos me generaba una sensación evidente de inseguridad, pero también la convicción de que era un paso necesario para seguir fortaleciendo el programa.

La organización donde trabajo, ACCAS, es la única entidad especializada en el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en Cantabria, y una de las pocas que ofrece servicios de educación afectivo-sexual dirigidos a jóvenes. Desde 1993 apostamos por la educación sexual como herramienta clave para el bienestar emocional, físico y social, y para construir una sociedad más igualitaria y libre de discriminación. De ahí nace DiverXas360º, un programa de seis sesiones que se adapta a la realidad de cada grupo desde una perspectiva biopsicosocial de la sexualidad.

Desde hacía tiempo que queríamos poner cifras a lo que veníamos viendo cada día: que la educación sexual no solo evita infecciones de transmisión sexual (ITS) o embarazos no planificados, sino que también forma la base de relaciones con dinámicas saludables y que ayuda a prevenir la violencia. Tras meses diseñando cuestionarios claros para adolescentes pero sólidos para la evaluación, en el curso 2023-2024 llevamos a cabo el programa en distintos centros educativos de nuestra comunidad, llegando a 570 jóvenes de entre 14 y 17 años.

Queríamos entender de manera concreta qué educación sexual recibían, qué sabían y qué desconocían, qué silencios arrastraban y cuáles eran las consecuencias de esa falta de formación. Nuestro objetivo era medir el impacto real del programa, detectar áreas prioritarias y, sobre todo, aportar evidencia que respalde la necesidad de una educación afectivo-sexual estable y obligatoria en el sistema educativo.

A medida que se acercaba la presentación, me volvió la inquietud: cómo hablar de educación sexual en un espacio tan técnico sin perder lo esencial. Mi objetivo fue claro: mostrar datos sólidos sin olvidar que detrás hay adolescentes, preguntas no dichas y realidades que necesitan ser escuchadas. Intenté construir una presentación honesta, en la que el programa y la metodología estuvieran claras, pero también la parte humana. No quería que el DiverXas360º apareciera como un proyecto más entre muchos, sino como una intervención viva, necesaria y transformadora.

Finalmente, presentar el trabajo en el XIV Taller EvaluAES fue una experiencia profundamente enriquecedora. El tiempo pasó casi sin darme cuenta y, a medida que avanzaba la exposición, tuve la sensación de que el tema despertaba un interés especial, en parte porque se alejaba de las presentaciones previas. Pude mostrar cómo el desconocimiento del público juvenil está estrechamente ligado a la ausencia de formación previa, a la influencia del contenido pornográfico, a la falta de información sobre el propio cuerpo, los métodos preventivos y anticonceptivos, las ITS, y a la dificultad para hablar de sexualidad en el entorno familiar. Al mismo tiempo, los resultados de los cuestionarios post test y de satisfacción mostraron que, tras la intervención, hubo un impacto significativo en la mejora de la educación sexual de los y las participantes, no solo en el aumento de conocimientos, sino también en cambios en actitudes, habilidades y percepción del riesgo.

Imagen: Presentación de Bárbara Bretones

Lo más enriquecedor llegó después: el debate posterior, las preguntas del público y los comentarios de mi comentarista -Carlota Las Hayas- fueron, sin duda, el verdadero regalo. Su mirada externa me permitió descubrir aspectos que, por estar tan “dentro” del programa y por desconocimiento, había pasado por alto.

Y la validación profesional también fue una de las partes más significativas de la experiencia. Sentir que nuestro trabajo social encajaba, que tenía un lugar legítimo y que dialogaba de igual a igual con evaluaciones sanitarias reconocidas.

Así que salí del Taller con varias certezas:

1. Nuestro programa tenía un impacto real.
2. La evaluación debía seguir creciendo y siendo nuestra guía.
3. Esta evaluación preliminar era solo el principio de un camino más profundo.

Participar en XIV Taller EvaluAES no fue solo presentar un trabajo. Fue compartir un camino, abrir un diálogo y recibir un impulso para seguir investigando, mejorando y defendiendo la importancia de la educación sexual basada en evidencia.

Cometarios de Carlota Las Hayas

DiverXas360º llega a las aulas cuando, en demasiados casos, la educación sexual ya la están impartiendo el silencio y la pornografía. El estudio preliminar de ACCAS en 11 centros de Cantabria (674 adolescentes) ofrece una fotografía nítida: un 28,3% nunca había recibido educación sexual; el 63% tenía conocimientos muy básicos sobre ITS y anticoncepción; y el 71% decía no tener conocimientos sobre VIH. Casi 2 de cada 10 jóvenes de 14–17 años habían iniciado relaciones y, en un tercio de esos casos, no se utilizó ningún tipo de protección. Uno de cada cuatro consume pornografía con frecuencia u ocasionalmente, y una proporción similar relata presiones o dificultades para poner límites.

Si leemos este trabajo con lentes de evaluación, aparecen tres aciertos claros. El primero es de enfoque: no se limita a “informar”, sino que entrena competencias (consentimiento, autocuidado, conversación, acuerdos y negociación de protección), alineando educación y salud pública desde una mirada de derechos. El segundo es pedagógico: metodología participativa y facilitadora cercana, con una aceptación poco habitual en un tema politizado y sensible (el 92% lo recomendaría; el 81,4% valora como muy útil la información). El tercero es de mecanismo: el programa refuerza la autoeficacia —esa sensación de “puedo hablarlo, puedo poner límites, puedo cuidarme”— que suele ser un motor real del cambio.

