El PIB fue una herramienta eficaz para hacer frente a la Gran Depresión, cuando el crecimiento de la producción física era un objetivo necesario. Hoy, más de ocho décadas después, estamos también en crisis, pero los retos son distintos: demografía, desigualdad, descarbonización, digitalización, desempleo. Es necesario y urgente poner el foco en otros objetivos más allá del crecimiento. No se trata tanto de olvidar o sustituir al PIB (medir la producción es esencial pues, entre otros, determina el nivel de empleo) como de rebajar su estatus y complementarlo con nuevos indicadores que orienten y den soporte a las decisiones y reflejen mejor el progreso de nuestras sociedades contemporáneas.

Lo que cuenta el PIB y lo que sería deseable contar

Una broma estándar captura los problemas con el PIB. Comparemos el impacto en el PIB de dos situaciones. Pareja feliz a quienes les gusta cocinar su comida gourmet, usando ingredientes que han cultivado en su jardín, y que pasan la velada leyendo juntos o ensayando en el piano a cuatro manos. La contribución neta al PIB es el valor de unos pocos ingredientes en la comida que tuvieron que comprar y el costo de los libros. Por el contrario, un soltero que consume algo poco saludable en un restaurante de comida rápida, luego marcha a un bar donde bebe en exceso como consuelo para su soledad, visita a una prostituta, y, de regreso, destroza su automóvil mientras conduce, lo que le obliga a completar en taxi la distancia restante. Esta persona infeliz ha contribuido en gran medida al PIB…y al calentamiento global: el costo de restauración, los servicios sexuales, los costos de reparación del automóvil y el taxi a casa entran todos en la contabilidad del PIB.

El PIB solo mide crecimiento en un periodo sin considerar otro elemento fundamental: la riqueza, el stock de recursos de un país. Solo mide transacciones económicas, sin valorar si son beneficiosas para la sociedad o no: actividades contaminantes, corrupción, etc. computan positivamente en el PIB. No siempre computan, sin embargo, actividades necesarias y deseables para la sociedad: desarrollo del talento, cuidados, trabajos domésticos, relaciones sociales. La forma en que se recoge la información para medir el PIB impide capturar la calidad y el efecto de la innovación, al no considerar siquiera la variedad en los productos. Es una medida retrospectiva, registra lo que se ha producido en un periodo anterior, pero no orienta hacia el futuro.

Dasgupta aboga por medir el stock de riqueza, que define como el valor social de las existencias de activos fijos de una economía. Identifica cuatro tipos de riqueza: el capital humano (población, educación, salud, habilidades sociales), el capital producido (infraestructuras, equipos, maquinaria), el capital natural (tierra, atmósfera, recursos hídricos y ecosistemas) y el conocimiento (ciencias, artes y humanidades).

Tener en cuenta la riqueza /stock de capital y no solo el flujo de ingresos que recoge el PIB permite tomar mejores decisiones valorando, además, el impacto de las mismas en las generaciones futuras. Precisamente, el Banco Mundial, en su informe 2018, mide la riqueza de 141 países (considerando los 3 primeros tipos de capital antes mencionados más las posiciones exteriores netas) como medida de sostenibilidad y bienestar a largo plazo. Del informe, cabe destacar que España ha sido uno de los pocos países del mundo (junto a Grecia, Portugal y los países del África subsahariana) en los que la riqueza por cápita ha disminuido entre 1995 y 2014. Es importante señalar que, si bien las expectativas pueden influir en la satisfacción con la vida, lo que es seguro que influirá en los niveles de bienestar en España es su sostenibilidad que vendrá condicionada por la evolución de su capital.

Iniciativas para medir el bienestar

Diversos organismos multilaterales han hecho intentos de medir el bienestar de los países: la ONU, con su Índice de Desarrollo Humano desde 1990, basado en el enfoque de las capacidades –entendiendo que éstas son las que permiten llevar a las personas la vida que deseen- desarrollado por Amartya Sen; la Unión Europea con su Regional Human Development Index, que mide 22 indicadores en 272 Regiones Europeas -que en el caso de España coinciden con las Comunidades Autónomas; la OECD, con su Better Life Index, que ha sido aplicado para España por Herrero et al. Otra contribución es el Social Progress Index (SPI), lanzado en 2013 por la Skoll Foundation y que cuenta con una organización para su promoción. El SPI, publicado anualmente para unos 150 países, analiza 12 indicadores organizados en tres dimensiones: necesidades básicas, bases del bienestar y oportunidades, abordando aspectos sociales y medioambientales.

