Los prospectos que acompañan a los medicamentos suelen pasar desapercibidos o ser considerados simplemente como un requisito legal. Sin embargo, ¿podrían tener un valor intrínseco para los ciudadanos más allá de la información clínica? Esta es la cuestión que aborda el estudio titulado  The Intrinsic Value of the Information Contained in Medicine Leaflets, recientemente galardonado con el premio Alexandre Pedrós al mejor artículo publicado en Hacienda Pública Española / Review of Public Economics en el año 2024.

El trabajo, firmado por José María Abellán-Perpiñán, Fernando-Ignacio Sánchez-Martínez, Jorge-Eduardo Martínez-Pérez y Jorge-Luis Gómez-Torres, de la Universidad de Murcia, utiliza la metodología de la valoración contingente para estimar cuánto estaría dispuesta a pagar la población por recibir información cuantitativa clara y comprensible sobre la eficacia y los efectos adversos de un medicamento. Esta técnica, basada en encuestas, permite asignar un valor monetario a bienes no comercializados, como la calidad de la información sanitaria.

¿Por qué valorar el prospecto?

La teoría económica estándar suele centrarse en los resultados tangibles de una intervención sanitaria, como los años de vida ganados. Sin embargo, autores como Donaldson y Shackley (1997) han argumentado que las características del «proceso», como la forma en la que se transmite la información, también generan utilidad. El prospecto, en este sentido, representa un canal clave de comunicación que puede mejorar la percepción del tratamiento y fomentar la adherencia. Comunicar riesgos de forma comprensible y visual, en especial mediante frecuencias naturales, puede reducir la percepción errónea de los efectos adversos e incrementar la confianza del paciente.

Diseño del estudio

El estudio diseñó una encuesta de valoración contingente administrada a 217 personas adultas en la Región de Murcia. Se compararon dos versiones del prospecto de un medicamento hipotético (un anticoagulante): una tradicional (figura 1) y otra, presentada como un folleto complementario al prospecto tradicional, que incluía datos cuantitativos sobre eficacia y riesgos en formatos visuales comprensibles (figura 2), según recomendaciones basadas en la evidencia sobre comunicación de riesgos (Gigerenzer et al., 2007; Yamagishi, 1997; Pinto et al., 2006).

Figura 1. El prospecto tradicional

Figura 2. El folleto complementario

Con el objeto de que los encuestados comprendiesen los beneficios y riesgos de tomar el anticoagulante, se les entregaron unas tarjetas explicativas de lo que representa sufrir un infarto de miocardio y una hemorragia digestiva. La figura 3 muestra la tarjeta utilizada para describir esta última.

Figura 3. Tarjeta explicativa de una hemorragia digestiva

La muestra se dividió en dos grupos. En el grupo 1, los participantes valoraron por separado el medicamento y el folleto adicional, mediante sendas preguntas de disposición a pagar (DAP). La figura 4 muestra el cartón de pagos empleado en este grupo para valorar el folleto adicional. En el grupo 2, en cambio, se realizó una única pregunta de DAP a cada entrevistado, para obtener su valoración conjunta del medicamento más el folleto y, a continuación, se le solicitó que estimara qué porcentaje de su DAP total correspondía específicamente al folleto, utilizando a tal efecto una escala visual analógica de 0 a 100. Esta doble estrategia permitió comprobar la robustez de las respuestas y detectar posibles efectos de elicitación (Tversky et al., 1988), esto es, contradicciones entre dos formas de preguntar lógicamente equivalentes. En las preguntas de DAP se recurrió a un formato mixto, que combinaba un cartón de pagos conteniendo diferentes precios posibles que el entrevistado tenía que aceptar o rechazar, seguido de una pregunta abierta, una vez delimitado un intervalo de posibles cuantías suficientemente reducido.

Figura 4. Cartón de pagos para la valoración de la información sobre riesgos y efectos secundarios (grupo 1)

Principales hipótesis y resultados del experimento

La hipótesis principal del experimento plantea que la disposición a pagar por recibir información cuantitativa sobre la eficacia y los efectos adversos del medicamento será significativamente mayor que cero, lo que evidenciaría que las personas atribuyen a este tipo de información un valor intrínseco.

Los resultados confirmaron esta hipótesis (tabla 1), observándose en ambos grupos una DAP positiva para el folleto adicional. En el grupo 1 dicha DAP se obtuvo directamente, de manera separada, mientras que en el grupo 2 los valores se calcularon aplicando a la DAP conjunta por el medicamento y el folleto el porcentaje atribuido a este último por los encuestados en la escala visual. Los participantes mostraron una DAP significativamente distinta de cero, en términos estadísticos, por recibir información adicional de entre 0,60 € y 1 € al mes, valores comparables con estudios previos como el de Dealy et al. (2021) en Estados Unidos.

Tabla 1. Disposición a pagar (DAP) por el folleto complementario (€)

En el grupo 2, aunque 35 personas declararon un valor nulo por el folleto, el valor medio resultó ser significativamente superior al del grupo 1. Esta diferencia puede explicarse por el formato de respuesta (la expresión de un porcentaje sobre una escala visual), lo que pudo inducir una sobreestimación, debido a cierto grado de imprecisión en las preferencias (DuBourg et al., 1997) o bien como consecuencia de un efecto de atención (Bordalo et al., 2016).

Además, los análisis econométricos mostraron que la DAP se relaciona positivamente con el nivel de ingresos y con la edad (aunque de forma no lineal), lo cual apoya la validez teórica del instrumento utilizado.

Conclusiones

Este estudio pone de relieve el valor económico que los ciudadanos asignan al hecho de disponer de una información clara y comprensible en los medicamentos, y ofrece implicaciones relevantes para reguladores y responsables de políticas sanitarias. En un contexto de creciente preocupación por la alfabetización en salud, integrar herramientas de comunicación más eficaces y adaptadas a las capacidades del paciente se convierte no solo en una cuestión ética, sino también económica.

El estudio contribuye a la literatura sobre la valoración de bienes de no mercado, mostrando que incluso aspectos intangibles como la forma y claridad de la información tienen valor para los ciudadanos. No obstante, el estudio adolece de limitaciones como el tamaño y representatividad de la muestra, así como no haber entrevistado a pacientes reales. También cabe destacar el elevado nivel de anumerismo detectado en nuestra muestra, donde solo un 36% de los entrevistados demostraron poseer habilidades numéricas suficientes como para interpretar correctamente riesgos pequeños; una barrera importante para una comprensión adecuada de la información cuantitativa, ya señalada por García-Retamero et al. (2019), entre otros.

Asimismo, los resultados sugieren que el modo en que se pregunta por el valor de la información puede influir notablemente en las respuestas. Ello invita a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar metodologías más sólidas y sensibles para capturar las preferencias ciudadanas en materia de información sanitaria. La combinación de métodos de valoración contingente con experimentos de elección discreta podría ser una vía prometedora para investigaciones futuras.

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Como es conocido, Kahneman fue laureado en 2002 con el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel por “haber integrado en la ciencia económica los conocimientos de la investigación psicológica, especialmente en lo que se refiere al juicio humano y la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre”. Este es, de hecho, el ‘momentum’ o impulso fundacional de la economía del comportamiento. No es desacertado, por tanto, que en España se titulase una de las obras de Richard Thaler -otra de las deidades del Olimpo conductual, también Nobel de Economía en 2017– como “Todo lo que he aprendido con la psicología económica”, pues en realidad el ADN de la disciplina es psicológica.

Si bien podemos rastrear el genoma de la economía conductual en las obras de, entre otros precursores, Adam Smith, John Maynard Keynes, y, muy particularmente, Herbert Simon, son las aportaciones de Kahneman y Tversky, Tversky y Kahneman, tanto monta, monta tanto, las que han permitido obtener “mapas de racionalidad limitada”, tal y como el propio Kahneman proclamó en la conferencia que impartió durante la ceremonia de concesión de su Premio Nobel.

Aunque Kahneman ha efectuado aportaciones valiosas al margen de las logradas durante su fructífera colaboración con Tversky, son las fraguadas entre ambos las que le hicieron merecedor del Nobel; aportaciones que se resumen en dos grandes hitos, que describo someramente a continuación:

• El programa de investigación en heurísticas y sesgos;
• La teoría “prospectiva” (prospect theory).

Las heurísticas son atajos mentales, una forma rápida (y ecológica, es decir, adaptada al medio) de razonar que en la mayoría de las ocasiones conduce a decisiones satisfactorias (p.ej. cuando un médico en la puerta de urgencias tiene que decidir en segundos cómo estabilizar a un paciente en estado crítico), pero que en determinados casos desembocan en errores sistemáticos que denominamos sesgos. Un ejemplo claro lo brindó la pandemia de la COVID-19 cuando en las etapas iniciales de propagación del coronavirus atribuíamos al mismo contagiosidad y letalidad propias de un virus muy conocido, el que teníamos más disponible en nuestra mente, el virus de la gripe. De ahí que la heurística que hay detrás de este sesgo reciba el nombre de heurística de disponibilidad, siendo una de las tres descritas, junto a la heurística de representatividad y al sesgo de anclaje y ajuste insuficiente, en el trabajo seminal que Tversky y Kahneman publicaron en Science en 1974.