Los resultados post-taller encajan con esa lógica: el 80,6% declara haber mejorado de forma relevante en conocimientos sobre anticoncepción y prevención de ITS; el 63,9% se siente más seguro para hablar sobre sexualidad; seis de cada diez dicen que aplicarán lo aprendido en su vida cotidiana; y el 78,3% afirma que usará siempre preservativo. Aun así, persiste un punto ciego resistente: el 33,4% mantiene estigma hacia el VIH, recordándonos que modificar actitudes requiere estrategias más específicas, sostenidas y quizá adaptadas por perfiles.

Como agenda de mejora, dos frentes parecen especialmente fértiles. Primero, robustecer la atribución: un diseño pre–post sin grupo control deja abiertas explicaciones alternativas (maduración, clima escolar, deseabilidad social). Un grupo comparación por centros o un diseño escalonado permitiría estimar el impacto atribuible. Segundo, afinar la medición y el seguimiento: instrumentos validados, ítems equivalentes pre/post, fiabilidad reportada, análisis de pérdida muestral (de 570 en pre-test a 474 en post-test) y seguimiento a 3–6 meses.

Imagen: Intervención de Carlota Las Hayas

Cierro con una idea clave: educar en sexualidad no es solo prevenir riesgos; es formar para vivirla con libertad, ética y afecto. DiverXas360º no solo informa: abre conversación, humaniza y orienta hacia el cuidado mutuo. En una sociedad hipersexualizada y desorientada, eso ya es —en sí mismo— una forma poderosa de prevención.

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La segunda edición del Programa de Mentoría Carlos Campillo consolida el compromiso de AES con la formación y acompañamiento de jóvenes investigadores en economía de la salud, promoviendo el intercambio intergeneracional y la excelencia académica.

Esta segunda edición comenzó en septiembre de 2024, cuando se comunicó la aceptación al programa a los mentores y mentorizados seleccionados. En diciembre de ese mismo año, el equipo coordinador de AESEC realizó el matching de las ocho parejas participantes —una cifra similar a la primera edición— atendiendo, en la medida de lo posible, a las afinidades temáticas y profesionales entre ambas partes.

Durante el mes de abril de 2025 se llevó a cabo una sesión de seguimiento con todos los participantes. El encuentro permitió evaluar la marcha del programa, conocer la frecuencia y formato de las reuniones entre mentores y mentorizados, así como recoger sugerencias para futuras ediciones. El clima de diálogo fue muy positivo: los asistentes coincidieron en el valor de la experiencia y manifestaron su interés en abrir el debate a la comunidad AES en un entorno más amplio.

Fruto de esa propuesta, AESEC organizó una sesión específica sobre el Programa de Mentoría Carlos Campillo en el marco de las XLIV Jornadas AES, celebradas en Madrid del 18 al 20 de junio de ese mismo año. En este espacio participaron mentores, mentorizados y nuevos interesados en sumarse a la iniciativa. Se debatieron posibles mejoras, se compartieron experiencias y se pusieron en común los beneficios de esta relación de acompañamiento profesional. Asimismo, se aprovechó la ocasión para dar a conocer las actividades del grupo AESEC y fomentar la participación en futuras ediciones.

Convocatoria para la III Edición (2025):

Tras el éxito de esta segunda edición, AESEC se complace en anunciar la próxima convocatoria del Programa de Mentoría Carlos Campillo, que se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

• Del 21 al 30 de abril de 2026: convocatoria para captar investigadores/as sénior interesados/as en participar como mentores/as.
• Del 5 al 15 de mayo de 2026: convocatoria para que investigadores/as júnior de AES muestren su interés en formar parte del programa como mentorizados/as.
• 2 de junio de 2026: publicación de la asignación de las mentorías por parte del Comité del Programa.

El Programa de Mentoría Carlos Campillo continúa siendo una pieza clave en el compromiso de AES con la promoción del talento joven y el fortalecimiento de nuestra comunidad científica. Agradecemos la implicación de todos los participantes y animamos a los nuevos miembros a unirse a esta enriquecedora experiencia.

¡Os esperamos!

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Y como el que no quiere la cosa, el grupo EvaluAES le gustaría recordarles que este principio de Declaración Universal de los Derechos del Investigador o Investigadora, sin distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, background, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, permanece vigente en la call for abstracts del próximo XV Taller EvaluAES, que sigue abierta hasta el 17 de noviembre. No sabemos si en 2026 adelantaremos los relojes una vez más, pero lo que sí hemos adelantado es el XV Taller EvaluAES, que el próximo año se celebrará el 6 de febrero en la Universidad de Granada.

