Una Agencia Europea de Salud Pública para afrontar los efectos de ‘males públicos globales’

La crisis del Covid-19 no es solo la crisis de salud más importante que han sufrido los países industrializados en el último siglo, sino que también aquella que todo apunta tendrá mayores consecuencias para la economía mundial,  si bien solo ahora empiezan a cuantificarse. La crisis ilustra en forma de fatalidades, que si bien la globalización puede proporcionar beneficios a través del libre comercio y la movilidad, también conlleva riesgos para la salud. La sanidad se sitúa por primera vez en un siglo en el epicentro de debate de la economía, la política, y en general del debate público.

Aunque las consecuencias exactas de la crisis aún no se han determinado, ya se sospecha que, incluso en el mejor de los casos, supondrán un cambio de paradigma en casi todos los sectores, y ​​tal vez el punto de inflexión que se necesita desesperadamente para abordar los desafíos de la globalización de una vez por todas.

En esta entrada argumentamos que la lección clave de esta crisis debería ser que la colaboración y la acción colectiva requeridas en Europa para enfrentar estos desafíos no pueden lograrse sin transferir poderes a una autoridad europea de salud pública.

Heterogeneidad de las respuestas

La forma en que se organizan los sistemas de respuesta ante desafíos de  salud pública (males públicos globales) en Europa no ha respondido a las necesidades del país, sino más bien las diferencias de talante de sus élites nacionales.

Alemania ha logrado mantener bajas las tasas de mortalidad con pruebas intensas, pero otros países europeos han reaccionado mucho más lentamente, mientras que algunos gobiernos parecen haber sido menos abiertos sobre la situación a la que se enfrentaban y solo reaccionaron cuando el virus estaba en su puerta. Algunos países, como Austria y Polonia, han demostrado instintos nacionalistas en sus respuestas al cerrar sus fronteras. Mientras tanto, en España, el enfoque ha incluido la centralización de las responsabilidades de atención médica después de la declaración del estado de alerta, a pesar de que la experiencia relevante se encuentra a nivel regional. Paradójicamente, algunas regiones desde posiciones casi opuestas del espacio político, demandan medidas más estrictas de protección. Francia siguió el ejemplo de España, y ha llevado al cuestionamiento de su gobierno.

En Italia, las regiones de Véneto y Lombardía fueron las primeras en establecer una cuarentena e instaron a los lugareños a quedarse en casa. En Lombardía, las autoridades sanitarias locales establecieron fuertes medidas de contención en el grupo inicial al poner en cuarentena a varias ciudades en un intento por frenar la transmisión del virus. En Alemania, los estados han tomado la delantera en la lucha contra el virus, mientras que en el Reino Unido, Gales y Escocia han actuado primero al anunciar medidas de política como el cierre de escuelas que luego fueron seguidas por todo el país, a las que después se ha seguido con un cierre y confinamiento, si bien determinando por cada nación del Reino Unido de una forma diferente, siempre de forma mas estricta por Escocia y Gales.

Si bien se ha producido diferencias en cuanto a las medidas, la respuesta a los males públicos globales como el Covid-19 requiere de cooperación y  confianza en las instituciones existentes.

El papel casi inexistente de la Unión Europea

La salud pública se introdujo por primera vez como un área expresa de competencia de la Unión Europea (UE) mediante el Tratado de Maastricht y la regulación del mercado interno constituye una restricción importante para los servicios de salud. La gobernanza sanitaria europea es un sistema multinivel muy similar al de otras federaciones. Según el artículo 3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la Comunidad Europea contribuirá a un «alto nivel de protección de la salud». Aunque el derecho a la atención médica es un «derecho positivo», el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo ha considerado como un «derecho negativo» vinculado con el principio de libertad y no discriminación.

Sin embargo, Europa reaccionó a la crisis del Covid-19 bastante tarde. Solo en la segunda semana de marzo, la Presidenta de la Comisión Europea propuso que todos los viajes no esenciales a la UE se suspendieran por 30 días. Junto con el fracaso de Europa en la gestión de la crisis migratoria, se puede argumentar que ahora existe una necesidad desesperada de reformar las instituciones de la UE para permitirles tomar un control más efectivo sobre las crisis mundiales en áreas donde las reacciones nacionales se ven afectadas por problemas de acción colectiva (es decir, los países solo reaccionan cuando se enfrentan a un coste inmediato para ellos mismos).

Una autoridad europea como respuesta a ‘males de salud globales’

Hoy, la ciudadanía europea se define tanto por una tarjeta sanitaria europea común como por un pasaporte europeo. Sin embargo, el papel europeo en la gestión de las crisis de salud ha seguido siendo modesto. La crisis del Covid-19 destaca que la salud pública (la gestión de los riesgos públicos mundiales) es un área donde la UE debería ser más proactiva. Dadas las políticas nacionalistas e incluso egoístas implementadas por varios estados miembros, la creación de una autoridad de salud pública a nivel europeo ahora debe verse como un asunto urgente para considerar como parte de reformas más amplias. Ser europeo debería implicar tener una ciudadanía sanitaria europea.

La ayuda brindada por el estado alemán de Baden-Wuerttemberg a pacientes en la región francesa de Alsacia es ilustrativa del hecho de que las crisis de salud como la del Covid-19 son de naturaleza global y requieren la colaboración para ser erradicadas. Sin embargo, esta colaboración se enfrenta al interés individual de los estados: en el caso de Baden-Wuerttemberg, Alsacia sería un estado limítrofe, lo que indica que la acción estaba guiada por un interés propio. Esta constante persecución del interés propio en asuntos de salud pública es lo que en economía política se conoce como problema de acción colectiva. Una solución a los problemas de acción colectiva consiste en institucionalizar la cooperación vía la transferencia de las competencias en materia de salud pública a una agencia europea. Ello debe ir acompañado del reconocimiento de las ventajas de los sistemas sanitarios nacionales y regionales en la implementación y adaptación de las medidas a sus respectivos países.  Las crisis como la del Covid-19 afectan a Europa de una manera diferente al resto del mundo, ya que el marco institucional de los sistemas sanitarios es único, así como su capacidad de respuesta. Dado que estas crisis serán cada vez más frecuentes, se pueden presentar como un caso claro para una autoridad que pueda garantizar soluciones de políticas cooperativas en todos los estados miembros. Si todos los países europeos hubieran implementado la misma respuesta política que alegó Alemania, Europa probablemente tendría muchas menos muertes. Aunque existe una evidencia abundante de que la prestación de servicios de salud es más eficiente cuando está descentralizada (dado que las preferencias y las necesidades son heterogéneas), la gestión de los males globales debe abordarse centralmente al nivel más alto posible, es decir, las instituciones de la UE. Deberíamos recordar esta lección durante la próxima pandemia.

Conclusión 

La crisis de Covid-19 ilustra que la globalización conlleva riesgos para la salud y que el diseño institucional de los sistemas de salud pública no es adecuado para la escala de una pandemia. La ineficiencia de las políticas implementadas por los diferentes estados miembros de la UE ante males públicos globales podría solucionarse con una autoridad de salud pública en toda Europa. Una autoridad de este tipo daría un valor adicional a la pertenencia a la UE en tiempos de Brexit, donde ser Europeo conlleva una «ciudadanía sanitaria» europea, así como la existencia de una Agencia Europea de Salud Pública con plenas competencias.

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