Economía y salud
BOLETÍN INFORMATIVO - Año 2012. Julio. nº 74
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Reflexiones y Algunas Lecciones en la Mesa-Debate “Evaluación Económica en el Contexto de la Crisis Económica”.




Organizada por el Grupo de Interés en Evaluación Económica de AES.

Araceli Caro Martínez, Leticia García Mochón
Coordinadoras del Grupo AES de Evaluación Económica,
Escuela Andaluza de Salud Pública
Emails: araceli.caro.easp@juntadeandalucia.es, leticia.garcia.easp@juntadeandalucia.es


La Mesa Debate, celebrada en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), el día 23 de Marzo, y organizada por el Grupo de Interés en Evaluación Económica de AES, fue presentada por Araceli Caro, co-coordinadora del Grupo, y contó con la intervención de Juan Cabasés Hita, Catedrático de Economía Aplicada en Universidad Pública de Navarra, Joan Rovira Forns, Profesor Emérito de la Universidad de Barcelona y Profesor Asociado de la EASP, Miguel Ángel Calleja Hernández, UGC Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de las Nieves y Jaime Espín Balbino, Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada.

Según Jaime Espín, que nuestro país vaya a incorporar con cierto retraso la evaluación económica como criterio para la fijación del precio y reembolso de medicamentos, nos concede, al menos, la ventaja de poder aprender e incorporar lecciones procedentes de experiencias internacionales (satisfactorias o no). La primera sería, sin duda, la transparencia, y ejemplo de ello es el NICE: cómo es el procedimiento, quienes intervienen en el mismo y cual el resultado.

Otra lección tiene mucho que ver con el efecto que las evaluaciones de estos organismos producen en la prescripción e indicación de los profesionales sanitarios: cuando el NICE se pronuncia positivamente a favor de un medicamento (o tecnología), su prescripción aumenta notablemente debido a que se entiende que es eficiente para el sistema sanitario público (su prescripción antes de la decisión del NICE es posible, aunque es bastante cautelosa a la espera de la decisión de ésta). No obstante, la evaluación económica es, ante todo, una herramienta, no un criterio sine qua non por el que se decide o no su inclusión para la financiación pública. Las excepciones en medicamentos huérfanos o en otros casos particulares, ponen de relieve que el criterio coste-efectividad ha sido y es uno más a incorporar en el balance final, detrás de otros factores humanos y solidarios.

En definitiva, la evaluación económica debe ser capaz de ofrecer herramientas e instrumentos que permitan hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, y reducir, en opinión de Joan Rovira, la brecha entre la capacidad técnica de los agentes que realizan evaluación económica y su utilización práctica. El Real Decreto Ley 9/2011, con el objeto de reforzar la racionalidad de las decisiones, propone que la Comisión Interministerial de precios de medicamentos tenga en consideración los informes de evaluación que elabore la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos  y Productos Sanitarios) , así como los informes que pueda elaborar el Comité de Coste–Efectividad de los medicamentos y productos sanitarios. No obstante, son muchos los escépticos sobre esta propuesta, su puesta en marcha y alcance; de hecho, no es una iniciativa novedosa y carece de la concreción necesaria como para convencer de que resulte en un modelo transparente y con un impacto real. La terminología y expresiones utilizadas en su redacción, en opinión de Joan Rovira, adolecen de ambigüedad y son poco esperanzadores o endogámicos (“tomará en consideración”,  “los informes que pueda elaborar”, “uno de los criterios tenidos en cuenta… será su relación coste-efectividad”, “presidido por el director general de farmacia”, “integrado por expertos designados por el Consejo Interterritorial”, etc.). La creación de un Comité de esta naturaleza debe incorporar elementos y participación técnica, al margen de que estuvieran representadas las CCAA, formalizando su carácter independiente y transparente.

Así, el Grupo de Interés en Evaluación Económica, persigue estandarizar la metodología empleada, al margen de las preferencias del analista. En esta línea viene trabajando Juan Cabasés que, junto con el grupo Euroqol, ha creado una nueva versión, el EQ-5d-5l (5 dimensiones y 5 niveles) que ha supuesto la medición de preferencias subjetivas de 3.125 estados de salud con técnicas de medida más sofisticadas. La colaboración de 8 países en el desarrollo de un conjunto de valores para esos nuevos estados de salud y 400 individuos en su pilotaje, ha producido ya un QALY (quality-adjusted life year) piloto y una estructura metodológica para España y Canadá que, en noviembre, espera tener el valor de los coeficientes. Su utilización en la Encuesta Nacional de Salud permitirá tener 22.000 respuestas para toda la población española, lo que implicará disponer de una norma poblacional.

La aplicabilidad de la evaluación económica en un servicio de farmacia hospitalaria es, para Miguel Ángel Calleja, potencialmente útil en la función asesora que presta a las comisiones de uso racional del medicamento (indicación, eficacia, seguridad y adecuación y coste).

En el ámbito tecnológico, la preparación de la medicación, en su forma farmacéutica más adecuada, o la alternativa terapéutica equivalente, llevan consigo una estrategia de ahorro importante, sobre todo en patentes expiradas y con formas/dosis no comercializadas,  siendo el servicio de farmacia un potente instrumento de negociación para la dirección gerencia y dirección económica.

El proceso continuo y multidisciplinar de selección medicamento en el que se evalúa su eficacia, seguridad y calidad, realizada por la Agencia Europea y Española del Medicamento, la Comisión de Armonización, a nivel autonómico y, finalmente, en el centro, tiene, en opinión de Miguel Ángel Calleja, margen de mejora en distintos ámbitos. Por un lado, no incorpora la evaluación económica del mismo y, por otro, los dispares resultados que obtiene ponen de manifiesto que la metodología empleada es también revisable. Así, y según informa Génesis, el 25,5% de los hospitales no vuelven a evaluar el medicamento ante una nueva indicación, el 41,5% sólo lo hace en algunos casos y, finalmente, en 1 de cada 5 la evaluación obtiene resultados contrarios a la mayoría.

Un hecho que, además, convive con una financiación “selectiva” del medicamento en España que alcanza el 97% de los medicamentos que lo solicitan, frente a otros países de nuestro entorno (Dinamarca e Italia, con porcentajes que no superan el 45%). Así, la evaluación de medicamentos con alto impacto clínico, social o económico, realizada por las comisiones de farmacia, podría avanzar, sin duda, en incorporar la evaluación del coste-beneficio o coste-utilidad del medicamento, así como en homogeneizar la metodología de la evaluación económica.


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Editores del boletín: Ignacio Abásolo Alessón (iabasolo@ull.es) y Cristina Hernández Quevedo (C.Hernandez-Quevedo@lse.ac.uk)

Editora de redacción: Ana Tur Prats

Comité de redacción:
José Mª Abellán Perpiñán, Carlos Campillo, Pilar García Gómez, Manuel García
Goñi, Ariadna García Prado, Miguel Angel Negrín, Vicente Ortún.

En este número han intervenido: David Cantarero Prieto, Araceli Caro Martínez, Rula Fiuza Pérez, Sandra García Armesto, Pilar García Gómez, Manuel García Goñi, Leticia García Mochón, Francisco Hernansanz Iglesias, Iván Moreno Torres, Roberto Nuño Solinís, Gaspar Tamborero Cao y Rosa Urbanos.