La originalidad de este programa de investigación en heurísticas y sesgos no solo radicó en su propio objeto, sino también en la metodología (inédita hasta ese momento) que Kahneman y Tversky desplegaron, consistente en contrastar hipótesis previas basadas en reglas racionales como, por ejemplo, el teorema de Bayes, mediante preguntas hipotéticas formuladas a una muestra de individuos. Si Einstein tenía sus experimentos mentales o Gedankenexperimenten, mediante los cuales dio forma a su teoría de la relatividad, Kahneman y Tversky tenían sus experimentos hipotéticos con los que cartografiaron la arquitectura de la cognición. Ese “Pensar rápido, pensar despacio” que Kahneman convertiría en un best-seller en 2011.

El artículo de Tversky y Kahneman (1974) es, según una reciente publicación, el tercer trabajo más influyente en economía conductual. El segundo sería el célebre libro ‘Nudge’ de Thaler y Sunstein. Y el más citado, en lo alto del podio, sería el artículo que Kahneman y Tversky publicaron en 1979 titulado “Prospect theory: An analysis of decision under risk”. La teoría prospectiva que esbozaron Kahneman y Tversky está considerada como la teoría descriptiva de las elecciones humanas, en contextos de riesgo e incertidumbre, más poderosa de que disponemos. Así, muchas de las paradojas o desviaciones en las elecciones observadas con respecto a las predichas por la teoría normativa por excelencia –la teoría de la utilidad esperada– pueden explicarse a la luz de los principios psicológicos introducidos por Kahneman y Tversky. Estos principios son tres: en primer lugar, las preferencias individuales son contingentes o relativas a un punto de referencia, con respecto al cual los resultados potenciales de las elecciones son evaluados como pérdidas o como ganancias; ligado a esto, en segundo lugar, las pérdidas pesan más que las ganancias, un principio denominado ‘aversión a las pérdidas’; por último, las probabilidades se procesan subjetivamente de un modo no lineal.

Todos estos principios psicológicos, modelados matemáticamente como parte de funciones de utilidad prospectiva, han permitido constatar, por ejemplo, que los procedimientos tradicionales que llevamos utilizando décadas en economía de la salud (p.ej. la lotería o juego estándar) para medir las utilidades de los estados de salud que se han de emplear para evaluar el coste-utilidad de las intervenciones médicas, sesgan las utilidades obtenidas, lo cual puede distorsionar gravemente las decisiones de financiación y fijación de precio de nuevos medicamentos.

Kahneman y Tversky, dos brillantes científicos cuya amistad realmente sirvió para cambiar nuestra percepción de cómo razonamos y procesamos la información. Como Bentham afirmase: “Pero yo he plantado el árbol de la utilidad. Lo he plantado profundamente y lo he extendido ampliamente”, bien podemos decir de estos dos gigantes que plantaron profundamente el árbol de la economía del comportamiento, y que lo extendieron hasta límites insospechados.

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Esta contribución resume los resultados del artículo galardonado con el Premio al mejor artículo en economía de la salud publicado en 2021, otorgado por la Asociación de Economía de la Salud en 2022 y publicado en el Journal of Risk and Uncertainty.

Introducción

El Valor de la Vida Estadística (value of statistical life, VSL) se define como el valor monetario de una reducción en el riesgo de muerte tal que permitiría evitar una muerte “estadística”. El VSL no pretende, pues, estimar el valor monetario de la vida de un sujeto identificable, sino el valor de evitar una muerte “estadística”, reduciendo el riesgo mortal en un determinado contexto.

Son dos los enfoques utilizados para estimar el VSL:

• los métodos de preferencias reveladas, que estudian las decisiones que adoptan las personas en mercados reales (laboral, de vivienda, …); y
• los métodos de preferencias declaradas, que se basan en las respuestas de la población a encuestas que recrean mercados hipotéticos.

En nuestro artículo nos centramos en la estimación del VSL en el contexto de las políticas de seguridad vial y optamos por la aproximación basada en las preferencias declaradas. Tradicionalmente, el enfoque seguido en este contexto ha sido el de la valoración contingente. Según este enfoque, el objetivo es conocer la disposición a pagar (willingess-to-pay, WTP) de los sujetos por reducir el riesgo de muerte en un accidente de tráfico -y/o la disposición a aceptar (willingess-to-accept, WTA) a cambio de un aumento en dicho riesgo. A partir de estos valores, es posible teóricamente obtener la relación marginal de sustitución (MRS) entre la renta y el riesgo de muerte. El principal problema de este método es la insensibilidad de las estimaciones al tamaño de la reducción del riesgo (scope insensitivity). La evidencia muestra que las WTP son menos que proporcionales al tamaño del “beneficio” (i.e. reducción del riesgo de muerte), lo que parece tener que ver con el hecho de que tales reducciones son de muy pequeña magnitud.

En 1999, Carthy y colaboradores desarrollaron un nuevo método que trataba de superar este problema, al que llamaron “enfoque encadenado valoración contingente/lotería estándar” (CV/SG chained approach), y que, básicamente, consistía en dividir el procedimiento de estimación de la MRS entre renta y riesgo de muerte en tres etapas, como explicamos a continuación.

El enfoque encadenado valoración contingente/lotería estándar

Primera etapa (valoración contingente, CV): Se obtiene la MRS entre la renta y el riesgo de sufrir una lesión no mortal (X), a partir de las WTP y WTA por evitar dicha lesión no mortal en un entorno de certeza (lo que exige asumir una determinada forma de la función de utilidad de la renta).

Segunda etapa (lotería estándar, SG): Se estima la “pérdida de utilidad relativa” (relative utility loss, RUL) que representa la muerte respecto de la lesión no mortal, a través de las respuestas a una “lotería estándar modificada” (modified standard gamble, MSG) que, a diferencia del método de SG tradicional, donde una de las alternativas es cierta (probabilidad=1), busca la indiferencia de los sujetos entre dos “loterías”, ambas con la muerte como peor resultado, y con la salud normal y la lesión no mortal, como mejor resultado respectivo de cada una de ellas (ver Figura 1). Este tipo de “dobles loterías” pretenden evitar el denominado “efecto certeza” de la SG.

Figura 1. Ejemplo de ayuda visual para la pregunta MSG

Tercera etapa (encadenamiento): La MRS entre renta y riesgo de muerte y, por tanto, el VSL, se obtiene “encadenando” los resultados de las dos primeras etapas.

La principal ventaja de este método es que el VSL se puede estimar sin preguntar la WTP por reducciones de riesgo muy pequeñas. Sin embargo, el problema que encontraron Carthy et al. fue que su método no era internamente consistente. Ensayaron un diseño alternativo, aunque teóricamente equivalente (el método encadenado “indirecto”), consistente en utilizar una lesión no mortal más leve (W) que la lesión X empleada en el método “directo” en la etapa 1 (valoración contingente), y añadiendo un paso intermedio con el método MSG para valorar la RUL de dicha lesión W tomando como referencia a X. De este modo, el VSL se obtenía encadenando dos RUL (W vs. X y X vs. Muerte) y la MRS de W.

Teóricamente, los valores estimados con este enfoque “indirecto” y con el método encadenado “directo” deberían coincidir, pero no fue así. Encontraron que el “doble encadenamiento” daba lugar a valores mucho más elevados, lo que ellos explicaron por la acumulación de errores del método “indirecto” y ha dado lugar a un debate acerca de la validez del método.

Objetivos e hipótesis

Nuestros objetivos son, en esencia, tres:

1. Replicar el estudio original de Carthy et al. y obtener un VSL para España en el contexto de las políticas de seguridad vial.
2. Tratar de superar una de las principales limitaciones del enfoque encadenado, a saber, la inconsistencia entre las estimaciones basadas en el método “directo” y en el método “indirecto”.
3. Llevar a cabo pruebas adicionales de consistencia del método CV/SG “directo”, así como testar posibles efectos de formato.

Las hipótesis que formulamos en relación con estos objetivos son las siguientes:

1. Reproduciremos los principales resultados del estudio original:
   1. Tanto las MRS (WTP y WTA), como los valores obtenidos en el MSG serán sensibles a la magnitud del beneficio (en nuestro caso, a la gravedad de la lesión no mortal objeto de valoración).
   2. El método encadenado “indirecto” à la Carthy et al. dará lugar a estimaciones del VSL mayores que el método “directo”.
2. La discrepancia entre los resultados de los métodos “directo” e “indirecto” podrá eliminarse o, al menos, reducirse, utilizando un procedimiento de encadenamiento “indirecto”, alternativo al del estudio original.
3. El método encadenado “directo” es consistente:
   1. Respecto a la lesión no mortal utilizada (esperamos no hallar diferencias en los VSL calculados con diferentes estados de salud o lesiones no mortales, de diferente gravedad)
   2. Respecto al modo en que se presentan los riesgos (esperamos no hallar diferencia en las estimaciones al utilizar diferentes bases de probabilidad: 10 entre 10.000 en lugar de 1 entre 1.000).

En relación con el objetivo y la hipótesis 2, proponemos un encadenamiento “indirecto” distinto al utilizado por Carthy et al., empleando como segundo estado de salud o lesión no mortal uno más grave que el de referencia (R), en lugar de uno más leve, como ellos hicieron. Esperamos así que los riesgos de muerte asumidos en el MSG sean mayores y las RLUs inferiores, como también el VSL estimado, que estaría más próximos al resultante del método “directo”.

El estudio de valoración

Administramos un cuestionario mediante entrevistas personales asistidas por ordenador a una muestra (n=2020) representativa de la población española adulta. Los participantes se asignaron a diferentes grupos, que respondieron a distintas variantes del cuestionario, cada una de las cuales incluía cambios en el diseño orientados a testar las hipótesis. Se utilizaron cuatro estados de salud o lesiones no mortales (en orden de mayor a menor gravedad: R, V, X, W).