Resumen del trabajo (Santiago Royo-Sierra)

En la investigación de servicios sanitarios es fundamental comprender cómo los determinantes sociales y socioeconómicos influyen en la salud de la población y en el desempeño del sistema de salud. Sin embargo, una parte de la información que se necesita para comprender esta relación, que se refiere a la situación socioeconómica de la población de referencia del Sistema Nacional de Salud (SNS), está referida a nivel de área administrativa y no de área sanitaria. Esto es así porque la sanidad se organiza territorialmente en función de la población asignada a un equipo de Atención Primaria, y los límites de referencia de estos equipos no tienen por qué estar sujetos a los límites administrativos territoriales. Es decir, una Zona Básica de Salud (ZBS), unidad mínima de referencia del SNS, puede abarcar varios municipios o referirse sólo a un barrio o a una parte de un barrio, en función de características de la población (i.e., edad, sexo, densidad de población, ruralidad, dispersión geográfica de núcleos urbanos, etc.)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge sistemáticamente multitud de datos socioeconómicos, caracterizando la población a nivel de sección censal (mínima unidad territorial administrativa de referencia), que podrían reutilizarse para aproximarse a la medición de los determinantes sociales de la salud y contextualizar la evaluación del desempeño de los servicios sanitarios. Iniciativas como Mortalidad en áreas pequeñas de ciudades de España y Desigualdades socioEconómicas y medioAmbientales (MEDEA) han reconocido el valor de esta información para evaluar el estado de salud de la población, proponiendo el cálculo de un índice de privación a nivel municipal para toda la población española. Esta información socioeconómica —ya sea en forma de índice sintético o como variables independientes de nivel de renta, nivel educativo, etc.— tiene un especial interés para la evaluación de la equidad de acceso al sistema sanitario y para la evaluación del desempeño de los servicios sanitarios. El problema que plantea la reutilización de esta información es la incompatibilidad de sus unidades geográficas de referencia. El INE publica sus datos a nivel de sección censal, mientras que la gestión de la Atención Primaria en España se articula en torno a las ZBS. Esta desalineación geográfica (Figura 1), cuestión estudiada a profundidad en el área de la geoestadística y descrita en el artículo de Zhukov et al. (2023), impedía la conexión directa de ambas fuentes de información, un desafío que nuestro reciente trabajo en Gaceta Sanitaria trata de superar.

Figura 1. Ejemplo real de desalineación entre sección censal (área roja-mapa INE) y zona básica de salud (área gris-mapa Atlas VPM).

La solución: un método robusto para la asignación de datos

Nuestro estudio propuso un método riguroso para reconstruir las ZBS a partir de las secciones censales del INE. El proceso, que se detalla en el artículo producto de este trabajo, implicó la alineación, asignación e integración de más de 36 000 secciones censales en las 2405 ZBS del territorio español mediante 7 pasos, empleando los mapas digitales del INE 2022 y Atlas Variaciones en la Práctica Médica (VPM) 2018. Así, convertimos cada polígono de cada sección censal en un punto (centroide) para asignarlas a cada ZBS en una relación de sección censal a ZBS de N:1. A continuación, validamos dicha asignación con un mínimo del 95% del área de la sección contenida en la de la ZBS (Figura 2) y reconstruimos los nuevos límites de las ZBS a partir de los límites de las secciones censales asignadas a ella (Figura 3).

Figura 2. Ejemplo real de sección censal (área roja-mapa INE) asignada a zona básica de salud (área gris-mapa Atlas VPM) superando el 95% del umbral del área.

Figura 3. Ejemplo real de la reconstrucción de los nuevos límites de una zona básica de salud (derecha) a partir de los límites de las secciones censales (izquierda-mapa INE) que se le han asignado.

La clave del éxito del método fue su alta eficiencia: la asignación programática logró ubicar el 99.7% de las secciones censales de manera automática (solo diez secciones censales requirieron ser asignadas de forma manual), con más de un 93% de las mismas superando el umbral de solapamiento del 95% del área.

Para validar el proceso de asignación de sección censal a ZBS comprobamos que la distribución de renta neta individual entre las ZBS reconstruidas a partir de las secciones censales era consistente con la distribución original. Para ilustrar estos resultados mostramos los quintiles de renta neta media (€) per cápita en el nuevo mapa de ZBS del SNS (Figura 4).

Figura 4. Distribución (quintiles) de la media de renta neta media per cápita por zonas básica de salud (ZBS) para el Sistema Nacional de Salud en España en 2022. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Atlas de distribución de la renta de los hogares.

Utilidad e implicaciones para la toma de decisiones

La principal contribución de este trabajo es la creación de un recurso analítico de gran valor para la investigación y la formulación de políticas. Al integrar la información socioeconómica en las ZBS se habilita una nueva capacidad para modelar o ajustar la influencia de los determinantes sociales en la equidad y eficiencia del sistema de salud.

Este nuevo mapa permite a los investigadores analizar y evaluar:

• La variación geográfica de la salud y el uso de servicios sanitarios en relación con el nivel socioeconómico de cada área;
• El impacto de las características sociodemográficas de la población en el acceso a los servicios sanitarios;
• El impacto de las políticas sanitarias en la reducción de las desigualdades en salud.

Además, el método propuesto ha sido diseñado para ser fácilmente reproducible y adaptable a futuras actualizaciones tanto de los mapas de secciones censales como de las ZBS. El código y los materiales utilizados están disponibles bajo una licencia de código abierto (CC-BY 4.0 International) en un repositorio de GitHub, fomentando la transparencia y la colaboración en la comunidad científica.

En esencia, esta solución proporciona un método robusto y fiable que conecta de forma sistemática datos socioeconómicos y sanitarios, sentando las bases para una investigación más precisa y una toma de decisiones más informada. Esperamos que este recurso fomente la inclusión de la perspectiva socioeconómica a gran escala en la investigación en servicios de salud, contribuyendo a la mejora del sistema y a la promoción de la equidad. Desde este foro animamos a todos los lectores a echar un vistazo al repositorio y a utilizar las herramientas que proporcionamos para sus futuras investigaciones en este ámbito.

Santiago Royo-Sierra (Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, IACS), presentando su trabajo en el pasado XIV Taller EvaluAES en Santander.