Los dos últimos se han inspirado en el informe de la Comisión Stiglitz. Entre sus recomendaciones:

• centrarse en el bienestar de la población frente a la producción económica,
• considerar el bienestar presente y su sostenibilidad en el tiempo,
• valorar la calidad,
• medir los servicios no tanto por los gastos sino por sus resultados,
• otorgar más importancia a la distribución de los ingresos, del consumo y de la riqueza,
• contabilizar actividades no mercantiles como las domésticas y el tiempo libre,
• valorar la calidad de vida en todas sus dimensiones (salud, educación, empleo, vivienda, participación, medio ambiente, etc.).

Sobre trabajos académicos, la práctica: Nueva Zelanda ha desarrollado un presupuesto basado en métricas de bienestar, en lugar del PIB, para alinear el gasto público con objetivos amplios y fácilmente comprensibles para la ciudadanía, mientras Escocia ha creado un banco ‘con misión’, el Scottish National Investment Bank.

Salud y Bienestar de la Sociedad

El menú de indicadores para medir el bienestar empieza a ser amplio. La elección y ponderación de las diversas variables que los integran dependen de las percepciones y valores de los individuos, heterogéneos en una sociedad y diferentes entre sociedades. Medir, no obstante, conviene. Por ello, más que empeñarse en un único agregado, convendrá ir consolidando diversos indicadores de bienestar que reflejen aquellas dimensiones de la vida sobre cuya importancia existe mayor consenso científico, pero no son necesariamente percibidos de forma generalizada como un problema. A título de ejemplo:

• No existirá bienestar humano en un planeta enfermo
• Conciliar capitalismo, gobierno de unos pocos, con democracia, gobierno de todos, para que el término capitalismo democrático no sea un oxímoron
• Desigualdad creciente desde los años ochenta del siglo pasado que amenaza democracia, crecimiento y bienestar.

En el componente salud del bienestar hay que incorporar sistemáticamente medidas válidas que reflejen la evolución de los tres problemas antes citados para guiar las políticas públicas que han de propiciar la transición energética, un mejor gobierno y una mayor armonía social. La digitalización ha llevado a que nunca haya existido tanta información de calidad en las bases de datos. Ello no solo ha permitido una radical mejora de los sistemas de control que operan en tiempo real sino que además facilita una mejor evaluación de las políticas públicas utilizando incluso métodos, como los tests A/B, que propician la experimentación.

Se pueden avanzar algunas propuestas:

1. Indicadores de stock y flujo de salud, como componente esencial del capital humano: en los cuadros macroeconómicos, los indicadores de salud que suelen aparecer son la esperanza de vida y el gasto sanitario. Con un nuevo foco frente a los retos actuales, parece conveniente: 1. vigilar las ganancias y pérdidas de salud derivadas de actividades preventivas (vacunaciones, prevención de adicciones y accidentes, detección precoz de enfermedades, etc.) o de los nuevos riesgos (pandemias, ludopatías, suicidios, obesidad, resistencia a antibióticos, efectos del cambio climático); 2. monitorizar la esperanza de vida ajustada por calidad relacionada con la salud, mediante AVACs o, en su defecto y de manera más inmediata, con DALYs (Disability Adjusted Life Years, por sus siglas en inglés); 3. complementar la medición del gasto sanitario con los resultados en salud, incorporando medidas objetivas y subjetivas como las ‘patient reported outcome measures’ (PROMs).
2.  Indicadores de cuidados: Tal vez la ausencia más notable en las cuentas públicas, la ‘riqueza invisible’ que nos documenta María Ángeles Durán, sea la de los cuidados informales. A pesar de su indudable impacto económico y su contribución al bienestar social, los cuidados informales no computan en el PIB. Oliva et al. han calculado su contribución en una horquilla del 1,7 al 4,9 % del PIB para 2008. Considerando su evolución, es razonable pensar que, en la actualidad, la cifra real esté más próxima al límite superior. La medición de los cuidados informales, realizados mayoritariamente por la mujer, y su incorporación a la actividad asistencial pueden dar una imagen más fiel del uso del tiempo y de la carga de enfermedad, a la vez que permitir una planificación más justa.
3. Indicadores de desigualdad: Está bien documentada la relación inversa entre nivel de renta y salud. La sanidad, junto a la educación, es clave en la disminución de las desigualdades. Recientemente, Calonge y Manresa han mostrado cómo estas prestaciones en especie son el segundo factor corrector de las desigualdades de renta de mercado, tras el sistema de seguridad social (pensiones y desempleo). Por tanto, la sanidad tiene un rol importante en la disminución de las desigualdades. La tecnología, en forma del Atlas de distribución de renta de los hogares (ADRH) publicado en septiembre de 2019 por el INE, brinda la oportunidad de incorporar el nivel de renta en la planificación de servicios sanitarios y sociales y actuar mediante una mayor inversión en zonas deprimidas. Aunque los profesionales de atención primaria pueden conocer el estatus socioeconómico de la población que atienden, esta información solo se utiliza en planificación y asignación presupuestaria de manera anecdótica. Monitorizar las desigualdades puede facilitar la contribución del sector salud a la reducción de desigualdades y de la pobreza y posiblemente reorientar el esfuerzo educativo. Finalmente, los indicadores de alta frecuencia como los probados ya para el seguimiento de la desigualdad en España resultan particularmente oportunos para el seguimiento de las desigualdades.
4. Indicadores de los efectos del cambio climático sobre la salud: el cambio climático impacta la salud de las personas en todas las etapas de sus vidas, especialmente en la infancia, siendo el primer determinante de la salud del siglo XXI. Recientemente, la OMS ha estimado que se ocasionan 10.000 muertes prematuras anuales por exposición a la contaminación del aire en España y siete millones en todo el mundo. The Lancet Countdown, la colaboración internacional multidisciplinar para monitorizar los efectos del cambio climático sobre la salud y asesorar sobre el cumplimiento del compromiso de los gobiernos con el Acuerdo de Paris, ha publicado su informe de 2019, que enfatiza que el bienestar de la humanidad, la estabilidad de las comunidades, de los sistemas de salud y de los gobiernos dependen de una adecuada respuesta al cambio climático. El informe aboga por nuevos y osados enfoques en las políticas, la investigación y los negocios para revertir la situación. También destaca el papel esencial de los profesionales de la salud en comunicar los riesgos para la salud del cambio climático y en la implementación de una respuesta acorde a la magnitud del reto. The Lancet Countdown 2019 ha monitorizado 41 indicadores de salud y cambio climático distribuidos en 5 categorías (impacto, exposición y vulnerabilidad; adaptación y resistencia; acciones de mitigación; economía y finanzas; implicación política y social). Parece imprescindible incorporar en lo más alto del cuadro de mandos del bienestar de la sociedad indicadores que permitan esta vigilancia.

En definitiva, se trata de seleccionar y acordar nuevas métricas relacionadas con la salud que orienten mejor y sean más adecuadas para medir el bienestar que el simple incremento de la producción y el consumo, alineándolas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente con los relacionados con la salud, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

Además, estos nuevos indicadores, deberían ser capaces de orientar transformaciones significativas en nuestro sistema de salud. Por ejemplo, los efectos del cambio climático sobre la salud implicarían incluir la sanidad en el nuevo Green Deal de la Unión Europea, con un enfoque transversal y multisectorial hasta ahora ausente. El objetivo último no puede ser otro que el de informar las políticas públicas y orientar a los distintos agentes con la utilización de esos indicadores.

Finalmente, que el avance del Estado del Bienestar sea aceptado socialmente precisa que se sepa qué y cómo se gasta, cómo se decide, cómo se financia y cómo se reparte. En resumen, se puede decir que para que una sociedad se desarrolle, es necesario que sus instituciones hagan individualmente atractivo lo que sea socialmente conveniente.

En 1968, Robert Kennedy señaló que el PIB mide todo en un solo indicador, excepto lo que hace a la vida que merezca la pena. Cincuenta y dos años después, ya es un imperativo medir el bienestar y construir los presupuestos nacionales a partir de objetivos de bienestar, como ya hace Nueva Zelanda.

Agradecimiento: a Rosa Urbanos por sus comentarios.

