Nuevos enfoques para la provisión de servicios sociales en Catalunya: el modelo del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC)

Roser Aguilar
Directora de Atención Social del CSC, raguilar@chc.cat
Oscar del Alamo
Director de Proyectos del CSC, oalamo@chc.cat

La aparición de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia (LAPAD) y de la nueva Ley de Servicios Sociales en Catalunya ha supuesto nuevas y grandes oportunidades en la provisión de servicios sociales para los ciudadanos, tanto en términos de cantidad como de calidad, aunque también implica afrontar una serie desafíos de primer orden. Especialmente, los obstáculos se encuentran en los aspectos vinculados a la implementación en la medida que, ante los cambios derivados del nuevo marco legislativo, se requiere una reestructuración del concepto de servicios sociales a través de nuevos parámetros de planificación y mediante nuevos instrumentos para la prestación. Es precisamente aquí dónde la administración local, sobre la que recae la responsabilidad de desplegar este nuevo sistema, tiene dificultades.                        

La misma Ley de Servicios Sociales ofrece ventanas de oportunidad para superarlas. Entre ellas, la posibilidad de diseñar e implementar nuevas formulas de gestión de la cartera de servicios sociales que permitan un uso más racional, efectivo y eficiente de los recursos. Dicha ley indica que los municipios, igual que otros entes locales, pueden ejercer competencias propias de la Administración de la Generalitat de Catalunya por vía de delegación, de encargo de gestión o de fórmulas de gestión conjunta, sin perjuicio de las competencias que las leyes les atribuyen.  En este sentido, existe la posibilidad de generar entes territoriales de gestión de carácter público que permiten la incorporación de herramientas organizativas, tanto para la gestión económica como para aquella más vinculada a los recursos humanos, que tradicionalmente habían sido propiamente empresariales. Esta opción permite no sólo la participación activa de los municipios en la gobernanza local sino también establecer un seguimiento preciso de la calidad de los servicios y del grado de satisfacción de sus ciudadanos cuando los reciben.   

Desde el Consorcio de Salud y de Atención Social de Catalunya (CSC), como entidad asociativa que reúne a entidades prestadoras de servicios de salud y sociales de carácter local, la figura de los consorcios de gestión territorial ha sido la fórmula que, desde hace tiempo, se ha promovido conjuntamente con las entidades que están asociadas. Este ha sido el modelo considerado más adecuado no sólo para lograr los hitos indicados en la ley sino también para aspirar a una mayor satisfacción por parte de la ciudadanía y a una sostenibilidad del coste de los servicios. A través de la figura de los consorcios, se facilita la coparticipación de los actores consorciados en el despliegue de los entes, municipales o supramunicipales, para la gestión de los servicios sociales y la incorporación de dicha gestión dentro una misma titularidad, la pública. Estos dos factores permiten lograr progresos que pueden valorarse desde perspectivas diferentes pero interrelacionadas:

1. Desde la perspectiva del usuario/ciudadano, se facilita la continuidad en la prestación de los servicios. Un hecho que, como resultado, permite que la oferta y la organización de la cartera de servicios se estructure de tal forma que el ciudadano pueda disfrutar de un desplazamiento transversal en el sistema y desarrollar un itinerario de servicios adecuado, adaptado y en consonancia a sus necesidades. Como fruto de esta tendencia, se puede apuntar no sólo a una mejor calidad técnica de los servicios recibidos (esfuerzo de coordinación entre las diferentes etapas del itinerario) sino también en un aumento de la calidad percibida (satisfacción de expectativas) por parte del usuario y en la detección, por parte de éste, del valor añadido que generan los cambios introducidos.

2. Desde la perspectiva de la institucionalidad local, los beneficios son evidentes en la medida que el gobierno municipal ejerce la plena competencia en la toma de decisiones,  supervisa integralmente el conjunto de servicios que se prestan y se dota de herramientas para calibrar su calidad. En conjunto, se puede obtener un nivel de monitoreo muy exhaustivo de todos los aspectos en los cuales el gobierno local quiera incidir, manteniendo la vocación y la titularidad pública de la prestación y gestión de los servicios.

3. Desde la experiencia del CSC, la oferta de servicios en forma de plataforma mejora planteamientos existentes y ofrece un gran conjunto de oportunidades en términos de alcance, calidad y eficiencia, en la medida en que: a) favorece la organización de los servicios de una forma articulada; b) ofrece a los usuarios (ciudadanos) una atención continuada e individualizada; c) les provee de los recursos que necesitan en cada momento para afrontar sus necesidades de atención social. De este modo: se evitan duplicidades y se incrementan las probabilidades de lograr la eficiencia en la prestación de los servicios desde un ámbito de proximidad hacia el ciudadano; se garantiza tanto la cobertura de la demanda como la flexibilidad en la prestación mediante una cartera de servicios que permite generar la atención al ciudadano en aquel punto del sistema que ofrezca un balance entre gasto y efectividad considerado como más adecuado.        

4. Finalmente, desde la perspectiva de los equipos técnicos responsables de los servicios sociales municipales y de los profesionales prescriptores de los servicios, se logra un total conocimiento, en tiempo real, de la dinámica de todo el circuito que genera la prescripción de un servicio: desde la puesta en marcha, el coste y el impacto sobre el presupuesto hasta el grado de satisfacción del destinatario final. Se trata, pues, que los equipos técnicos municipales dejen de ser un actor más dentro el sistema de la función pública para adquirir una implicación más significativa y decisoria en el entorno a la gestión de servicios y que esta función pueda convertirse en un instrumento propio del municipio.

Con estos elementos, el CSC apuesta por un modelo integral, descentralizado, transversal y con capacidad de adaptarse a las necesidades de los ciudadanos: integral en la medida que contempla la atención como un continuo asistencial; descentralizado en tanto permite la gestión de los recursos desde el territorio y garantiza la adaptación del modelo a la diversidad existente; transversal porque permite una gestión de los recursos suficientemente flexible capaz de ofrecer a las personas los servicios más adecuados, adaptarlos en función de su evolución, y con un coste sostenible.  

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