Resultados

Utilizando el pool de respuestas de los subgrupos en los que se aplicó el método “directo” de Carthy et al. se estima un intervalo para el VSL en España en el contexto de la seguridad vial de entre 1,3 y 1,7 millones de euros.

Tanto las WTP como las WTA (y, por consiguiente, las MRS de las lesiones no mortales) mostraron sensibilidad a la gravedad del estado de salud considerado: a mayor gravedad, mayor WTP por evitar sufrir el estado (y mayor WTA a cambio de sufrirlo). Las respuestas a la MSG también mostraron sensibilidad a la gravedad: el riesgo de muerte asumido para evitar una lesión no mortal fue mayor cuanto más grave era la lesión (se confirma la Hipótesis 1.a).

El VSL estimado mediante el enfoque “indirecto” de Carthy et al. fue muy superior al obtenido con el método “directo” (se confirma la Hipótesis 1.b).

Con nuestro método “indirecto” alternativo se reduce notablemente la discrepancia entre el VSL estimado mediante dicho enfoque y el derivado del método “directo” (se confirma, parcialmente, la Hipótesis 2).

El VSL estimado a través de la lesión X resultó ser mayor que el estimado con la lesión V (más grave), lo que cuestiona la consistencia interna del método CV/SG “directo” (se rechaza la Hipótesis 3.a).

La forma de presentar la probabilidad (“1 de cada 1.000” frente a “10 de cada 10.000”) afectó a los riesgos asumidos en el MSG. Con el formato “10 de cada 10.000” se obtuvieron RUL (y VSL) mayores (se rechaza la Hipótesis 3.b).

Discusión y conclusiones

El intervalo de valores estimado para el VSL en España en el contexto de los accidentes de tráfico (1,3 – 1,7 millones de euros) está en línea con los valores estimados en otros países europeos con el fin de evaluar políticas de seguridad vial. Dicho valor es inferior a estimaciones llevadas a cabo en España y en otros países con aproximaciones metodológicas diferentes (p.ej. preferencias reveladas) y en otros contextos.

Hemos reproducido los resultados de Carthy et al. referidos a la superioridad del método encadenado sobre el método tradicional de VC, en términos de sensibilidad al tamaño de las reducciones en el riesgo. Así mismo, hemos conseguido reducir la disparidad entre el método encadenado “directo” y el “indirecto” con un diseño alternativo de este último, pese a que se sigue observando que, cuantos más pasos intermedios se introduzcan en el procedimiento de valoración, más valores extremos se obtienen y mayores son las medias del VSL.

Observamos, sin embargo, que el método encadenado adolece de cierta inconsistencia interna, por cuanto las estimaciones del VSL dependen del estado de salud o lesión no mortal utilizado en el procedimiento. Así mismo, hallamos evidencia acerca de “efectos formato” asociados al modo de expresar los riesgos o probabilidades, lo que podría explicarse mediante el sesgo conocido como ratio bias.

Agradecimientos: Los autores hacen constar su agradecimiento al jurado del premio y a AES, por la distinción; así como a Lilly España, por su patrocinio.

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La primera semana de diciembre finalizó el plazo para realizar los trámites de audiencia e información pública sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. El 22 de diciembre se publicó en este Blog la primera entrega de consideraciones al texto efectuada por AES. Se ofrece a continuación una segunda y última entrega.

El artículo segundo: Modificación del artículo 8 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

• Descripción de la modificación y motivación declarada

Hasta la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, la cartera común del Sistema Nacional de Salud (SNS) era única y no segmentada en tres modalidades, como se recoge desde entonces en el artículo 8 de la Ley 16/2003, objeto de modificación del Anteproyecto.

Dichas modalidades son: (1) la cartera común básica de servicios asistenciales del SNS; (2) la cartera común suplementaria del SNS, que incluye todas aquellas prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario; (3) la cartera común de servicios accesorios del SNS.

El artículo segundo del Anteproyecto reestablece una única cartera común, indivisible, limitando además las aportaciones de los usuarios únicamente a la prestación farmacéutica, la prestación ortoprotésica y las prestaciones de servicios accesorios.

• Valoración de la modificación propuesta

La refundación de las tres modalidades en las que se había dividido la cartera común de servicios del SNS en una sola, merece una valoración positiva, por cuanto otorga la misma consideración a todas las prestaciones, con independencia de que estén sujetas o no a aportación por parte de los usuarios. Cabe considerar, por tanto, la modificación propuesta como una medida integradora, que cohesiona el conjunto de servicios contenidos en la cartera, reconociendo así, como reza en el Real Decreto 1030/2006, su “consideración de básicos y comunes”.

Dicho lo anterior, procede lamentar la oportunidad desaprovechada de haber cohesionado igualmente los criterios de actualización de la cartera, actualmente segregados entre la prestación farmacéutica, que se rige por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley 29/2006, y el resto de técnicas, tecnologías y procedimientos, a los que sí se aplica el régimen de actualización previsto en el Real Decreto 1030/2006.

La ausencia de un tronco común de requisitos para acceder a la financiación pública, que comprenda ambos tipos de prestaciones, se traslada a la dispersión de procesos, métodos e instituciones encargadas de la evaluación de las intervenciones sanitarias en España, resultando en una suerte de bicefalia encarnada, de un lado, por RedETS, para todo lo que no son medicamentos y productos sanitarios, y la muy recientemente creada REvalMed SNS, por otro, que evalúa estos dos últimos componentes.

El Anteproyecto podría reparar esta falta de coherencia, mediante la inclusión en su articulado de la remodelación de la arquitectura institucional del actual modelo, en el sentido sugerido en el manifiesto que vio la luz en diciembre de 2020, y que fue promovido por un grupo de socios de AES, reclamando la creación de una Autoridad Independiente de Evaluación de Intervenciones Sanitarias y Políticas de Salud (AIEPS), más conocida por el apelativo de “HispaNICE”, en clara alusión al NICE británico.

Hay varias referencias que pueden consultarse (aquí y aquí) para comprender las características y competencias que debería poseer la AIEPS. En esencia, el objetivo perseguido es vertebrar la dispersión reinante en materia de evaluación de intervenciones sanitarias en el SNS, homogeneizando procesos y métodos, siguiendo estándares elevados de rigor metodológico y transparencia, sin menoscabo de la imprescindible agilidad con que deben efectuarse las recomendaciones de incorporación o denegación de nuevas. Todo ello dentro de un marco de evaluación longitudinal, que abarque tanto la fase previa a su introducción en la cartera, como su desempeño posterior, ya en condiciones de práctica clínica real.

Dentro de este esquema, tal y como recomienda el Comité Asesor para la Financiación de la Prestación Farmacéutica del SNS, debe pesar el balance coste-efectividad de las tecnologías candidatas, y su comparación con un determinado rango de razones coste-efectividad admisibles (umbral de eficiencia) para el SNS. A este respecto, hay que recordar que hay dos estimaciones recientes de este umbral (aquí y aquí), que podrían tomarse como punto de partida para su fijación.

Asimismo, la creación de la AIEPS debería de servir para ampliar y fortalecer los nodos de evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, recurriendo a equipos evaluadores del mundo académico, tal y como hace el NICE.

Por último, debería garantizarse por Ley la independencia de la AIEPS a semejanza del propio NICE o de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), dotando de personalidad jurídica propia y diferenciada a la nueva institución.

El artículo cuarto: Modificación del artículo 9 del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del SNS y se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación ortoprotésica. 

• Descripción de la modificación y motivación declarada

El artículo cuarto del Anteproyecto modifica el artículo 9 del Real Decreto-Ley 1506/2012, de forma que se equipara la exención de aportación de los usuarios y sus beneficiarios establecida en la prestación farmacéutica con la ortoprotésica.

La principal motivación declarada en el Anteproyecto para abordar dicha modificación es la ampliación, en los últimos dos años, de los colectivos exentos de la aportación farmacéutica con el objetivo “de eliminar las barreras económicas que supone el copago para el acceso a los medicamentos que los pacientes necesitan y son prescritos por los médicos del sistema sanitario público”.

Asimismo, las modificaciones impuestas por el artículo segundo del Anteproyecto, se establecen también bajo la motivación de evitar que se introduzcan nuevos copagos sanitarios sobre servicios que carecían de ellos y de evitar la posibilidad de que se modifiquen los copagos existentes, lo que “podría conllevar situaciones de inequidad al no poder ser asumidos por los sectores de la población más vulnerables”.

• Valoración de la modificación propuesta

Al igual que la unificación de la cartera común mereció una valoración positiva por su naturaleza integradora, la homogenización de los criterios de la aportación de los usuarios a la prestación farmacéutica y a la prestación ortoprotésica merece análoga valoración.

Dicho lo anterior, procede nuevamente lamentar la oportunidad desaprovechada que brinda el actual Anteproyecto de Ley para, en este caso, emprender una reforma en profundidad del sistema actual de copagos en la prestación sanitaria en España.

Diferentes socios de AES han abogado por una reforma estructural del actual sistema de copagos y realizado propuestas (aquí y aquí) encaminadas a avanzar desde el actual copago, lineal y obligatorio, hacia otro, evitable y basado en criterios de efectividad y coste-efectividad. Algunas de estas propuestas son las siguientes:

• Suprimir la distinción entre activos y pensionistas y establecer los criterios diferenciales del copago de acuerdo con la renta y condición de salud.
• Establecer tramos de renta más desagregados que los actuales, especialmente para diferenciar los tramos entre los 18.000 y los 100.000 euros anuales de renta familiar.
• Establecer límites máximos anuales, no mensuales, que idealmente se definan como un porcentaje de renta.
• En línea con la supresión de la distinción entre activos y pensionistas, extender los límites máximos a los desembolsos que actualmente solo se aplican a pensionistas para incluir a los activos.
• Establecer una relación entre los copagos y la efectividad y el coste-efectividad de la prestación sanitaria, de forma que los tratamientos más efectivos y más coste-efectivos tengan un porcentaje de copago inferior.
• Aplicar los criterios establecidos de forma consistente a toda la prestación sanitaria susceptible de aportación por parte del usuario.