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La vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 y la recuperación económica son los dos temas que absorben a los economistas de todo el mundo. Las vacunas hace tiempo que llamaron la atención del análisis económico. Primero, por sus extraordinarios resultados en términos de salud, su eficiencia y su contribución al desarrollo económico. También porque son productos que rompen las costuras del mercado. Los efectos externos en su investigación y en su consumo plantean problemas agudos de incentivos. Para estimular la investigación se ha respondido con subvenciones públicas y la legislación de propiedad intelectual/industrial. Para promover el consumo, con campañas de vacunación y subvenciones, obligaciones legales de vacunar y prohibiciones como la de acceder a las escuelas sin inmunizar. Otras características industriales, como las economías de escala, los riesgos por contaminaciones y variaciones imprevistas de calidad en la fabricación y la responsabilidad de los fabricantes por daños, contribuyen a dibujar un mercado singular alejado del modelo competitivo. Con este marco conceptual complejo y en tiempos de una pandemia, que convierte en demandantes de vacunas a todos los habitantes del mundo y que ha hundido la actividad económica, se requiere un análisis detenido de la investigación y desarrollo de una vacuna efectiva, de su fabricación y de su distribución eficiente y equitativa. Aquí esbozaremos algunas de las ideas fundamentales.

La gran pregunta es si en esta ocasión dramática tendremos que sufrir un mercado internacional con la dinámica selvática del pasado, o conseguiremos organizar y ordenar un mercado mundial eficiente y equitativo a escala global, basado en una cooperación internacional verdaderamente humana. ¿Asistiremos a una carrera por la vacuna con predominio del interés privado más estrecho, con un agente ganador monopolista protegido por derechos de exclusiva frente a demandantes pujando precios muy altos por el suministro que vitalmente necesitan y que limitará y retrasará el número de los vacunados y, por tanto, la victoria sobre el virus? ¿O bien, a un esfuerzo de cooperación, y coordinación internacional por organizar y potenciar la investigación, la fabricación y la distribución con la mayor eficiencia y rapidez y atendiendo a criterios de justicia mundial?

Esta última alternativa abre una dimensión política emocionante. Si prospera, significaría que, ante la magnitud de la pandemia y la catástrofe económica, la Humanidad es capaz de poner en marcha un esbozo de gobierno mundial. Ciertamente, la cooperación internacional es el asunto básico. Como corresponde, la Organización Mundial de la Salud (OMS) -organismo especializado de las Naciones Unidas- está asumiendo ya el papel de protagonista encargado de coordinar y hacer cooperar a los países y gran variedad de agentes relevantes. En el otro extremo, Trump, al anunciar la retirada de EE.UU. de la OMS, parece dispuesto a derribar un pilar de dicha cooperación.

Desarrollo de vacunas: alto riesgo científico, tecnológico y regulatorio

Se ha dicho en Science, justificadamente, que los múltiples esfuerzos para investigar y desarrollar vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 son un “imperativo global” (Graham, 2020). Existen ya más de 130 proyectos en desarrollo, de ellos, 10 en fase de investigación clínica (OMS, 30 mayo 2020). Se están explorando hasta ocho tecnologías, algunas muy novedosas. Difieren en potencial inmunogénico, seguridad y facilidad de fabricación. Esta variedad de abordajes es trascendental: multiplica las probabilidades de éxito, aviva la competencia y facilitará satisfacer la enorme demanda previsible y la adaptación a los diferentes perfiles de personas (Thanh Le et al., 2020).

El grado y la duración de la inmunidad que se espera que genere un candidato a vacuna son inciertos y variables. No hay que olvidar los fracasos de los proyectos de vacunas para sida, dengue o paludismo. Los trabajos previos frente al SARS-CoV, la estabilidad genética del SARS-CoV-2 y, sobre todo, el enorme esfuerzo actual alienta la esperanza de éxito. Sin embargo, las dudas sobre la generación de anticuerpos por los contagiados sin síntomas o con cuadros leves, la reinfección en los resfriados por otros coronavirus o que las mutaciones del virus se dan en las proteínas de las espículas, utilizadas como antígeno, apuntarían a inmunidades débiles, sin capacidad para prevenir la infección, pero sí para atenuar sus efectos, principalmente la neumonía. Si fuera así, las personas contagiadas podrían seguir extendiendo el virus. Y las vacunas parcialmente efectivas pueden no interrumpir la replicación del virus y, en cambio, seleccionar cepas más resistentes. Por todo ello, frente al escenario poco probable del éxito pleno (vacuna plenamente efectiva que se aplique en todo el mundo rápidamente), parecen más probables logros parciales y progresivos, de modo que el virus resurgirá en distintos momentos y lugares, haciéndose endémico como otros anteriores, al menos durante un tiempo.

La seguridad de las vacunas es otro aspecto crucial, pues se administran a miles de millones de personas sanas. No solo hay que testar los posibles efectos adversos habituales, sino también el fenómeno conocido como “enfermedad agravada por vacunación”, observado en algunos desarrollos de vacunas (VIH, otros coronavirus, etc.) que no han llegado a comercializarse, cuando los anticuerpos producidos no tienen suficiente capacidad neutralizante (Graham, 2020).