Comentarios (Olga de Cos Guerra)

La aportación referida supone una contribución de interés en cuatro ejes fundamentales. El estudio destaca, en primer lugar, por su aportación metodológica, ya que los autores plantean una pasarela metodológica automatizada, actualizable y exportable para la asignación de datos estadísticos referidos a una unidad censal (sección) que se trasvasan a la unidad de gestión sanitaria (ZBS). En segundo lugar, este estudio supone una aportación destacable si se contextualiza en la Estrategia Nacional de Salud Pública (2022), que incorpora referencias a la importancia de los determinantes sociales de la salud para la equidad en materia sanitaria. Así, el estudio comentado presenta puntos de convergencia con el artículo de C. Bentué e I. Quílez (2023) donde los autores armonizan datos sociodemográficos a nivel de ZBS, mediante un método de solape espacial hasta generar un índice sintético de vulnerabilidad social para las unidades elementales de gestión sanitaria de las comunidades autónomas españolas.

Olga de Cos Guerra (Universidad de Cantabria), comentando el trabajo en el pasado XIV Taller EvaluAES en Santander.

Paralelamente, el reto de la equidad en salud se encuentra, con frecuencia, dificultado por las circunstancias asociadas al cambio demográfico y social, con poblaciones que experimentan un proceso de envejecimiento que puede derivar en necesidades especiales en determinadas áreas de detalle (como barrios en centros urbanos). En este contexto, disponer de los datos censales armonizados a nivel de unidad sanitaria abre importantes oportunidades de análisis y diagnóstico sociodemográfico que pueden ayudar a la prevención y a la gestión de recursos con base en las necesidades reales con perspectiva multiescalar. De este modo, se pone en valor otro aspecto del estudio comentado, el cual es su interés para la prevención y gestión, en línea con el concepto de geoprevención para avanzar en estrategias diferenciadas espacialmente que contribuyan al diseño de actuaciones más eficaces (De Cos et al., 2021).

Si la investigación y la transferencia van necesariamente de la mano, y se retroalimentan sinérgicamente, esta contribución –alineada con la apertura de datos geográficos a la sociedad iniciada con la Directiva INSPIRE (2007/CE)– comparte su base cartográfica armonizada con la comunidad bajo licencia de código abierto en el repositorio GitHub del grupo de investigación Data Science for Health Services and Policy. A partir de esta base cartográfica, la comunidad podrá avanzar en la investigación sociodemográfica de las unidades de gestión sanitaria, integrando la capa en un entorno de sistemas de información geográfica (SIG) y poniendo en marcha los geoprocesos y operaciones de análisis espacial para el avance, a partir de lo que la contribución comentada aporta.

Para terminar, cabe destacar que este trabajo fue también presentado en las XLIV Jornadas AES, celebradas en junio de 2025 en Madrid, y obtuvo el premio a la mejor comunicación oral.

Santiago Royo-Sierra siendo premiado por la mejor comunicación oral. XLIV Jornadas AES.

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Hoy en día, se promueve la ampliación de estas bajas y su equiparación entre ambos progenitores para avanzar en la igualdad de género tanto en el mercado laboral como en el hogar. No obstante, sus efectos pueden ir más allá, influyendo en la composición y toma de decisiones del hogar, así como en aspectos como el cuidado infantil, la fertilidad y la salud. La Beca de Investigación en Economía de la Salud y Servicios Sanitarios 2024, otorgada por la Asociación de Economía de la Salud en colaboración con Novartis, financió un proyecto cuyo objetivo era estudiar estas dinámicas.

Contexto

Este proyecto aprovecha la implementación escalonada de la baja de paternidad en España para estudiar sus efectos en materia de salud. En abril de 2007 se introdujo una baja de paternidad exclusiva para padres de niños nacidos a partir del 24 de marzo de ese año. Esta consistía en 14 días completamente remunerados, bajo un modo de “use-it-or-lose-it”: si el padre no hacía uso de ella, el hogar perdía el derecho. Para acceder, los padres debían estar empleados o buscando activamente empleo y cumplir con un mínimo de cotización. La baja debía tomarse durante las dos semanas inmediatamente posteriores al parto, coincidiendo con las primeras semanas de la baja de maternidad, que desde 1989 era de 16 semanas (seis obligatorias tras el parto, y las diez restantes con posibilidad de compartir con el padre dentro del primer año de vida del bebé).

La baja de paternidad se amplió en sucesivas reformas. En 2017 se extendió a cuatro semanas, de uso continuo y simultáneo con la madre; en 2018 se añadió una quinta semana; en 2019 la duración aumentó a ocho semanas con dos obligatorias tras el parto y las seis restantes disponibles antes del primer año. En 2020, el permiso se amplió a 12 semanas, con cuatro obligatorias inmediatamente después del parto. Finalmente, en 2021, se igualaron los permisos de ambos progenitores a 16 semanas, con seis obligatorias tras el nacimiento y el resto disponibles durante el primer año. La Figura 1 resume esta evolución.

Gráfico 1. Cambio en los permisos de paternidad y maternidad en España a lo largo del tiempo, expresados en semanas. La línea discontinua representa los derechos de la baja de maternidad, y la línea continua, los de baja de paternidad. Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar que, mientras la introducción de las dos semanas en 2007 no fue anunciada con antelación, las ampliaciones posteriores sí lo fueron, lo que podría haber dado lugar a comportamientos estratégicos en los nacimientos. Sin embargo, los análisis realizados no encuentran evidencia al respecto.

