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¿Se puede permitir la gente pagar por la atención sanitaria en España?
Rosa Urbanos Garrido
Universidad Complutense de Madrid
Email: urbanos@ccee.ucm.es
Luz María Peña Longobardo
Universidad de Castilla-La Mancha
Email: luzmaria.pena@uclm.es
Micaela Comendeiro Maaløe M.
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Email: micaelacomendeiro@gmail.com
Juan Oliva Moreno
Universidad de Castilla-La Mancha
Email: Juan.OlivaMoreno@uclm.es
Manuel Ridao López
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Email: mridao.iacs@aragon.es
Enrique Bernal Delgado
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
Email: ebernal.iacs@aragon.es
La garantía de que todas las personas puedan disponer de los servicios de salud que requieran es una de las principales prioridades en la agenda para la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, los pagos directos por la atención sanitaria (es decir, aquellos pagos que salen directamente de los bolsillos de las personas), pueden llegar a ser, por un lado, una importante barrera en el acceso a determinados servicios, con la consecuente renuncia a los mismos debido a los altos costes y, por otro lado, pueden ocasionar serias dificultades financieras para los hogares (denominado gasto catastrófico). Estas dificultades financieras se producen cuando el pago directo realizado por los hogares supera el 40% de la capacidad de pago del hogar una vez se descuentan los gastos para cubrir necesidades en servicios básicos (también considerada como línea de necesidades básicas o línea de pobreza).
La problemática que genera a la sociedad que los hogares incurran en dificultades financieras ha originado una serie de estudios sobre protección financiera en el contexto de los sistemas sanitarios europeos, entre los que se encuentra el publicado recientemente por la OMS referido al sistema sanitario español, cuya recensión publicamos en esta entrada del Blog de AES.
Se trata de un estudio pormenorizado de la protección financiera en España a través del análisis de los microdatos recopilados de las encuestas de presupuestos familiares, que miden el consumo de los hogares como indicador del nivel de vida. El periodo de estudio abarca los años 2006 a 2019 (último año disponible en el momento de la publicación), y cubre, por tanto, los años de la crisis económica global desencadenada en 2008, la cual tuvo un importante impacto, tanto en los presupuestos sanitarios como en la normativa reguladora de la cobertura sanitaria. Durante el período de estudio se produjeron cambios significativos en las tres dimensiones de las políticas de cobertura:
- la población con derecho a la asistencia,
- la cartera de servicios financiada públicamente, y
- el porcentaje de participación en el coste de los servicios cubiertos.
El estudio constata, por un lado, el aumento del gasto catastrófico, particularmente entre los años 2008 y 2014, que tiende a concentrarse fundamentalmente en el quintil de hogares más pobres. También se observa que el perfil de los hogares con gasto catastrófico varía a lo largo del período analizado: si inicialmente se trataba en su mayor parte de hogares encabezados por pensionistas, en los últimos años están encabezados por personas en edad laboral. La atención dental y el consumo de productos sanitarios aparecen como las principales causas de gasto catastrófico en todos los quintiles, lo que se relaciona con el hecho de que la atención dental y óptica estén excluidas en su mayor parte de la cobertura del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, en el quintil más pobre también destaca la proporción de gasto catastrófico que representa el gasto en medicamentos. Entre los aspectos positivos que se extraen del análisis cabe citar, por un lado, que las necesidades insatisfechas en atención sanitaria (excluyendo la atención dental) están por debajo de la media de la UE y, por otro, que el gasto catastrófico en España es mucho menor de lo que cabría esperar dada la elevada proporción que los pagos directos representan sobre el gasto sanitario total. La explicación a este último hecho se encuentra en la universalidad del SNS (pese a que algunos colectivos siguen enfrentándose a barreras de acceso), su amplia cartera de servicios y su bajo nivel de copagos.
Otro detalle importante que destaca el trabajo es el crecimiento que experimenta en los últimos años la contratación por parte de la ciudadanía de los Seguros Voluntarios de Salud (SVS). En 2018, 8,4 millones de personas (el 18% de la población) estaban cubiertas por un SVS, sin incluir a los 1,8 millones de funcionarios que prefieren recibir servicios sanitarios de proveedores privados. La tenencia de SVS no se distribuye homogéneamente entre la población: mientras en el quintil más rico el porcentaje de los hogares que tiene contratado un seguro privado de salud llega al 40%, en el quintil más pobre es de aproximadamente el 10%. La percepción generalizada de que la atención sanitaria privada ofrece ventajas en cuanto a acceso más rápido en comparación al SNS, sobre todo teniendo en cuenta el aumento progresivo de las listas de espera pre-pandémicas, es uno de los principales factores del crecimiento de los SVS, lo que puede derivar en un debilitamiento de la sostenibilidad social del SNS.
En definitiva, políticas de cobertura amplias y el diseño de copagos inteligentes, de baja intensidad y con exoneración de los colectivos más vulnerables, son elementos clave para reducir las dificultades financieras que el pago de servicios sanitarios puede llegar a generar en los usuarios, favoreciendo que el sistema de salud se centre en aquellos que más protección requieren. Por ello hemos de saludar las iniciativas de ampliación de los colectivos a los que se exonera del copago y las partidas presupuestarias destinadas a mejorar la cobertura en atención bucodental. No obstante, también es necesario avanzar en otros ámbitos: sin duda, un factor crucial para reforzar la protección financiera de los hogares radica en combatir la pobreza.
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