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La obesidad como problema económico
Ariadna García Prado Profesora de Economía Universidad Pública de Navarra Email: ariadna.garcia@unavarra.es
Más de 2.1 billones de personas en el mundo (casi el 30% de la población mundial) tienen exceso de peso o son obesas (WHO, 2018). Y es que la obesidad se ha convertido en una epidemia global, presente tanto en países ricos y pobres (60% de los obesos en el mundo viven en países en desarrollo) (Marie et al., 2014).
Un 39,3% de españoles sufren sobrepeso y el 21,6%, obesidad. En total, más de la mitad de la población (60,9%) entre 25 y 64 años. Los niños no salen mejor parados: un 41,3% de los niños españoles entre 6 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad (GBD2015SDG Collaborators, 2017).
La obesidad se concentra especialmente en las poblaciones de bajo ingreso. De hecho, en España, el porcentaje de niños con obesidad en familias con ingresos mayores o iguales a 30.000 euros brutos anuales es del 22,6%, frente a un 54,8% en las familias con ingresos por debajo de 18.000 euros brutos anuales (Ministerio de Sanidad, 2016). Y a nivel mundial, de los 42 millones de niños menores de cinco años que tienen sobrepeso, 35 millones (el 83%) viven en países de ingresos medios y bajos, según la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2016). El maridaje entre pobreza, exclusión y comida basura es letal. Además, en los países de ingresos medios y bajos, el consumo de bebidas azucaradas y comida procesada carente de los nutrientes necesarios ha ocasionado lo que se conoce como la doble carga de enfermedad: desnutrición y sobrepeso, que se presenta tanto a nivel individual (se puede tener obesidad con deficiencia de uno o varios minerales y vitaminas), familiar (por ejemplo, la madre tiene obesidad y anemia mientras el hijo tiene desnutrición crónica) y a nivel comunitario, regional o nacional (con prevalencia de desnutrición y obesidad en la misma comunidad, región o país).
La evidencia indica que el consumo regular y en grandes cantidades de productos no saludables no solo produce obesidad sino que está detrás de los nuevos casos de diabetes tipo 2 (Aranceta-Bartrina et al., 2016). Y el exceso de peso trae asociado además de diabetes, enfermedades cardiovasculares, osteoartritis y algunos tipos de cáncer. Pero la epidemia de obesidad no solo tiene implicaciones en cuanto a la salud de la población sino que también tiene altísimos costes económicos. En España, solo los casos de diabetes implican un coste de 19.908 millones de euros al año (alrededor del 2,5% del PIB), según un informe de la Fundación Mapfre de 2017 (Pinilla et al., 2017). Sin embargo, hasta la fecha, la obesidad se ha tratado como un problema de salud, y no como un problema económico en el que están implicados no solo el sistema de salud sino otros sectores relevantes como la industria, el sector agro-alimentario, los canales de venta y distribución, además del gobierno (educación, deporte, asuntos sociales, trabajo y hacienda) e incluso organismos supranacionales como la Unión Europea.
Para comenzar, los estantes de los supermercados están llenos de productos procesados con azúcar, grasas saturadas y sal; siempre a la vista, en los lugares más estratégicos, para que los consumidores los compren. Pero además están en las máquinas “vending”, en todos los lugares, incluidas instituciones educativas y hospitales. Y en los bares y cafeterías. Y en los anuncios de todos los medios de comunicación. Y lo peor es que, una vez se consumen, son productos adictivos que perpetúan el mal hábito alimenticio. Y encima son baratos. La mecanización de este sector y el abaratamiento de su mano de obra, ha permitido que comer de modo no saludable sea baratísimo. Por tanto, consumir frutas y verduras frescas no es la opción fácil. Si se comparan 1000 calorías de productos procesados frente a las mismas calorías de productos saludables (aquellos bajos en sal, grasas y azúcares añadidos y que aportan los nutrientes necesarios), la diferencia de precio es de más de 6 euros, según un estudio reciente de la Universidad de Cambridge. El mismo estudio indica que la evolución de los precios de los alimentos saludables ha crecido en 2,3 euros por cada 1000 calorías en los últimos diez años, frente a un incremento de 0,92 de los menos saludables (Jones et al., 2014).