¿Se acogen los padres a la baja?

Antes de que existieran permisos exclusivos para el padre, solo el 2% de los padres hacía uso de las semanas transferibles, totalmente remuneradas, que la madre podía cederle. Tras la introducción de dos semanas exclusivas en 2007, la tasa de uso aumentó al 40 %. Con la ampliación a un mes en 2017, más del 60 % de los padres se acogieron a la baja. Finalmente, en 2021, con 16 semanas para cada progenitor, el 80 % de los padres utilizaron el permiso, igualando la tasa de uso de las madres, que se mantuvo estable durante todo el periodo (Gráfico 2).

Gráfico 2. Prestaciones por permiso parental como proporción de los nacimientos. La línea continua representa los permisos de baja de paternidad, la línea punteada indica las prestaciones para padres que reclaman periodos compartidos de la baja de maternidad, y la línea discontinua refleja las prestaciones de baja de maternidad. Las áreas sombreadas señalan las reformas. Los datos son anuales antes de 2010 y mensuales a partir de entonces. Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Estadísticas de la Seguridad Social.

¿Son suficientes dos, cuatro o doce semanas?

Las bajas de paternidad pueden actuar como una señal de un Estado que impulsa una “paternidad activa”, promoviendo nuevas dinámicas dentro del hogar. Esto puede transformar normas sociales, la organización familiar y el reparto de tareas. Por ello, se espera que su impacto se prolongue más allá de la duración del permiso, con posibles repercusiones en la fertilidad, las trayectorias laborales y el desarrollo infantil. En el caso español, la evidencia apunta a consecuencias duraderas: una distribución más equitativa de las tareas domésticas, adolescentes con normas de género más igualitarias y decisiones profesionales menos estereotipadas entre quienes crecieron en hogares donde el padre pudo acogerse a la baja.

¿Qué vemos en los nacimientos?

En España, estudios previos ya han mostrado que la introducción de la baja de paternidad afectó a la fertilidad: las familias beneficiadas tienden a retrasar el siguiente nacimiento, lo que se traduce en una caída de la fertilidad entre madres de mayor edad, con un impacto más pronunciado en parejas con diferencias de ingresos intermedias entre ellos. Sin embargo, dado que las políticas de paternidad pueden inducir cambios sociales y de comportamiento, sus efectos sobre la fertilidad podrían tardar en manifestarse. Por ello, más allá de los efectos sobre quienes tuvieron un hijo en torno a la introducción de la baja (efectos inmediatos), analizamos cómo evolucionan los nacimientos entre todas las parejas que tuvieron un hijo tras la implementación de cada reforma y cómo estos efectos cambian a lo largo del tiempo.

Utilizando técnicas de control sintético para series temporales y registros de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística, construimos contrafactuales de la fertilidad, medida como el número de nacimientos por cada 1000 mujeres, en ausencia de estas políticas. En conjunto, no observamos un efecto agregado sobre la tasa de nacimientos por cada mil mujeres de 16 a 44 años. En cambio, sí hallamos aumentos de fertilidad entre madres ocupadas y no primerizas, especialmente tras la implementación inicial de la política, con efectos que persisten hasta dos años después. Estos resultados se alinean con la literatura previa que no encuentra efectos agregados (como en los estudios de Cools et al o Duvander et al), pero sí efectos heterogéneos, como incrementos en terceros nacimientos.

La identificación de grupos más sensibles sugiere que las políticas de apoyo a la natalidad podrían ser más efectivas si se dirigen a quienes enfrentan mayores costes, por ejemplo, en lo relativo a la conciliación laboral. A su vez, la ausencia de efectos sobre las madres primerizas podría apuntar a la necesidad de complementar estas medidas con subsidios para el cuidado infantil, otros incentivos financieros o mejoras en la flexibilidad laboral. Estos hallazgos resultan especialmente relevantes en España, donde la tasa de fecundidad se sitúa por debajo de la media europea y del nivel de reemplazo generacional.

¿Cómo afecta a la salud de los niños?

Existe amplia evidencia sobre la influencia del entorno durante la infancia en el bienestar infantil y sus resultados a lo largo de la vida. Si bien gran parte de esta literatura se centra en el papel de la madre, la inversión del padre en términos de tiempo ha recibido menos atención. En este estudio, también analizamos el efecto de la baja de paternidad, como proxy de la presencia y tiempo del padre, en la salud infantil.

Para ello, utilizamos registros de atención primaria y aplicamos un enfoque de discontinuidad en diferencias, lo que permite aislar el efecto de la política frente a otros factores estacionales que afectan a la salud infantil, como la composición de nacimientos por mes, el calendario escolar o la temporada de gripe.

Los resultados muestran una reducción del 8% en los diagnósticos médicos, y del 9% en el caso de infecciones, especialmente respiratorias (Gráfico 3). Este efecto se concentra en el primer año de vida, en hogares con renta por debajo de la mediana y tras reformas que ampliaron la baja a un mes y tres meses. Un posible mecanismo detrás de esta reducción es la sustitución del cuidado formal (como guarderías) por un mayor cuidado parental, lo que reduce la exposición a entornos donde las infecciones se propagan con facilidad.

Gráfico 3. Efecto de la implantación del permiso de paternidad de 12 semanas. Cada indicador corresponde al número de visitas, prescripciones o diagnósticos acumulados hasta las distintas edades. Fuente de datos: Base de Datos Clínicos de Atención Primaria (BDCAP) 2011-2022.