Introducción de dos artículos adicionales en el Anteproyecto de Ley en relación a la evaluación de impacto en salud y en equidad en salud. 

• Descripción de la modificación y motivación declarada

La propuesta se fundamenta en la necesidad de mantener la coherencia del Anteproyecto con su propio preámbulo; con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y, con España 2050, Estrategia Nacional de Largo Plazo.

En el contexto de una pandemia, no se entendería que una Ley que pretende garantizar la protección de la salud y la equidad se olvidase del conjunto de la estrategia política integral que está diseñando el propio gobierno. Una estrategia que incorpora la necesidad de evaluar los impactos medioambientales, en salud, bienestar y equidad. Por ello, no parecería coherente que las normas requiriesen medir el impacto ambiental, el de género, pero no el de salud y desigualdades en salud. La salud, la equidad y el bienestar son prioridades de nuestra sociedad y deben quedar explícitos en las exigencias normativas.

La necesidad de incorporar expresamente la evaluación del impacto en salud en el articulado del Anteproyecto puede inferirse de su propio preámbulo, que enfatiza la importancia de maximizar los resultados que las políticas públicas tienen en la salud de la población. Precisamente por ello, se incluyó la evaluación del impacto en salud de otras políticas en el artículo 35 de la Ley 33/2011.

Por su parte, el apartado C18.R3 incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé una “Nueva Ley de Medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” que tendría como uno de sus propósitos principales (pág. 23): “Incluir el enfoque de Salud en todas las políticas. Todas las normas que se elaboren en el ámbito del Gobierno Central deberán contar con un informe previo sobre su impacto en salud”. Este propósito se refleja en el preámbulo antes comentado y, de nuevo, no contribuye a la coherencia política no incluir en la Ley lo que razonadamente se señaló como propósito principal.

Por último, de muchas de las páginas del documento España 2050, Estrategia Nacional de Largo Plazo (p.ej. pág. 198), se desprende la necesidad de las evaluaciones del impacto en salud.

• Artículos propuestos

• Artículo. Modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Se modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en los siguientes términos:

Uno: El artículo 26 queda redactado de la siguiente forma:

Se adiciona al artículo 26. Punto 3, el nuevo apartado i) con el siguiente texto:

i) Impacto en salud y en equidad en salud, que analizará y valorará los resultados en términos de salud de la población que se puedan seguir de la aprobación de la norma considerando los indicadores de salud procedentes del sistema de Vigilancia en Salud Pública incluidos los determinantes sociales de la salud. Así mismo se evaluará el impacto en las desigualdades en salud de la población. La evaluación de impacto en salud que se realizará de cuerdo a los dispuesto en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se acompañará de propuestas que, manteniendo los objetivos primarios de la norma, maximice los resultados en términos de salud y reducción de las desigualdades en salud.

• Artículo. Modificación del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.

Se modifica el Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, en los siguientes términos:

Uno: El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:

Se adiciona al artículo 2, un nuevo apartado detrás del f) y con reasignación de denominación de los siguientes, con el siguiente texto:

g) Impacto en salud y en equidad en salud, que analizará y valorará los resultados en términos de salud de la población que se puedan seguir de la aprobación de la norma considerando los indicadores de salud procedentes del sistema de Vigilancia en Salud Pública incluidos los determinantes sociales de la salud. Así mismo se evaluará el impacto en las desigualdades en salud de la población. La evaluación de impacto en salud que se realizará de cuerdo a los dispuesto en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, se acompañará de propuestas que, manteniendo los objetivos primarios de la norma, maximice los resultados en términos de salud y reducción de las desigualdades en salud.

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En la entrada de febrero del pasado año alertaba de las consecuencias que podía tener dejarse arrastrar por un pánico irracional ante la incipiente epidemia producida por un tipo de coronavirus muy recientemente bautizado por la Organización Mundial de la Salud como SARS-CoV-2. De hecho, por aquel entonces aún lo conocíamos como “coronavirus de Wuhan”, en referencia a la ciudad china epicentro del brote originario de la epidemia. La magnificación (razonaba yo en el artículo) de la amenaza que podía entrañar un brote todavía localizado casi en exclusiva en China podía conducir, paradójicamente, a la confirmación de los peores augurios económicos, no ya por el colapso exportador chino, sino por el cese de los desplazamientos (días antes se había cancelado el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona) y el correspondiente deterioro del sector turístico. La alargada sombra de Keynes, precursor de la economía del comportamiento al subrayar la conexión entre las reacciones emocionales humanas (lo que denominó ‘animal spirits’, y que quizá podríamos traducir como ‘impulsos atávicos’) y la actividad económica, predecía que las más nefandas profecías podían acabar por hacerse realidad.

Mi hipótesis estaba bien traída, y a tenor de los antecedentes (recuerden el relativo bluf de la gripe aviar y las compras millonarias de Tamiflu, antiviral que caducó en los almacenes de muchos gobiernos, o el limitado impacto de epidemias anteriores, como la del SARS o el MERS, protagonizadas también por otros coronavirus) era bastante más que una mera lucubración infundada… pero, pese a todo, lo cierto es que me equivoqué.

En cierto modo anticipé un fenómeno que, algo después, inmersos ya en la pandemia, se convertiría en una de las principales aficiones de muchos españolitos (de esos que quieren vivir y a vivir empiezan, que diría Machado): jugar a epidemiólogo. Y ni la epidemiología es un juego, ni los mecanismos de propagación del coronavirus (como bien constataríamos ola tras ola) eran por aquel entonces predecibles (y probablemente tampoco ahora, amenazados por variantes que amenazan con exprimir el alfabeto griego). El economista del inconsciente, pretendiendo prevenir el riesgo de que los sesgos cognitivos nos condujesen a una histeria desmedida, acabó siendo víctima de uno de los más estudiados: el sesgo de confirmación.

Fui rehén de mis prejuicios, seleccionando inconscientemente los argumentos que favorecían mi tesis (la súbita –y aparentemente desproporcionada– anulación del referido MWC), descartando o cuando menos minimizando la importancia de las evidencias que la cuestionaban (los brotes que, pocos días antes, comenzaban a surgir en Italia). Me comporté, en suma, como tantos otros especialistas en una materia que propenden a diagnosticar una patología (física, mental, social) desde la atalaya de su disciplina, viendo en los síntomas de aquella la confirmación de sus apriorismos. De ahí que problemas globales y complejos (como una pandemia) solo puedan comprenderse integralmente cuando se analizan, no ya desde una óptica inter o pluri disciplinar, sino transdisciplinar, tal y como sostienen Morin, Nicolescu y otros intelectuales propulsores del paradigma de la complejidad. De lo contrario acabamos comportándonos como los ciegos de la parábola india que examinan a tientas un elefante, tomando la parte (una pata, una trompa, una oreja, un colmillo) por el todo, “viendo” así un tronco, una serpiente, un abanico, una lanza … en vez de lo que realmente es, un elefante.

También pequé (espero que esto no lo lean mis estudiantes) de anumerismo, subestimando la lógica implacable de la progresión geométrica de la incipiente pandemia. Pocos días después a la aparición de mi artículo, mi admirado Pablo Artal (premio nacional de investigación, premio Jaime I, medalla Edwin H. Land …) alertaba a las amistades del crecimiento exponencial que alumbraba el brote en España. Confieso que me resistía a admitir la verosimilitud de esa aciaga predicción regida por los términos de una sucesión matemática … y eso que, como economista, tengo grabada a hierro candente la ley demográfica malthusiana que afirma que la población crece de forma geométrica (el crecimiento es multiplicativo), mientras que la producción de alimentos aumenta de modo aritmético (sumativo).

A la postre, y quizá por encima de los errores de juicio señalados, sobre todo pudo en mi un exceso de confianza en las capacidades de nuestro sistema sanitario, a cuyo estudio he dedicado casi toda mi carrera académica. “Aquí no puede pasar eso”, me decía, imbuido de una cierta soberbia cuando atendía a la situación en China … ¡Cuán equivocado estaba! ¡Un virus había de helarnos el corazón!