La industria alimentaria ha invertido, además, en productos que dan la imagen de saludables (como los yogures bebibles para niños) pero que, sin embargo, están llenos de azúcar (Moss, 2013). Y por si fuera poco, la Unión Europea acaba de quitar las cuotas a la importación de la fructosa derivada del maíz, lo que facilitará la producción europea de alimentos edulcorados con este producto, que gracias a su textura líquida se emplea en la producción de múltiples alimentos en Estados Unidos y parece haber contribuido a la epidemia de obesidad en este país.
En los países en desarrollo, el problema se agudiza por la falta de disponibilidad de productos saludables que sean asequibles. Por ejemplo, datos del Banco Mundial indican que mientras en Estados Unidos los cereales infantiles fortificados cuestan 3,7 veces el precio del pan, en La India cuestan 11 veces más y en Nigeria hasta 30 veces más. En México, el litro de leche, cuesta 16 pesos, la botella de tres litros de Coca-Cola, 35 y la de refresco sin marca, 20 (Marcial Pérez, 2016). Y en Kenia, el precio del agua embotellada es bastante más alto que el precio de las bebidas gaseosas azucaradas, y, en consecuencia, muchas familias pobres que no tienen acceso a agua segura, solo toman bebidas azucaradas. Además, los productos más nutritivos y saludables no llegan fácilmente a los consumidores de países de bajo ingreso por problemas relacionados con la distribución y venta al por menor. Curiosamente, los productos procesados y menos saludables no solo son más baratos sino que superan los obstáculos de distribución y llegan a los puntos más remotos. Los consumidores de países de renta baja que viven en zonas urbanas compran la mayor parte de la comida que consumen en supermercados y de ella, un porcentaje alto es comida procesada (Popkin et al., 2012; Demmler et al., 2017). Pero el consumo de comida procesada no saludable ha aumentado también en las zonas rurales y pobres. Por ejemplo, en México las poblaciones indígenas rurales solían consumir productos del campo, pero debido a la fuerte expansión de la industria de bebidas azucaradas desde el año 2010, el consumo de estas bebidas ha aumentado dramáticamente en estas poblaciones al igual que la incidencia de diabetes en las mismas.
Ante estos datos…¿qué se puede hacer? La solución va más allá de las típicas acciones educativas y de fomento del ejercicio físico, aunque probablemente deberían promoverse de modo más activo y/o mediante métodos más innovadores para alcanzar resultados más efectivos, especialmente en una sociedad de adultos y niños cada vez más sedentarios. Tampoco se puede dejar en manos de la industria alimentaria, que si optase por reducir los productos menos saludables y adictivos no obtendría ningún beneficio directo. Se necesita por tanto la intervención del Gobierno. Éste puede optar por regular la industria alimentaria y/o tasar los productos poco saludables, para reducir su oferta y consumo. En el Reino Unido, la subida de los precios de las bebidas azucaradas será efectiva en Abril 2018. En México, los impuestos a las bebidas gaseosas azucaradas se pusieron en práctica en 2014, pero, aunque ha habido un descenso en su consumo, se cree que es necesario acompañar la medida de campañas educativas para que el descenso sea mayor. En España, el Ministerio de Sanidad acaba de presentar el Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas 2017-2020 (AECOSAN, 2018), con el objetivo de reducir en un 10% el contenido de sal, azúcar y grasas en más de 3500 productos de consumo habitual. Es un primer paso, pero no suficiente. Los expertos nutricionistas advierten que menos azúcares significan más edulcorantes y menos grasa saturada implica más aceite de girasol refinado. La reducción es además muy pequeña. En definitiva, no aborda el fondo del problema.
Alternativamente, el Gobierno puede optar por incentivar la oferta de productos más saludables: subsidiando a aquellas instituciones que opten por poner máquinas “vending” con contenidos saludables, y/o subsidiando las frutas y verduras de modo que su precio final se reduzca notablemente. La evidencia indica que una reducción de precios de un 30% es mucho más efectiva que una campaña educativa, y aumentaría el consumo de frutas y verduras en un 42% (Pearson-Stuttard et al., 2017). En España hay varios ejemplos de comunidades que han decidido vetar productos de las máquinas “vending” (Murcia vetó la bollería y los refrescos de las maquinas de venta de los hospitales en 2017) o aumentar la proporción de alimentos saludables en las mismas (El País Vasco ha propuesto recientemente un plan de iniciativas para una alimentación saludable en el que contempla que la mitad de los productos de las máquinas expendedoras tengan fruta y verdura).