Estas caídas en los diagnósticos, especialmente en los primeros años, resaltan que las políticas que promueven la implicación del padre pueden tener efectos más duraderos que la propia duración de la baja. En concreto, afectan al entorno en el que crecen los niños, con posibles implicaciones sobre su salud futura y su desarrollo de capital humano.

¿Qué pasa con las madres?

En eso estamos. El objetivo es evaluar si la presencia del padre tras el nacimiento, favorecida por la baja, influye en la salud materna. Este efecto podría producirse a través de un reparto más equilibrado en las tareas del hogar, el cuidado y el trabajo entre progenitores, o bien por el acompañamiento y los cambios en el coste de oportunidad de buscar asistencia médica. Para ello, seguimos a las madres durante los primeros nueve meses tras el parto y analizamos sus visitas a atención primaria, diagnósticos recibidos, derivaciones a especialistas y prescripción de medicación. Los resultados aún están en proceso.

Por último, destacar que la financiación de la Beca AES ha sido fundamental para llevar a cabo esta investigación.

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Los prospectos que acompañan a los medicamentos suelen pasar desapercibidos o ser considerados simplemente como un requisito legal. Sin embargo, ¿podrían tener un valor intrínseco para los ciudadanos más allá de la información clínica? Esta es la cuestión que aborda el estudio titulado  The Intrinsic Value of the Information Contained in Medicine Leaflets, recientemente galardonado con el premio Alexandre Pedrós al mejor artículo publicado en Hacienda Pública Española / Review of Public Economics en el año 2024.

El trabajo, firmado por José María Abellán-Perpiñán, Fernando-Ignacio Sánchez-Martínez, Jorge-Eduardo Martínez-Pérez y Jorge-Luis Gómez-Torres, de la Universidad de Murcia, utiliza la metodología de la valoración contingente para estimar cuánto estaría dispuesta a pagar la población por recibir información cuantitativa clara y comprensible sobre la eficacia y los efectos adversos de un medicamento. Esta técnica, basada en encuestas, permite asignar un valor monetario a bienes no comercializados, como la calidad de la información sanitaria.

¿Por qué valorar el prospecto?

La teoría económica estándar suele centrarse en los resultados tangibles de una intervención sanitaria, como los años de vida ganados. Sin embargo, autores como Donaldson y Shackley (1997) han argumentado que las características del «proceso», como la forma en la que se transmite la información, también generan utilidad. El prospecto, en este sentido, representa un canal clave de comunicación que puede mejorar la percepción del tratamiento y fomentar la adherencia. Comunicar riesgos de forma comprensible y visual, en especial mediante frecuencias naturales, puede reducir la percepción errónea de los efectos adversos e incrementar la confianza del paciente.

Diseño del estudio

El estudio diseñó una encuesta de valoración contingente administrada a 217 personas adultas en la Región de Murcia. Se compararon dos versiones del prospecto de un medicamento hipotético (un anticoagulante): una tradicional (figura 1) y otra, presentada como un folleto complementario al prospecto tradicional, que incluía datos cuantitativos sobre eficacia y riesgos en formatos visuales comprensibles (figura 2), según recomendaciones basadas en la evidencia sobre comunicación de riesgos (Gigerenzer et al., 2007; Yamagishi, 1997; Pinto et al., 2006).

Figura 1. El prospecto tradicional

Figura 2. El folleto complementario

Con el objeto de que los encuestados comprendiesen los beneficios y riesgos de tomar el anticoagulante, se les entregaron unas tarjetas explicativas de lo que representa sufrir un infarto de miocardio y una hemorragia digestiva. La figura 3 muestra la tarjeta utilizada para describir esta última.

Figura 3. Tarjeta explicativa de una hemorragia digestiva

La muestra se dividió en dos grupos. En el grupo 1, los participantes valoraron por separado el medicamento y el folleto adicional, mediante sendas preguntas de disposición a pagar (DAP). La figura 4 muestra el cartón de pagos empleado en este grupo para valorar el folleto adicional. En el grupo 2, en cambio, se realizó una única pregunta de DAP a cada entrevistado, para obtener su valoración conjunta del medicamento más el folleto y, a continuación, se le solicitó que estimara qué porcentaje de su DAP total correspondía específicamente al folleto, utilizando a tal efecto una escala visual analógica de 0 a 100. Esta doble estrategia permitió comprobar la robustez de las respuestas y detectar posibles efectos de elicitación (Tversky et al., 1988), esto es, contradicciones entre dos formas de preguntar lógicamente equivalentes. En las preguntas de DAP se recurrió a un formato mixto, que combinaba un cartón de pagos conteniendo diferentes precios posibles que el entrevistado tenía que aceptar o rechazar, seguido de una pregunta abierta, una vez delimitado un intervalo de posibles cuantías suficientemente reducido.

Figura 4. Cartón de pagos para la valoración de la información sobre riesgos y efectos secundarios (grupo 1)

Principales hipótesis y resultados del experimento

La hipótesis principal del experimento plantea que la disposición a pagar por recibir información cuantitativa sobre la eficacia y los efectos adversos del medicamento será significativamente mayor que cero, lo que evidenciaría que las personas atribuyen a este tipo de información un valor intrínseco.