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1. La cualificación de esta pandemia como la mayor catástrofe de la historia de las infecciones no es fácilmente demostrable. La mortalidad atribuible a la gripe asiática entre 1957 y 1958 en España se ha estimado en unas 43.000 defunciones, que en el mundo fueron entre 1 y 2 millones. Ello sugiere la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales en la percepción de la magnitud del problema. Las tasas de mortalidad por todas las causas ofrecen una orientación global pero pertinente del impacto, como la relación entre muertes esperadas y observadas.
2. La percepción de la magnitud de cualquier problema no solo depende de su naturaleza sino también del tratamiento informativo que recibe. Las medidas preventivas adoptadas se justifican más por la incertidumbre que por el conocimiento preciso. Se ha preferido actuar como si la situación fuera la peor posible y desestimando los efectos adversos inevitables de las medidas preventivas.
3. No existe una forma infalible de modelizar la evolución de las enfermedades infecciosas. Los modelos fallan en sus predicciones; de ahí algunos cambios repentinos de estrategia en la política de contención de la COVID-19 de algunos países. Los modelos describen una gama de posibilidades muy sensibles a nuestras acciones, cumplimiento efectivo del aislamiento entre personas, seguimiento epidemiológico de casos y contactos, etc. Los datos son poco fiables y se revisan y cambian retrospectivamente, por lo que los modelos han de cambiar también. El conocimiento temprano de la enfermedad a menudo es incorrecto.
4. Por muy inciertos que sean los modelos, pueden ser claves en la toma de decisiones sobre la demanda asistencial en camas de agudos o críticos. Debemos utilizarlos siendo cautelosos sobre cuánto nos están diciendo realmente. Son una herramienta para aclarar nuestras ideas.
5. Ante la aparición de una pandemia, la mejor manera de detener la explosión demográfica de un patógeno es cortar la cadena de transmisión. Esta recomendación se enfrenta con un mundo más globalizado, más interconectado, con un flujo de personas y mercancías continuo. Es vital, por tanto, el desarrollo de programas de actuación supranacionales, casi globales, que permitan desarrollar estrategias conjuntas de control de este tipo de eventos. Las pandemias surgen como una consecuencia de la interacción del ser humano con las especies con las que convive. Este hecho subraya la importancia del concepto de «One Health» o «Una Sola Salud», a través de la estrecha colaboración entre los servicios veterinarios y los servicios médicos.
6. El conocimiento actual de la ecología microbiana y la evolución actual de la humanidad y del medio ambiente indican que ocurrirán nuevas pandemias. La naturaleza impredecible de su evolución obliga a disponer de un sistema de vigilancia a nivel mundial sobre los siguientes factores de riesgo: a) la interacción con la fauna silvestre; b) la interacción entre especies domésticas y de éstas con el ser humano; c) los hábitos alimenticios humanos; d) el uso de agentes biológicos en laboratorios de investigación.
7. La comparación de las distintas respuestas de salud pública ante la COVID-19 parece muy compleja. Las opiniones y análisis presentados en los medios de comunicación y revistas médicas son muy insuficientes y muchos traslucen prejuicios conocidos sobre la eficiencia de los países o perspectivas muy politizadas.
8. La contención ha sido la respuesta imperante en la fase inicial de la primera onda epidémica y ha reducido el daño y la mortalidad, a pesar de paralizar las economías. En algunos países parece haberse descuidado la prevención y el control de brotes nosocomiales, quizás confiando en el control de la transmisión comunitaria por el confinamiento o porque los sistemas de información -centrados en los hospitales- informaban defectuosamente de los fallecimientos extrahospitalarios. Los nuevos rebrotes dirán más de la respuesta sanitaria y de salud pública de cada país que la primera onda, a la que solo hemos podido hacer frente con el confinamiento.
9. La pandemia ha mostrado que la no incorporación rutinaria de los principios de buen gobierno en todos los niveles jurisdiccionales crea tensiones institucionales y resquicios para la crítica indiscriminada, pues determinan la calidad y efectividad de la actuación pública. No se cumplen sin estímulo desde la sociedad civil. Debería crearse un Comité Nacional de Buen Gobierno en Salud, que incluyera la propuesta de Centro Estatal de Salud Pública desarrollar políticas, organizar la salud pública e indicar quién, qué y cómo deben implementarse las diversas acciones.
10. El dinamismo de los conocimientos y prácticas de la salud pública en este siglo va a demandar profesionales con adaptabilidad, independientemente de que haya especializaciones, particularmente en las áreas investigadoras y académicas para la guía científico-técnica.
11. La pandemia actual (como cualquier otra) tiene rasgos de “mal” público internacional. Significa esto que, debido al carácter infectocontagioso del agente vírico, no hay rivalidad en el “consumo” de la COVID-19 (no al menos hasta alcanzar la inmunidad de rebaño). Parece lógico, a la vista de esto, combatir “mal” con “bien”, también público y también de dimensión transnacional. En el ámbito de la Unión Europea (UE), con países dotados de sistemas sanitarios públicos de cobertura universal y movilidad transnacional de la asistencia sanitaria, el anterior objetivo pasaría por la creación de una agencia europea de salud pública.
12. Dicha agencia debería de ser estatutariamente independiente (como el Banco Central Europeo) y estar dotada de recursos y capacidad ejecutiva suficiente como para articular una eficaz respuesta conjunta a los desafíos que entrañan las pandemias, entre otros, la constitución de reservas estratégicas de equipos de protección individual y mascarillas y la coordinación de la compra de estos equipos y de las vacunas explotando al máximo las economías de escala derivadas del poder de monopsonio que confiere el tamaño de la UE.
13. Los centros de salud necesitarán herramientas para responder a muy corto plazo. Hay dificultades para gestionar la demanda y el acceso telefónico, demoras, saturación emocional de los profesionales. Deben introducirse cambios estructurales y dotar al administrativo sanitario de mayor peso en sus funciones y en la gestión de procesos. Los centros de salud deben ser espacios seguros para profesionales y ciudadanos. Se han de reforzar la exhaustividad de los planes de calidad y evaluación de los centros, revisar protocolos de limpieza, y rediseñar las exploraciones complementarias de bajo y alto riesgo que se realizan en los centros. Hay que responder a la cronicidad redefiniendo funciones, incorporando nuevos profesionales, con médicos de familia proactivos y liderazgo de la enfermería familiar y comunitaria, incluyendo a las residencias geriátricas.
14. Debe normalizarse la telemedicina, consolidarse la consulta digital y el uso de dispositivos móviles integrados en la historia clínica, reforzarse la telemonitorización con plataformas de salud conectadas a alarmas en los sistemas de información, y herramientas digitales de ayuda a la toma de decisiones, además de coordinarse con criterios territoriales y geográficos con los servicios de salud pública para seguir y aislar contactos desde los centros de salud.
15. En el ámbito hospitalario, lo bueno ha sido la profesionalidad de todo el personal (asistencial y no asistencial, de primera línea y de dirección) que ha enfrentado el desafío, el descubrimiento de la agilidad con que se pueden decidir muchas cosas, el uso de los medios digitales a gran escala. Lo malo, el farragoso protocolo para pedir pruebas al inicio de la epidemia y su escasez, la incomprensión de la incertidumbre y el uso para batallas políticas de los errores de la gestión, la incertidumbre jurídica en que se mantienen muchas decisiones, con limitada disponibilidad de recursos de diagnóstico de laboratorio y equipos de protección del personal, y el descubrimiento de que a veces hay que decidir sobre derechos que jamás hubiéramos imaginado que se contrapusieran entre ellos, como los de los profesionales y los de los pacientes.
16. Organizaciones estructuradas y efectivas en condiciones normales tienen una gran capacidad de respuesta en situaciones de emergencia. Hay que trabajar en ello de manera persistente. Los hospitales y centros especializados no han de dar ningún paso atrás en las nuevas formas de atención a pacientes de las áreas ambulatorias. Se debe profundizar en la polivalencia de los profesionales: su formación ha de tener un gran componente de habilidades médicas y asistenciales comunes y manejo de urgencias. Hemos de disponer de áreas y reservas estratégicas en los centros especializados o en dispositivos cercanos, y considerar a los hospitales empresas complejas que no pueden gestionarse con instrumentos pensados para entornos estables y de alta certidumbre.
17. Las altas cifras de fallecidos señalan que las residencias y los centros sociosanitarios no estaban preparados para una situación de tensión como la que ha supuesto la COVID-19. Las prestaciones establecidas en la Ley de dependencia recayeron en los servicios sociales. Ni se creó un nuevo espacio para la atención a la dependencia ni se buscó una integración de todos los servicios con componente sociosanitario.
18. España es uno de los países occidentales que menos recursos destina a cuidados de larga duración El coste del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se ha estimado en 2018 en 8.289 millones de euros (0,69% del PIB), cifra muy alejada del 1% de PIB previsto en su etapa de planificación. La exigencia de una formación continuada y una acreditación rigurosa de los trabajadores de centros sociosanitarios y residencias parece difícilmente conciliable con precios públicos por hora de ayuda a domicilio que no llegaba a los 14 euros en 2016.
19. Aunque siempre resulte arriesgado proyectar a la experiencia presente sucesos pasados, el análisis de las intervenciones no farmacológicas puestas en práctica durante la mal llamada gripe “española” del trienio 1918-1920, depara algunas lecciones que pueden resultar valiosas para la gestión de la actual crisis. Primero, las medidas de distanciamiento social han de mantenerse durante varios meses para que produzcan rebajas significativas en las tasas de mortalidad. Segundo, su éxito pasa por combinar varias intervenciones, no una sola. Tercero, es posible que intervenciones demasiado efectivas en la detención de una primera oleada, propicien un segundo pico de mortalidad una vez retirada.