Por último, las vacunas contra el SARS-CoV-2 plantean -en medio de la urgencia- un reto regulatorio mayúsculo a las autoridades sanitarias responsables de garantizar eficacia, seguridad y calidad. Casi todo será nuevo y difícil de evaluar con rapidez: dianas, tecnologías, ensayos adaptativos, instalaciones y procesos productivos. En el pasado, desarrollar una vacuna ha requerido 10,7 años de media, con una probabilidad de éxito del 6% (Pronker et al., 2013). Las vacunas del ébola y las paperas, las más rápidas, exigieron cinco y cuatro años, respectivamente.

¿Quién participa en la carrera? Un 70% de los proyectos son desarrollados por empresas privadas, con una mayoría de pequeñas empresas biotecnológicas. Solo seis grandes multinacionales tienen candidatos propios. El 30% restante es desarrollado por centros públicos, académicos y algunas ONGs. Cerca de la mitad de las entidades son estadounidenses, repartiéndose la otra mitad entre China, resto de Asia y Australia, y Europa (Thanh Le et al., 2020).

Producir miles de millones de dosis de vacunas

La fabricación es el siguiente escollo. Son procesos de alta tecnología, específicos en equipamiento y métodos para cada producto que requieren plantas complejas, incluso más costosas que el desarrollo de la vacuna. Las economías de escala y los riesgos de calidad y responsabilidad civil han hecho que la capacidad actual de producción global, ya ocupada por las vacunas existentes, sea muy ajustada. Las plantas de producción están en EE.UU., China, India y algunos países europeos (WaxMap, 2020). Ni las pequeñas empresas biotech, ni los centros públicos tienen capacidad de fabricación, por lo que dependen de acuerdos con terceros, que ya se están firmando, como el de la Universidad de Oxford con Astra Zeneca. Múltiples factores van a determinar la producción industrial de vacunas para la COVID-19, principalmente su tecnología de desarrollo, con variaciones en cuanto a capacidad (facilidad y rendimiento del escalado de laboratorio a biorreactores industriales), seguridad (estabilidad, contaminación, especialmente si son procesos vivos), rapidez, etc., sin olvidar que algunas tecnologías que se están utilizando en el desarrollo, como las de ácidos nucleicos, nunca se han llevado a escala industrial. Otras, como las candidatas de virus atenuados o de proteínas recombinantes, pueden beneficiarse de la experiencia en producción de otras vacunas. Necesitamos, pues, nuevas instalaciones que requieren altas inversiones, dada la escala de miles de millones de dosis y el tipo de tecnología. Pero la urgencia es grande. Dado el impacto económico de la COVID-19 (9 billones de dólares para 2020-21; 375 miles de millones mensuales, según el Fondo Monetario Internacional (FMI)), el Nobel de Economía Michael Kremer ha lanzado la idea, y la Fundación Gates ha anunciado inversiones, en la construcción “preventiva” de plantas, incluso antes de disponer del producto, aunque algunas no lleguen a utilizarse nunca.

Incentivos a la inversión, sí, equidad también

El mercado no ofrece incentivos privados suficientes para garantizar la creación óptima de innovaciones, debido a sus efectos externos. El monopolio de patentes, con sus derechos de exclusiva complementarios, levanta expectativas de altos beneficios que esperamos incentiven la investigación de un flujo de innovaciones futuras (eficiencia dinámica), pero a corto plazo impone sus costes (ineficiencia estática). Pueden hacer inasequibles los medicamentos a las personas o países de menor capacidad de pago. Cuando se trata de la vacuna contra el SARS CoV-2, el conflicto no puede ser mayor: se han de mantener los incentivos a innovar, fabricar y remunerar la inversión, pero si queremos un mercado mundial ordenado, eficiente y equitativo, las vacunas una vez desarrolladas deberían ser accesibles a todos y con la mayor prontitud.

Una parte de la solución la proporcionan los fondos públicos que muchos países están dedicando a estas investigaciones. También funcionan otros incentivos no monetarios, como la reputación que conseguirán investigadores, empresas y los propios países que desarrollen alguna vacuna. No podemos desdeñar el efecto en las relaciones internacionales, singularmente en la carrera por la hegemonía mundial y el dominio del comercio internacional entre EE.UU. y China y otros agentes internacionales.