Los resultados confirmaron esta hipótesis (tabla 1), observándose en ambos grupos una DAP positiva para el folleto adicional. En el grupo 1 dicha DAP se obtuvo directamente, de manera separada, mientras que en el grupo 2 los valores se calcularon aplicando a la DAP conjunta por el medicamento y el folleto el porcentaje atribuido a este último por los encuestados en la escala visual. Los participantes mostraron una DAP significativamente distinta de cero, en términos estadísticos, por recibir información adicional de entre 0,60 € y 1 € al mes, valores comparables con estudios previos como el de Dealy et al. (2021) en Estados Unidos.

Tabla 1. Disposición a pagar (DAP) por el folleto complementario (€)

En el grupo 2, aunque 35 personas declararon un valor nulo por el folleto, el valor medio resultó ser significativamente superior al del grupo 1. Esta diferencia puede explicarse por el formato de respuesta (la expresión de un porcentaje sobre una escala visual), lo que pudo inducir una sobreestimación, debido a cierto grado de imprecisión en las preferencias (DuBourg et al., 1997) o bien como consecuencia de un efecto de atención (Bordalo et al., 2016).

Además, los análisis econométricos mostraron que la DAP se relaciona positivamente con el nivel de ingresos y con la edad (aunque de forma no lineal), lo cual apoya la validez teórica del instrumento utilizado.

Conclusiones

Este estudio pone de relieve el valor económico que los ciudadanos asignan al hecho de disponer de una información clara y comprensible en los medicamentos, y ofrece implicaciones relevantes para reguladores y responsables de políticas sanitarias. En un contexto de creciente preocupación por la alfabetización en salud, integrar herramientas de comunicación más eficaces y adaptadas a las capacidades del paciente se convierte no solo en una cuestión ética, sino también económica.

El estudio contribuye a la literatura sobre la valoración de bienes de no mercado, mostrando que incluso aspectos intangibles como la forma y claridad de la información tienen valor para los ciudadanos. No obstante, el estudio adolece de limitaciones como el tamaño y representatividad de la muestra, así como no haber entrevistado a pacientes reales. También cabe destacar el elevado nivel de anumerismo detectado en nuestra muestra, donde solo un 36% de los entrevistados demostraron poseer habilidades numéricas suficientes como para interpretar correctamente riesgos pequeños; una barrera importante para una comprensión adecuada de la información cuantitativa, ya señalada por García-Retamero et al. (2019), entre otros.

Asimismo, los resultados sugieren que el modo en que se pregunta por el valor de la información puede influir notablemente en las respuestas. Ello invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar metodologías más sólidas y sensibles para capturar las preferencias ciudadanas en materia de información sanitaria. La combinación de métodos de valoración contingente con experimentos de elección discreta podría ser una vía prometedora para investigaciones futuras.

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La eficiencia en el uso del gasto público en salud es crucial para todos los países, especialmente aquellos que, como Chile, enfrentan grandes desafíos en el acceso oportuno y equitativo a la atención sanitaria. Con listas de espera que exceden ampliamente los estándares aceptables, superando los 3 años para ciertas intervenciones quirúrgicas, surge una pregunta esencial: ¿más gasto público implica menos espera?

Contexto: tiempos de espera, pandemia y reorganización sanitaria

El estudio parte de un diagnóstico ampliamente compartido: las demoras en atenciones electivas –programadas o no urgentes– no solo generan frustración ciudadana, sino que también afectan la salud. Estudios indican que estos retrasos se asocian con mayor mortalidad (Martínez et al., 2019) y deterioro general de la salud (Santos-Jaén et al., 2022), especialmente cuando los sistemas no priorizan adecuadamente según gravedad clínica.

Chile destaca negativamente en este ámbito. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile figura entre los países con mayores tiempos medianos de espera para cirugías y con altos porcentajes de pacientes que esperan más de tres meses para cirugías de cataratas, de reemplazo de cadera y de reemplazo de rodilla.

La pandemia de COVID-19 agravó la situación de las listas de espera, obligando a suspender atenciones electivas en favor de las urgencias y provocando retrasos a nivel mundial (Findling et al., 2020).En respuesta, el Ministerio de Salud chileno implementó planes de reactivación que incluyeron un aumento del gasto público destinado a personal y a bienes y servicios, de ahora en adelante “gasto corriente”. A partir de esto surge el objetivo de este trabajo: evaluar si las variaciones en el gasto corriente influyeron en los tiempos de espera en hospitales públicos.

Metodología: una mirada robusta y multidimensional

El análisis se basó en un panel de 124 hospitales públicos entre los años 2019 y 2023. Las variables dependientes fueron el promedio y la mediana de días de espera para cirugías y consultas nuevas de especialidad.

La variable explicativa principal fue el gasto corriente efectivo por hospital, ajustado a precios constantes de 2023. Se incluyeron controles como la estancia media hospitalaria —utilizada como proxy de eficiencia, dado que se espera que hospitales más eficientes presenten una menor duración promedio de hospitalización (Siciliani et al., 2009)—,  además del número de egresos, cirugías y consultas, complejidad quirúrgica, el volumen de atenciones de urgencia y las atenciones realizadas en prestadores privados.

Se utilizaron modelos de mínimos cuadrados ordinarios agrupados y efectos fijos en primeras diferencias (Siciliani et al., 2009; Chen et al., 2015; Brindley et al., 2023), junto con variables dicotómicas por año para captar efectos transversales como la pandemia.

Resultados: el gasto no reduce por sí solo los tiempos de espera

El estudio desafía una de las creencias más comunes en política sanitaria: más gasto implica menos espera. Los resultados muestran que el gasto corriente hospitalario no guarda relación significativa con la variación en los tiempos de espera, ni para cirugías ni para consultas.