20. Por el contrario, el estudio de la repercusión que tuvo la gripe española sobre la actividad económica de diferentes ciudades estadounidenses no ofrece resultados concluyentes. No se puede afirmar que las intervenciones no farmacológicas hayan tenido una influencia significativa, en un sentido u otro, sobre, por ejemplo, la actividad industrial. Se hace necesario, en consecuencia, anticipar la relación coste-beneficio de diversos escenarios de intervención, sin esperar a la observación ex post.
21. Los efectos de la pandemia de la COVID-19 sobre la actividad económica son resultado de dos disrupciones. La más inmediata es la imposibilidad de trabajar de aquellos que contraen la enfermedad. En este caso, la COVID-19 no difiere de otras enfermedades infecciosas que generan bajas laborales como la gripe estacional. La segunda disrupción, distintiva y de mucho mayor impacto, es la causada por las necesarias medidas de contención de los contagios: el cese de actividades en una parte importante del tejido productivo y el confinamiento domiciliario. Todas las economías se enfrentan a la destrucción de la actividad económica y al deterioro de las cuentas públicas, si bien las diferencias en las estructuras productivas y en los mercados de trabajo de los diferentes países actúan como moduladores de su impacto. En ambas dimensiones España es uno de los países afectados más vulnerable.
22. La limitación de daños al tejido productivo, la protección de los trabajadores y el estímulo a la recuperación van a depender de las decisiones de política económica que se apliquen en los próximos meses. Los gobiernos deben continuar favoreciendo la estabilización de la actividad económica, para lo cual es imprescindible el respaldo del Banco Central Europeo, para evitar una crisis de deuda soberana como la generada en la Gran Recesión. A su vez, resulta muy deseable el lanzamiento del debatido Fondo de Recuperación de la UE que, vista la imposibilidad de mutualizar la deuda, al menos sirva para mutualizar el gasto.
23. El retraso con que la mayoría de países (también España) adoptaron medidas contundentes como los confinamientos para “aplanar la curva” puede interpretarse en clave conductual. Diversos sesgos cognitivos han podido influir en la actitud vacilante, en las etapas iniciales de los brotes, de gobiernos y sociedades. Sin duda, se ha pecado de un exceso de optimismo (“esto aquí no puede pasar, no a nosotros”); también de anumerismo, ignorando la lógica del crecimiento exponencial de la epidemia. La heurística de disponibilidad llevó a muchos a proyectar a la COVID-19, atributos epidemiológicos propios de la gripe estacional, infravalorando así su transmisibilidad y letalidad. La falacia de la falta de evidencia (“no hay evidencia sólida suficiente que avale la idoneidad de que la población lleve mascarillas”) y la tendencia a mantener el statu quo (afrontar la propagación del coronavirus como si no se estuviese produciendo transmisión comunitaria) han sido dos de los sesgos que más han influido en la titubeante gestión inicial de la pandemia.
24. El escenario post-confinamiento en el que nos encontramos, carentes aún de una vacuna y de tratamientos efectivos, hace muy conveniente el impulso de actitudes y comportamientos responsables entre la ciudadanía, observando diligentemente las medidas de protección individual: uso de mascarilla, higiene de manos y mantenimiento de la distancia de seguridad. Para ello lo más efectivo sería una combinación de medidas “duras” (punitivas o sujetas a sanción, como, por ejemplo, multas por no llevar la mascarilla cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad) y medidas “blandas” (nudges o “empujoncitos” promoviendo hábitos correctos de protección personal y distanciamiento social; su normalización social, generando rechazo entre los ciudadanos cuando se infrinjan dichos hábitos; su dimensión altruista o solidaria con el bien común).
25. La pandemia ha dejado al descubierto vulnerabilidades de nuestro sistema de salud, pero hemos aprendido la imperiosa necesidad de tener un esquema de gobernanza efectivo que aproveche la complicidad de la ciudadanía en el uso de sus datos. Necesitamos un esquema de uso de la información distinto y ello no siempre es un reto técnico: podemos copiar a los mejores y trabajar en soluciones propias.
26. Según Ricard Meneu, Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández, Vicente Ortún y Salvador Peiró: Unos sistemas de información (epidemiológicos y clínicos) capaces de monitorizar anticipadamente la evolución de la transmisión a nivel local […] (cuyos) indicadores de los sistemas de información sean elementos determinantes para decidir entre la continuación del desconfinamiento o la vuelta atrás. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo: no hay big data sin los ciudadanos.
27. En esta pandemia la comunidad científica ha realizado un inusitado esfuerzo por integrar saberes y técnicas para poner, al alcance de cualquiera, sofisticadas herramientas de seguimiento. No todos los datos aportados gozan de la misma fiabilidad ni responden a criterios homogéneos. Si esto ha supuesto graves limitaciones en la interpretación por avezados analistas de datos, ha sido ignorado por la mayoría de los medios de comunicación con un reconocido anumerismo: preferencia por los números brutos, imprecisión en el empleo de tasas de uso normalizado, llamando letalidad o mortalidad o cosas distintas a lo que esos conceptos significan, descuido, pereza o incapacidad en la lectura de fuentes científicas, interpretando ad libitum conceptos inequívocos en su contexto original y utilizándolos como comparador de sus imaginativas aritméticas, y la fascinación por “la actualidad”, el “minuto y resultado”, en lugar de por las tendencias
28. Aun omitiendo la importante contribución de los media a generar la absoluta confusión reinante sobre la capacidad, utilidad y sentido de los distintos test, es menos disculpable la azarosa atención a tratamientos y vacunas futuribles de muy dispar relevancia, incluso considerando que esa cuestionable práctica es moneda corriente en las ediciones cotidianas de todos los medios en cualquier momento.
29. Como sucede con muchas políticas públicas, la expansión fiscal de estos próximos meses en el seno de la UE puede orientarse a recuperar todo lo malo que teníamos o hacia el futuro que deseamos. Más de un billón de euros del Plan de Recuperación Económica no deberían ser pasto de lobbies ni de chauvinismos estrechos interesados en recuperar el statu quo anterior a la crisis; debería permitir el fortalecimiento de las instituciones europeas, doblando incluso su presupuesto y configurar ese futuro de reconversión energética, humanismo tecnológico y orientación hacia el bienestar, democráticamente configurado y competitivo en el mundo, deseable para nuestro continente.
30. No se podrá mejorar la salud de las personas en un planeta enfermo. El estado de bienestar ha pasado a ser planetario y la institución clave para mejorar esa armonía social imprescindible para que el ‘capitalismo democrático’ no sea un oxímoron.
31. La crisis originada por la pandemia de la COVID-19 va a dejar déficits públicos inmensos en muchos países de la UE. El desplome de la recaudación y la explosión del gasto público para afrontar la pandemia va a requerir inevitablemente la consolidación de las cuentas públicas. En este contexto, la suerte del sistema sanitario español se juega en tres escenarios distintos: a) la ayuda europea, condicionada se quiera o no al abordaje de reformas estructurales demoradas en España durante demasiado tiempo; b) la reforma fiscal, reequilibrando la composición de las fuentes tributarias y explorando la aplicación de tasas por uso de servicios y copagos evitables; c) el control del gasto público, que no ofrece margen en el corto plazo, reforzando así la necesidad de complementar ingresos antes que recortar gastos sociales.
32. Hay que evitar dilemas falaces, como el resultante de atribuir a la banca la obligación moral de rescatar a la sociedad de la debacle económica generada por la COVID-19 y, asimismo, hay que dejar de fiar todo el éxito de la salida de la crisis a la disponibilidad de recursos: se trata también de mejorar la gobernanza.
33. La crisis desatada por la pandemia ofrece en el corto plazo, en lo que respecta a su impacto sobre la pobreza y la desigualdad, un rostro familiar por su similitud con la Gran Recesión de 2008: depresión económica y destrucción de empleo, de mayor hondura, no obstante, de lo acontecido en aquella ocasión. En el largo plazo, probablemente se acentúe la brecha digital, perjudicando a los trabajadores de menor cualificación y a las familias con más dificultades de acceso a las “nuevas tecnologías”, ensanchando la desigualdad económica e intergeneracional.
34. Que los peores augurios sobre la magnificación de las desigualdades a todos los niveles que puede provocar la crisis de la COVID-19 se hagan realidad dependerá de la proactividad de las políticas públicas para prevenir la precarización de las relaciones laborales (el ingreso mínimo vital es un acierto a este respecto), la nivelación de las condiciones de partida en el terreno educativo (aumentando la dotación de recursos allí donde se localizan los estudiantes de menor renta) y la reducción de las desigualdades en salud (modificando el actual sistema de copago farmacéutico y prestando en general una mayor atención a los grupos más vulnerables).
35. Una de las grandes preguntas a la que nos enfrenta la presente pandemia es si en esta ocasión dramática tendremos que sufrir un mercado internacional de vacunas con la dinámica selvática del pasado, o conseguiremos organizar y ordenar un mercado mundial eficiente y equitativo a escala global, basado en una cooperación internacional verdaderamente humana. Cuando se trata de la vacuna contra el SARS CoV-2, el conflicto no puede ser mayor: se han de mantener los incentivos a innovar, fabricar y remunerar la inversión, pero si queremos un mercado mundial ordenado, eficiente y equitativo, las vacunas una vez desarrolladas deberían ser accesibles a todos y con la mayor prontitud.
36. Una parte de la solución al dilema anterior la proporcionan los fondos públicos que muchos países están dedicando a la investigación y desarrollo de la vacuna. Otra parte de la solución es buscar alternativas a las patentes para que el sector privado no deje de contribuir a la investigación y fabricación con todo su potencial. Por ejemplo, participando en un fondo común de patentes de medicamentos. Finalmente, la cooperación internacional resulta crucial, sustanciándose en iniciativas de coordinación y financiación lanzadas por Estados o alianzas de Estados, como el “ACT Accelerator” (Access to Covid-19 Tools Accelerator), de la UE y otros países.