Otra parte de la solución es buscar alternativas a las patentes para que el sector privado no deje de contribuir a la investigación y fabricación con todo su potencial. Una de las que atrae mayor atención es la propuesta realizada hace ya años por Kremer (Kremer, 1998, 2002; Berndt  et al., 2007) pensando en los medicamentos necesitados por los países en desarrollo. Se trata de contratos a futuros entre donantes internacionales de fondos y empresas innovadoras (“Compromisos Anticipados de Mercado”). Los donantes se obligan a comprometer en el presente fondos para garantizar en el futuro el pago de los precios de las vacunas que, ante una demanda solvente, serían desarrolladas por las empresas. Éstas se obligarían a suministrar a precios reducidos. “En lugar de depender de precios elevados para recuperar sus costes de I+D, las empresas reciben un pago en efectivo de una vez y los productos pueden venderse a precio de coste” (Scott-Morton y Kyle, 2011). Una entidad financiera, como el Banco Mundial, garantiza la operación y otra, como UNICEF, los suministros. Ya existen experiencias de este tipo para vacunas contra el neumococo y el ébola.

Recientemente se ha incluido en este diseño la evaluación de tecnologías sanitarias, que permitiría adaptar los contratos a la población a tratar y a la disposición a pagar del país respectivo para el caso de la tuberculosis (Chalkidou et al., 2020). Este mismo mecanismo acaba de ser propuesto para la vacuna del coronavirus SARS-CoV-2 (Towse, 2020; Silverman et al., 2020).

Otro diseño de mercado ordenado puede ser el de un fondo común de patentes de medicamentos (en inglés, Medicines Patent Pool). Ya está en experimentación desde 2010, con este mismo nombre, gestionado por Unitaid, iniciativa internacional auspiciada por la OMS para promover el acceso a tratamientos en países en desarrollo, primero para retrovirales anti-VIH, y ahora también para tuberculosis y virus de la hepatitis C (VHC). Los propietarios de patentes voluntariamente las licencian a un fondo común gestor intermediario que, a su vez, concede de forma competitiva licencias no exclusivas a una diversidad de empresas que las comercializan más ampliamente y a precios asequibles gracias a la competencia entre ellas. Los compradores pagan regalías incluidas en el precio que remuneran a los titulares originales y que la ampliación del mercado haría atractivas. Las licencias son transparentes, con amplitud geográfica, sin exclusividad de datos y flexibilidad para desarrollar asociaciones medicamentosas o formulaciones pediátricas. Esta experiencia ha tenido éxito, con diez titulares de patentes y veintidós productores de genéricos comprometidos, dieciocho medicamentos licenciados, 150 proyectos en desarrollo y 131 países receptores.

La cooperación internacional es la clave

La resolución adoptada por la 73 Asamblea de la OMS el 18 de mayo de 2020 pide que la cooperación en respuesta a la pandemia incluya los mecanismos existentes para compartir voluntariamente un fondo común y licencias de patentes, lanzando una “Plataforma” con este fin (WHO, 2020; EFE, 2020). En la misma dirección, la Unión Europea ha incluido en la última convocatoria del programa Horizon para tecnologías COVID, la obligación de otorgar licencias no exclusivas de los productos resultantes y dejarlos disponibles y asequibles para todos.

La cooperación internacional se está manifestando de otras formas. Hay iniciativas de coordinación y financiación lanzadas por Estados o uniones de Estados, como el “ACT Accelerator” (Access to Covid-19 Tools Accelerator), de la Unión Europea y otros países, que ya ha recaudado 9,8 miles de millones de euros y prevé una segunda ronda el 27 de junio. La US Operation Warp Speed de EE.UU. está por ver si se proyectará internacionalmente, aunque es esperanzador que incluya a la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Diversas organizaciones multilaterales y partenariados de entidades públicas, privadas, filantrópicas y de la sociedad civil también están contribuyendo al esfuerzo por lograr la vacuna, fabricarla y distribuirla universal y equitativamente. Entre ellas destacan CEPI, GAVI, Unitaid, Global Fund y la Fundación FBMG.

Las ideas, experiencias e iniciativas comentadas nos dicen que es posible un mercado ordenado de vacunas contra el SARS-Cov-2 orientado a la eficiencia y la equidad. En los próximos meses sabremos cuál de las dos opciones, mercado salvaje o mercado ordenado, van a dominar nuestro futuro y el de toda la Humanidad.

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