Esto sugiere que un aumento del gasto corriente hospitalario por sí solo no es suficiente para reducir las listas de espera, a menos que se apliquen reformas institucionales que alineen el gasto con ese objetivo. El diseño institucional, por tanto, es clave.

Institucionalidad fragmentada: el talón de Aquiles

Una de las principales conclusiones es que esta falta de efecto puede explicarse por la fragmentación institucional del sistema. El Fondo Nacional de Salud (FONASA), institución chilena pública encargada de financiar la red pública de salud, asigna el gasto corriente hospitalario en su conjunto, sin considerar los tiempos de espera en atenciones electivas o programadas como un insumo directo para definir los presupuestos (Figura 1). Por el contrario, la gestión de las listas de espera recae en los hospitales, generando una desconexión entre quién asigna los recursos y quién gestiona el acceso.

Esta falta de alineación institucional introduce distorsiones que debilitan cualquier relación directa que pudiese existir entre gasto corriente hospitalario y los tiempos de espera, además de reducir los incentivos para que los hospitales utilicen los recursos económicos adicionales con el fin de acortar efectivamente dichas esperas.

Figura 1. Flujo de atención, tiempo de espera y gasto hospitalario en Chile.

Fuente: Elaboración propia. FONASA: Fondo Nacional de Salud

La evidencia también respalda que, si se intenta reducir las listas mediante inyecciones puntuales de recursos, sin cambios estructurales, el efecto es temporal: los retrasos reaparecen cuando termina la financiación (Kreindler, 2010).

Lo que sí influye: capacidad operativa y eficiencia

Aunque el gasto corriente hospitalario no resulta determinante, otras variables sí. El número de cirugías realizadas guarda una relación negativa con los tiempos de espera: a mayor actividad quirúrgica, menor demora. Esto apunta a que la capacidad operativa tiene un impacto concreto.

Por el contrario, la estancia media hospitalaria, indicador de eficiencia, muestra una relación positiva: hospitales menos eficientes (esto es, con estancias medias más largas) tienden a tener mayores tiempos de espera, coincidiendo con estudios que vinculan las demoras con problemas de gestión interna (Palter et al., 2020).

Dinámica post-COVID: un fenómeno transversal

Las variables por año revelan que, en 2020, año marcado por la emergencia sanitaria, los tiempos de espera aumentaron significativamente. En cambio, los años 2021, 2022 y 2023 muestran reducciones, lo que sugiere una recuperación paulatina y esfuerzos de coordinación para resolver los casos acumulados que no tendrían relación con las variaciones en el gasto.

Consideraciones adicionales: la oferta privada y la selección de pacientes

El análisis también incluyó el programa “Medicina de Libre Elección”, que permite a beneficiarios de FONASA acudir a prestadores de salud privados. Sin embargo, no se encontró un efecto robusto de su uso sobre los tiempos de espera en los hospitales públicos.

La literatura señala que la coexistencia público-privada puede tener efectos mixtos: en algunos casos alivia la demanda de atención sanitaria pública, en otros, la sanidad privada captura recursos públicos o selecciona pacientes menos complejos, dejando al sector público con los casos más exigentes (Tuohy et al., 2004; Pita Barros & Olivella, 2005).

Implicancias de política: más allá de la financiación

Este trabajo refuerza una lección crucial: la política de salud no puede basarse únicamente en la inyección de recursos económicos, sino que debe considerar el diseño institucional, los incentivos, y las capacidades de gestión. Sin modificaciones en los criterios de asignación presupuestaria, en la priorización clínica y, en la estructura de rendición de cuentas, el aumento del gasto (al menos, el corriente hospitalario) será insuficiente para reducir los tiempos de espera.

Las recomendaciones de este estudio apuntan a fortalecer los vínculos entre la asignación presupuestaria y los indicadores de salud, mejorar la eficiencia operativa y diseñar mecanismos de seguimiento que permitan redirigir recursos en función del desempeño hospitalario.

Existen propuestas que abogan por establecer criterios explícitos de priorización clínica y fijar tiempos máximos de espera (Siciliani & Hurst, 2005). En Chile, sin embargo, ya existe la Ley Nº19.966, que creó el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES), el cual fija plazos garantizados para la entrega de prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de 85 problemas de salud. Al estar estos plazos legalmente definidos, no se generan listas de espera como tales; en su lugar, los retrasos se traducen en “garantías incumplidas”. Por tanto, la discusión actual gira en torno a si ampliar el número de condiciones cubiertas por el GES o bien desarrollar un sistema de priorización paralelo para el resto de las atenciones.

Limitaciones y propuestas futuras

El estudio reconoce ciertas limitaciones. El sistema de información de tiempos de espera comenzó a operar en 2018, por lo que se dispone de pocos años con datos comparables. Además, la base de datos no permite capturar aspectos clave como la priorización clínica, las diferencias entre hospitales o el tipo de patologías. Tampoco incluye factores socioeconómicos de la demanda ni otros efectos cruzados que puedan existir entre los sectores público y privado.

Futuras líneas de investigación deberían contar con una mayor serie temporal e incorporar estos factores ausentes para permitir estimaciones más robustas. También se espera incluir análisis desagregados por tipo de diagnóstico, enfoques territoriales y la evaluación de incentivos financieros específicos sobre la eficiencia y el acceso.

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