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El retraso con que muchos de los gobiernos decretaron el confinamiento, pese a que en tiempo real podían ver lo que les ocurría a países vecinos (caso de España con respecto a Italia), se presta a una explicación conductual, como también el hecho de que haya habido naciones que no han tenido que recurrir (o han tardado en tener que hacerlo) a medidas de confinamiento. El objeto del presente capítulo es ofrecer algunas explicaciones cimentadas en la economía del comportamiento a los fenómenos mencionados, así como sugerir medidas que se deberían emplear en la “nueva” normalidad, con el objeto de prevenir un eventual rebrote.

Sesgos en la percepción inicial de la pandemia

La economía del comportamiento analiza la conducta de las personas desde unas bases psicológicas realistas (Kahneman, 2011). En concreto, ofrece explicación a una amplia variedad de errores de decisión, que por ser sistemáticos reciben el nombre de sesgos cognitivos. De hecho, muchos de estos sesgos atañen a la salud pública (Roberto y Kawachi, 2016). Afortunadamente, las estrategias basadas en la economía del comportamiento han demostrado su efectividad en este ámbito (Abellán y Jiménez-Gómez, 2020), contribuyendo exitosamente, por ejemplo, a la prevención de la obesidad (Gittelsohn y Lee, 2013). Esas estrategias conductuales reciben el nombre de ‘nudges’ (habitualmente traducidos como “empujoncitos”), que podemos definir como intervenciones que modifican el entorno (p.ej. distanciando los alimentos menos saludables) para generar un cambio de comportamiento, pero sin restringir la capacidad de elección de los individuos (Thaler y Sunstein, 2008).

Algunos de los sesgos que pueden ayudar a explicar la errónea percepción inicial de la amenaza que entrañaba esta pandemia son los siguientes:

• Exceso de confianza. La sobrevaloración de las propias capacidades subyace a este sesgo que hace que, por ejemplo, los conductores sobreestimen su pericia en la carretera. Está relacionado con el exceso de optimismo, la creencia que posee una persona de que es más probable que le sucedan eventos positivos (en comparación con otros; por ejemplo, que el efecto del virus no será catastrófico). Ambos sesgos se nutrieron de los antecedentes de epidemias recientes (SARS en 2003 y MERS en 2013, controladas en origen), del temor a sobrerreaccionar (por el gasto que se realizó en 2009 en tratamientos para la gripe A que luego no se llegaron a emplear) y del convencimiento ampliamente extendido en Europa (y particularmente en España) de que poseíamos sistemas sanitarios preparados para afrontar cualquier epidemia.
• Anumerismo y sesgo del crecimiento exponencial. Un fenómeno ampliamente estudiado es el del ‘anumerismo’ o analfabetismo matemático (Paulos, 1988), que se extiende a la dificultad para interpretar riesgos y probabilidades (Gigerenzer y Edwards, 2003). En consecuencia, sociedad y políticos infravaloran la dinámica de crecimiento exponencial que entraña un indicador como es el número básico de reproducción del SARS-CoV-2.
• Heurística de disponibilidad. Tendemos a predecir las consecuencias de una enfermedad desconocida (COVID-19) basándonos en una conocida (gripe), pero el ritmo reproductivo y la letalidad del SARS-CoV-2 son mayores que los de los virus de la gripe. Este sesgo, por tanto, exacerba el anterior.
• Falacia de la falta de evidencia. Como señalara Carl Sagan (1995), “la ausencia de prueba no es prueba de ausencia”. Este sesgo se hallaba detrás del cuestionamiento por parte de expertos de las drásticas medidas que se estaban adoptando en China y otros países para frenar la epidemia, como las restricciones a los viajeros, la obligación de llevar mascarillas en lugares cerrados o las medidas de aislamiento social.
• Sesgo del statu quo. Existe una tendencia a favorecer la situación actual ante una de cambio. Esto está conectado con el sesgo de aversión a la pérdida, que penaliza las pérdidas más que las ganancias equivalentes. Este sesgo favorece la parálisis ante una situación novedosa como ha sido la de la COVID-19.

Hay otros sesgos presentes en esta crisis, como, por ejemplo, la sobrevaloración de probabilidades pequeñas, que operan en la dirección opuesta a los referidos, lo cual, paradójicamente, al ser advertido por destacados economistas del comportamiento, pudo provocar un «efecto rebote», y generar a la postre una mayor infravaloración del riesgo que suponía la COVID-19. Así mismo, dentro del seno de las ciencias del comportamiento, la respuesta a la pandemia no ha sido uniforme, como atestigua la carta abierta de destacados científicos sociales al gobierno de Boris Johnson criticando la, a su juicio, errónea utilización de la economía del comportamiento para justificar la intención inicial del Reino Unido de apostar por la inmunidad de rebaño.

Actuación contra la pandemia

En la pandemia del SARS-CoV-2, una vez que se asimiló la amenaza real que suponía el virus, ha habido diferencias importantes en la gestión de la crisis, algunas de las cuales se han podido ver influidas por sesgos. Una de las diferencias más obvias ha sido el uso de los “tratamientos” disponibles, tales como mascarillas y puntos de lavado de manos: mientras que estas medidas se adoptaban de manera prácticamente universal en Taiwán y Corea del Sur, su uso era casi nulo en España e Italia. Aunque estas diferencias se han achacado a factores culturales, lo cierto es que hay motivos económicos y psicológicos que son tanto o más importantes. En primer lugar, los sesgos descritos con anterioridad han sido más pronunciados en los países que no se vieron afectados por la epidemia de SARS-CoV en 2003, lo que propició una menor preparación logística y material ante la pandemia. Además, el hecho de que en los países asiáticos la población posea mascarillas y sepa utilizarlas correctamente hace que imponer su uso no genere desabastecimiento; justo lo contrario que sucede en países como España donde la población nunca antes las había tenido que emplear. En un primer momento, tanto los gobiernos occidentales como todas las instituciones multilaterales de prevención y control de las enfermedades desaconsejaban que la población llevase mascarillas; dicha recomendación seguramente pretendía asegurar el abastecimiento del personal sanitario, al tiempo que, en cierta medida, adolecía del sesgo de la falacia de la falta de evidencia (y exceso de confianza y optimismo) al suponer que la transmisión del virus sólo tenía lugar en fase sintomática. En los países asiáticos el uso de medidas de protección individual durante la pandemia es una norma social, esto es, un comportamiento tan extendido que su infracción está penalizada socialmente hablando. En España, hasta el 20 de mayo no se ha establecido la obligatoriedad del uso de la mascarilla en cualquier espacio público, por lo que resulta vital normalizar socialmente su uso (junto al mantenimiento de la distancia de seguridad y la higiene de manos) a fin de mantener controlada la epidemia. Todas estas medidas deben ser consideradas no solo por su efecto individual, sino por el efecto que producen sobre el conjunto de la población. Por ejemplo, cuando una persona lleva una mascarilla, no solo reduce el contagio del virus, sino que genera una externalidad positiva al hacer que otras personas sean más propicias a tomar esa medida por presión social, como describimos en el siguiente epígrafe.

Actuaciones post-confinamiento

Para que el retorno a la “nueva” normalidad funcione, las decisiones tras el confinamiento deben estar libres, tanto como sea posible, de la influencia de sesgos cognitivos (p. ej. no volver a caer en la falacia de la falta de evidencia). Hemos de ser conscientes, asimismo, de que el efecto directo de la COVID-19 es extremadamente “saliente” (es decir, que captura poderosamente nuestra atención), mientras que el efecto indirecto en mortalidad, morbilidad, y distrés psicológico asociado a otras enfermedades, violencia doméstica, y al efecto económico del confinamiento, lo es menos, pero no por ello resulta de menor importancia (y a esto se añade el coste “moral” de la restricción de libertades individuales asociada al confinamiento). Una manera efectiva de reducir los sesgos señalados en la población es proporcionar información actualizada de calidad, lo que tiene el beneficio añadido de reducir la resistencia a medidas que podrían parecer contra intuitivas sin acceso a dicha información.

Es necesario tener en cuenta no solo los factores puramente epidemiológicos y sanitarios, sino también los conductuales. Las medidas que acompañan a la desescalada pueden dividirse en “duras” y “blandas”. Serían duras aquellas de obligado cumplimiento, impuestas coercitivamente por la Ley (p. ej. las condiciones de reapertura de comercios). Las blandas son las medidas de tipo nudge como, por ejemplo, la ubicación estratégica de puntos de lavado de manos en la entrada a los establecimientos, la entrega de mascarillas, la utilización de ayudas visuales para mantener la distancia social (imágenes de pasos en el suelo a la distancia adecuada), el liderazgo por parte de las autoridades gubernamentales usando visiblemente medidas de protección individual y proporcionando información veraz acerca de su uso correcto, etc. Los nudges tienen una serie de ventajas: son extremadamente coste-efectivos, pueden ser implementados por organismos privados por iniciativa propia, y una vez aplicados pasan a formar parte del “conocimiento colectivo”, de tal manera que aquellos que han funcionado bien en otros países podrían transferirse fácilmente a España. Y, quizás más importante aún, al no ser instrumentos coactivos, pueden servir de antídoto frente a tentaciones autoritarias, que puedan representar un retroceso en los derechos individuales.