Todas estas medidas gubernamentales también se pueden aplicar a los países de renta media o baja, aunque es cierto que la solución es más compleja por la falta de accesibilidad a alimentos saludables. Pero si Coca-Cola ha conseguido llegar hasta los lugares más remotos de los países más pobres del mundo, los distribuidores de alimentos saludables podrían imitar su estrategia y seguir sus canales de distribución. En Centroamérica, la distribución de suplementos nutricionales (micronutrientes) se ha hecho siguiendo los canales de distribución de Coca-Cola en esa región, lo que ha permitido llegar a las familias más remotas, rurales y pobres. Además, sería importante que los productores de comida saludable tomasen como ejemplo los tres factores que han contribuido a la ubicuidad de Coca-Cola alrededor del mundo y que Melinda Gates destaca en una estimulante charla TED que dio en 2012 (https://goo.gl/KLUo4Y): 1) un tipo de marketing que hace que el consumidor quiera y desee el producto, 2) utilización de datos en tiempo real para reaccionar a los cambios de demanda, y 3) búsqueda de talento a nivel local para estar cerca del cliente final.
Sin duda, merece la pena intentarlo.
Referencias
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) (2018). Plan de Colaboración para la mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y otras medidas 2017-2020. Madrid, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Aranceta-Bartrina J, C Pérez-Rodrigo, G Alberdi-Aresti, N Ramos-Carrera y S Lázaro-Masedo (2016). Prevalencia de obesidad general y obesidad abdominal en la población adulta española (25-64 años) 2014-2015: estudio ENPE. Revista Española de Cardiología, 69(6):579-587.
Demmler K, S Klasen, JM Nzuma, y M Qaim (2017). Supermarket purchases contributes to nutrition related Non-Communicable Diseases in urban Kenya. PLOS one, 12(9). Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185148.
GBD 2016 SDG Collaborators (2017). Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 390(10100):1423-1459.
Jones N, AI Conklin, M Suhrcke, P Monsivais (2014). The Growing Price Gap between More and Less Healthy Foods: Analysis of a Novel Longitudinal UK Dataset. PLOS One 9(10). Disponible en: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109343.
Marcial Pérez D (2016). Adicción a la Coca-Cola en el México indígena. El País, 6 Octubre de 2016 Disponible en: https://elpais.com/internacional/2016/10/05/mexico/1475622999_083399.html.
Marie NG et al (The GBD 2013 Obesity Collaboration) (2014). Global, regional and national prevalence of overweight and obesity in children and adults 1980-2013: A systematic analysis. The Lancet, 30(9945):766-781.
Ministerio de Sanidad (2016). Estudio ALADINO 2015: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España 2015. Madrid, Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Moss M (2013). The Extraordinary Science of Addictive Junk Food. The New York Times Magazine. Disponible en: https://nyti.ms/11TOoSR.
Pearson-Stuttard J, P Bandosz, CD Rehm, A Afshin, J Peñalvo, L Whitsel, G Danaei, R Micha, T Gaziano, F Lloyd-Williams (2017). Comparing effectiveness of mass media campaigns with Price reductions targeting fruit and vegetable intake on US cardiovascular disease mortality and race disparities. The American Journal of Clinical Nutrition, 106(1):199-206.
Pinilla J, P Barber, y B González López-Valcárcel (2017). El coste de la enfermedad potencialmente prevenible en España. Madrid, Fundación MAPFRE.
Popkin BM, LS Adair, and Nq. Shu Weng (2012). Now and then: The global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. Nutrition Review, 70(1):3-21.
World Health Organization (2016). WHO urges global action to curtail consumption and health impacts of sugary drinks. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/curtail-sugary-drinks/en/
World Health Organization (2018). Obesity and overweight. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ Deja tu opinión:
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