Partiendo de reconocer que existen dos escenarios de equilibrio -aquél en el cual no se usan medidas de protección (Europa al comienzo de la pandemia), y aquél donde la mayor parte de la población las usa (Taiwán, Corea del Sur)- idealmente deberíamos converger hacia el segundo (en el cual la transmisión del coronavirus se ve notablemente reducida). Este tipo de comportamiento tiene una doble naturaleza, como hábito y como norma social. Como hábito, el comportamiento responsable incluye una serie de acciones reiteradas (lavado de manos, mantenimiento de distancia, uso de mascarilla, etc.), que con el tiempo se convierten en automáticas. Como norma social, estos comportamientos generan una aprobación social y, por el contrario, su no realización genera rechazo. Sin embargo, el coste de realizar estas acciones es privado e inmediato, y su beneficio es público y distante en el tiempo. Por ello, el sesgo hacia el presente (que hace que valoremos el presente de manera desproporcionada con respecto al futuro) y la falta de prominencia (‘salience’) cuando los efectos más obvios de la COVID-19 se debiliten, implican un riesgo de que volvamos al escenario inicial en España, en el cual los comportamientos responsables no sean comunes. Para evitarlo, se deben reforzar las normas sociales de cumplimiento de comportamientos responsables, y enfatizar el altruismo que conllevan estos comportamientos, especialmente aquellos observables (mascarilla, distancia), para que su uso se asocie al hábito de otros comportamientos menos observables (lavado de manos), pero igualmente necesarios. Este refuerzo se puede conseguir mediante medidas duras (uso obligatorio de mascarilla), pero también a través de los nudges descritos anteriormente, por parte de organismos públicos y privados. Los nudges complementan pues a las medidas duras y, al no ser impuestos, pueden ser más propicios para generar sentimientos de altruismo y responsabilidad social.

El futuro de la economía del comportamiento en salud pública y medicina preventiva

Es de esperar que el éxito contra posibles rebrotes del SARS-CoV-2 se conseguirá gracias a una población que mantenga los hábitos preventivos durante meses o incluso años, el tiempo necesario hasta conseguir una vacuna. Por lo tanto, todas las medidas que se tomen han de ser consideradas de manera global, teniendo en cuenta que normas sociales, formación de hábitos, y altruismo están interconectados y son cruciales para generar un comportamiento responsable.

A raíz de las catastróficas consecuencias de la pandemia de SARS-CoV-2, numerosas voces han pedido instituciones de salud pública con más independencia y capacidad de actuación a nivel regional, estatal y europeo. Creemos que dichas instituciones deberían integrar en su seno la economía del comportamiento por dos motivos. Primero, la siguiente pandemia será probablemente diferente de la actual, y es crucial evitar los sesgos que hemos descrito cuando llegue el momento. Segundo, y quizás más importante, la economía del comportamiento ha probado ser efectiva en la lucha contra enfermedades crónicas no comunicables (Abellán y Jiménez-Gómez, 2020) y, por ello, su incorporación en dichas instituciones no tiene un coste de oportunidad, sino que, muy al contrario, ofrece herramientas de gran valor y efectividad para las intervenciones sanitarias y de salud pública tradicionales.

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Queremos anunciar una nueva iniciativa de la Asociación de Economía de la Salud: durante unas semanas, los editores del Blog Economía y Salud de AES cedemos la batuta del mismo a nuestros queridos José María Abellán y Carlos Campillo (¡por cierto, un gran ex co-editor del Boletín!), como editores de una obra que promete ser de gran utilidad en el contexto de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo. De momento, el Blog será casi de uso exclusivo para esta iniciativa dado su alcance, así que os dejamos con ellos para que nos lo expliquen.

Saludos afectuosos,

Cristina Hernández Quevedo y Jorge Mestre Ferrándiz

Editores, Blog y Boletín Economía y Salud

Apreciados lectores, amigas y amigos de AES:

Es un privilegio tener la oportunidad de presentarles este proyecto editorial impulsado por la Asociación de Economía de la Salud, en el que están colaborando muchos profesionales de probada valía en sus respectivas parcelas, con el objetivo de ofrecer pistas valiosas que ayuden a desvelar las claves fundamentales de la presente pandemia.

Esta iniciativa surge a instancias de AES con una clara vocación pedagógica: queremos trasladar al gran público “píldoras” del conocimiento atesorado por los 30 autores que colaboran en la obra Economía de la salud (y más) de la COVID-19, un vademécum que aborda, si no todas, sí la gran mayoría de las facetas de la crisis sanitaria, económica y social desatada por la COVID-19 en un formato conciso y directo.

Aunque se prevé la publicación del volumen para el próximo mes de junio, hasta que llegue ese momento se irán adelantando, en versión preprint, los diferentes capítulos que lo integran, a través del Blog Economía y Salud de AES. La velocidad a la que se suceden los acontecimientos y el vertiginoso flujo de información disponible, han persuadido a los editores de este documento de la conveniencia de anticipar cuanto antes a los lectores su contenido, aun en versiones preliminares, susceptibles por tanto de modificación de cara a su publicación definitiva.

No vamos a desvelar nada más de nuestro vademécum, pues ya haremos su presentación in extenso el próximo mes, con ocasión de su lanzamiento. Ahora se trata tan sólo de generar una merecida expectación y de avanzar información que contribuya a entender, del modo más amplio posible, las diferentes vertientes de la crisis suscitada por la pandemia, así como sus consecuencias sobre nuestras vidas.

Que lo disfruten.

José María Abellán y Carlos Campillo

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¿Es racional, incluso razonable, este pánico al nuevo coronavirus? Pongamos en contexto este brote epidémico. Sin duda, impresiona el volumen de casos confirmados (más de 80.000 en el momento de escribir esta entrada), pero pese a ello, con los datos disponibles, el número de personas infectadas de media por cada persona que contrae el virus es análogo al de la gripe común (alrededor de 2,2) y muy inferior al de otros virus que infectan el tracto respiratorio (entre 12 y 18 en el caso del virus del sarampión). Asimismo, aunque el número de fallecimientos atribuibles a esta epidemia (alrededor de 2.700) es ya muy superior al que causaron otros coronavirus anteriores, como el de la epidemia del SARS en 2003 (menos de 800 fallecidos) y del MERS en 2013 (cerca de 850 defunciones), su letalidad (relación entre fallecidos e infectados) es muy inferior (entre un 2% y un 4% en la provincia de Wuhan, un 0,7% fuera de ese territorio, frente al 10% y 34%, del SARS y MERS, respectivamente). Y esta menor tasa de mortandad se debe a que la inmensa mayoría de los pacientes diagnosticados son leves (más del 80%), por lo que el número de pacientes recuperados es muy superior al de pacientes fallecidos (casi 27.800 pacientes restablecidos frente a 2.700 difuntos). La tendencia que experimenta la propagación de la epidemia en China, además, es descendente: desde el 13 de febrero, el número total de casos confirmados diariamente ha disminuido en un 95% (14.400 contagios menos).

El brote de COVID-19 no es aún una pandemia. El 97% de los casos se concentra en China. El número de casos confirmados fuera de ese país apenas sobrepasa los 2.600, habiéndose producido únicamente 42 fallecimientos. En Europa hay 377 casos en doce países, pero el 85% de los casos se hallan en Italia. Y su mortalidad es minúscula en comparación a la de la gripe común. Lean esto con atención, por favor: cada año fallecen en el mundo, a consecuencia de la gripe estacional, entre 290.000 y 650.000 personas, con unos 10 millones de afectados. En España, durante la campaña de la gripe 2017/2018 fallecieron por esta causa 15.000 personas. En la campaña más reciente, 2018/2019, murieron 6.300 personas. Este año, sólo en la Región de Murcia, han fallecido ya 8 personas. La práctica totalidad de las personas que mueren a consecuencia del nuevo coronavirus se encuentran dentro de los mismos grupos de riesgo que fallecen a consecuencia de la gripe estacional, esto es, básicamente ancianos e individuos inmunodeprimidos.

¿Recuerdan la terrible pandemia del virus H1N1 de la gripe A del año 2009? ¿Saben qué ocurrió? Que el pánico se apoderó de gobiernos y ciudadanos, de forma que se adquirieron abundantes reservas de Tamiflu, el antiviral que nos iba a salvar de la hecatombe. Resultó que la hecatombe no llegó y que el año pasado, 2019, hubo que deshacerse de las mencionadas reservas, que caducaron: 50 millones de euros por un medicamento que, además, sólo ahorra medio día de gripe. Por cierto, ¿saben cuál es el principal subtipo de virus detectado en la presente campaña de gripe 2019/2020? Pues sí, el subtipo H1N1 del virus de la gripe A.

¿Por qué entonces tantas empresas cancelaron su asistencia al Mobile World Congress? Keynes, uno de los grandes economistas precursores de la economía del comportamiento, nos proporciona la clave: cada gestor de riesgo de una gran multinacional toma sus decisiones pensando en lo que hará el promedio de sus iguales de otras compañías, porque no quiere arriesgarse a fallar. Su sueldo y su reputación dependen de ello. Esta forma de actuar favorece comportamientos de “rebaño”. En cuanto alguno de estos “expertos” comienza a recomendar a la dirección de su empresa que no asista al congreso, los demás le siguen. La misma lógica condujo al acaparamiento de Tamiflu en 2009. Aunque el riesgo fuese remoto, ningún gobierno quería exponerse a verse acusado por sus ciudadanos de pasividad ante la crisis.

Durante 2003, año de eclosión de la epidemia de SARS, se sucedieron los pronósticos económicos catastrofistas. Como han demostrado análisis posteriores, el impacto económico de aquella epidemia resultó ser muy inferior a lo previsto. Hoy día China está mucho más integrada en la economía global de lo que lo estaba entonces (aporta un tercio del crecimiento mundial, representando el valor de su producción un 18% del total), de forma que las pérdidas económicas que puede provocar la nueva epidemia pueden ser mucho mayores… sobre todo si nos dejamos llevar por el pánico. Keynes diría que corremos el riesgo de sucumbir ante impulsos viscerales que conduzcan a que las profecías apocalípticas se hagan realidad. Necesitamos una vacuna pronto contra COVID-19, sí, pero también contra la irracionalidad.

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